e-Consulta
Quieren silenciarme y acabar con e-Consulta, acusa el periodista Rodolfo Ruiz
Ruiz consideró que lo que pretende el gobierno de Armenta es que estos casos de corrupción en su gobierno no se difundan y prevalezca la imagen de una “Puebla feliz y amorosa”.PUEBLA, Pue., (apro).- Al asegurar que el proceso penal en su contra no tiene sustento jurídico y más bien se deriva de una “consigna política”, el periodista Rodolfo Ruiz acusó que el objetivo es silenciarlo y acabar con el portal de noticias e-Consulta, el cual ha documentado casos de corrupción del actual y de anteriores gobiernos estatales.
Entrevistado al salir de la audiencia en la que se le imputaron cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, Ruíz sostuvo que el juicio que se ha iniciado en su contra es “absurdo” y que es claro que existe una consigna y, hasta prisa, para vincularlo a proceso.
“Es un caso político", expresó, "es una consigna política. Yo creo que esa es la amenaza: me van a vincular a proceso con la intención de que, te portas mal, te vamos a chingar, cambiando la medida cautelar, para que lleves tu proceso en prisión”.
Consideró que esta embestida judicial podría deberse a las publicaciones que hizo tanto en su columna La Corte de los Milagros, como en el portal de noticias, sobre la llegada de funcionarios a la Fiscalía General del Estado, que habían sido corridos en el Estado de México y que al llegar a Puebla fueron acusados de extorsionar a más de 30 empresarios.
Los titulares de las fiscalías de Investigación de Delitos con Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita y de la especializada en Delitos de Alta Incidencia fueron destituidos y tanto la Fiscalía General de la República como un juez pidieron que se investigara esta “red de negocios” que operaba desde la FGEP.
Pero, además, añadió que el gobernador Alejandro Armenta Mier no es ajeno este proceso en su contra.
Señaló que el gobierno estatal ya ha hecho “de todo” para tratar de llevar al cierre de e-consulta, como cancelar convenios publicitarios, no sólo de todas las dependencias estatales, sino con la Universidad Autónoma de Puebla y de los Ayuntamientos, a cuyos alcaldes ha amenazado con sus cuentas públicas, si tienen acuerdos publicitarios con ese portal de noticias.
Además, afirmó que ha prohibido a sus funcionarios de todos los niveles dar entrevistas a los reporteros de ese medio, y hasta han tratado de “desmantelar la redacción”, llevándose a los reporteros a otros medios.
Pese a esto, recordó que e-Consulta ha publicado temas relevantes como las irregularidades que ha cometido el gobierno de Armenta en licitaciones públicas, o las violaciones a derechos humanos y graves irregularidades con las que opera el hospital psiquiátrico de esta capital.
Igual, e-Consulta expuso el caso de Nódica, la plataforma que estaba usando el gobierno estatal para monitorear que burócratas estatales den likes o hagan comentarios positivos en las publicaciones del gobernador Armenta, de las dependencias y funcionarios de su administración.
“Por todos los instrumentos que han buscado acabar o cerrar con e-Consulta, silenciar mi voz, silenciar la voz del periódico y no han podido”, recalcó.
Ruiz consideró que lo que pretende el gobierno de Armenta es que estos casos de corrupción en su gobierno no se difundan y prevalezca la imagen de una “Puebla feliz y amorosa”.
No obstante, agregó que como el propio mandatario lo dijo, él es un “guerrero”. “Voy a seguir combatiendo y voy a seguir denunciando estas irregularidades y estas arbitrariedades. Esto que están haciendo conmigo es injusto”.
Las acusaciones
Ruiz reveló que la denuncia fue interpuesta en su contra en nombre de “la sociedad” por el abogado Jorge Madariaga Granados, quien es hermano de Florencio de los mismos apellidos, quien llegó a Puebla en el gobierno de Miguel Barbosa Huerta y fue acusado junto a otros funcionarios de la Fiscalía procedentes de Chiapas de extorsionar a empresarios poblanos.
Los abogados que llevaban la defensa de Ruiz renunciaron, por lo que en la audiencia de este miércoles lo representó una nueva abogada que no ha tenido acceso a la carpeta de investigación completa -de siete tomos y cinco discos- que presentó la Fiscalía General del Estado luego de que las copias que les entregaron estaban incompletas o con errores.
En la entrevista, el periodista aseguró que sus abogados renunciaron porque se sintieron “intimidados” por la actuación del juez que evidenciaba que había “consigna” para acelerar la vinculación a proceso.
Añadió que aunque la nueva defensa pidió que la audiencia no se llevara a cabo pues necesitaba de tiempo para conocer el expediente, el juez rechazó esta solicitud e incluso amenazó con asignarle un abogado de oficio.
El periodista contó que el juez justificó que si había errores en la copia de la carpeta de investigación que ese le entregó a su defensa, no era culpa de la Fiscalía, sino de la fotocopiadora.
Las acusaciones se refieren al acuerdo que hizo con un abogado de pagar 4 millones de pesos por representarlo en 28 demandas civiles que presentaron en su contra y de e-Consulta, personajes ligados al gobierno de Barbosa Huerta, y, según Ruiz, son “puras presunciones”.
“Presumen que le pagué a mi abogado los honorarios que se pactaron. Presume, porque no demuestran absolutamente nada, que le pagué en efectivo. Y lo más grave, presumen que ese efectivo procede de recursos de procedencia ilícita. ¿Así o más descarado el tema? Entonces, presumen que hay una inconsistencia entre los ingresos y los egresos del periódico”, agregó.
Incluso, indicó que su abogado Raúl Hernández Argüelles, ya acudió a aclarar ante el juez cuánto fue la cantidad de dinero que se le pagó -que no fueron los 4 millones que estaban pactados hasta concluir los procesos- y mostró que su despacho emitió facturas y que los pagos se hicieron a través de transferencias bancarias.
El periodista mencionó que, aunque pidieron 15 días para que su nueva abogada pudiera conocer la carpeta y preparar su defensa, el juez fijó la audiencia de vinculación para el 23 de diciembre, pese a que estas son fechas vacacionales del poder judicial y de la fiscalía.
Como medidas cautelares, el juez le impuso a Ruiz la firma mensual ante el juzgado y la prohibición para que salga del país.