CUERNAVACA (apro).- Las y los diputados del Congreso de Morelos aprobaron la extinción del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) para dar paso a la creación de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, dependencia que concentrará las funciones de acceso a la información pública y rendición de cuentas.

La decisión fue cuestionada por diputadas de oposición, activistas y periodistas, quienes advirtieron un retroceso institucional y riesgos para la transparencia y la vigilancia del poder.

La iniciativa de reforma fue enviada por el Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora Margarita González Saravia, y contempla la derogación del artículo 23-A de la Constitución local, así como modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal, como parte de una reconfiguración institucional en materia de transparencia.

El dictamen fue aprobado con 14 votos a favor, emitidos por la mayoría de Morena y las bancadas del Partido Verde Ecologista, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano —este último acompañó la iniciativa al considerarla un mandato constitucional—; cuatro votos en contra, correspondientes a una diputada y dos diputados del Partido Acción Nacional y una legisladora del PRI, así como dos abstenciones, una de Morena y otra del PAN, debido a que no se encontraban en el recinto al momento de la votación.

En el documento aprobado se establece que el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales se mantienen vigentes; sin embargo, su garantía quedará a cargo de instancias del ámbito gubernamental, a través de la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, adscrita al Poder Ejecutivo.

Durante la discusión en el pleno, legisladoras expresaron su rechazo a la desaparición del organismo autónomo y advirtieron que trasladar sus atribuciones a una dependencia del Ejecutivo puede afectar la imparcialidad y debilitar los contrapesos institucionales.

Una de las posturas más críticas fue la de la diputada panista Andrea Gordillo, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, quien consideró que la desaparición del IMIPE representa un retroceso para los derechos ciudadanos. Afirmó que el órgano de transparencia no es un lujo ni una carga administrativa, sino una garantía constitucional.

“No estamos discutiendo solo una reforma administrativa, estamos decidiendo si Morelos avanza o retrocede en la defensa del derecho a saber”, expresó. Advirtió que concentrar las funciones de transparencia en el Poder Ejecutivo rompe el principio de imparcialidad, debilita la democracia y envía un mensaje negativo en un estado marcado por la corrupción y la desconfianza institucional. Subrayó que eliminar el órgano no implica ahorro, sino “oscurecer” el ejercicio del poder.

En tanto, la diputada de Movimiento Ciudadano, Luz Dary Quevedo Maldonado, respaldó el dictamen únicamente por obligación constitucional, sin avalar la reforma federal. Señaló que, si bien la homologación evita vacíos legales, la desaparición de órganos autónomos debilita la transparencia y los contrapesos. “No combate la corrupción, la centraliza”, afirmó, y anunció vigilancia permanente sobre el funcionamiento de la nueva Secretaría Anticorrupción.

Desde la mayoría legislativa, el presidente de la Mesa Directiva, el diputado morenista Isaac Pimentel Mejía, defendió la reforma al señalar que se trata de una armonización constitucional alineada al nuevo marco federal y sostuvo que la transparencia no desaparece con el nuevo esquema institucional.

En la misma línea, el diputado Rafael Reyes Reyes, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, afirmó que la reforma forma parte del cambio de régimen iniciado en 2018 y sostuvo que la transparencia no depende de un órgano autónomo, sino de la voluntad de los servidores públicos para rendir cuentas. Negó que la extinción del IMIPE represente un retroceso.

“La transparencia no la da un organismo, la da la voluntad de quienes ejercen el servicio público para rendir cuentas a la ciudadanía”, expresó.

Tras la aprobación, la gobernadora Margarita González Saravia reconoció públicamente, a través de sus redes sociales, a las y los diputados que respaldaron la iniciativa enviada por el Ejecutivo y reiteró que la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno será responsable de garantizar el acceso a la información pública y fortalecer la rendición de cuentas en Morelos.

Especialistas y periodistas advierten debilitamiento de la transparencia

La extinción del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) generó preocupación entre especialistas, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, quienes alertaron que la desaparición de un órgano autónomo puede debilitar los mecanismos de vigilancia, acceso a la información y rendición de cuentas en el estado.

Roberto Salinas, especialista en transparencia e integrante del Centro de Investigación Rinde Cuentas, señaló que con esta decisión “se cierra la oportunidad de tener realmente una independencia en la observación y en la obligación de que las instituciones públicas sean transparentes”. Consideró que, en lugar de desaparecer el organismo, debió fortalecerse para garantizar una supervisión apartada del gobierno central.

Advirtió que la concentración de las funciones de transparencia en una dependencia del propio Ejecutivo complica el acceso a la información pública, especialmente en áreas con altos niveles de opacidad. “Seguimos teniendo instituciones sumamente opacas, como los servicios de salud, que ni en la administración pasada ni en la actual han transparentado cómo ejercen los recursos públicos”, afirmó.

Salinas recordó que desde la sociedad civil se presentaron propuestas para crear un nuevo organismo con autonomía y mayor participación ciudadana; sin embargo, dijo que persiste incertidumbre sobre el rumbo que tomará la nueva estructura adscrita a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

No obstante, reconoció acciones recientes de la Contraloría estatal, como la apertura de las declaraciones patrimoniales de funcionarios de la actual y la pasada administración. “Permanecían cerradas desde hace seis años y se decidió hacerlas públicas”, señaló, al expresar que se espera que estas medidas se traduzcan en una política sostenida de transparencia y rendición de cuentas.

Por su parte, Jesús Castillo García, periodista, asiduo usuario de la Ley de Acceso a la Información Pública en Morelos como herramienta para la elaboración de reportajes de investigación, y exrepresentante en la entidad de México Infórmate, advirtió que la extinción del IMIPE y el traslado de sus funciones a una secretaría del Poder Ejecutivo implican un retroceso en el derecho de acceso a la información pública.

Señaló que, aunque el instituto “nunca fue un baluarte de la transparencia” y durante años funcionó como “una agencia de colocaciones de partidos políticos”, su desaparición elimina un contrapeso institucional y deja al gobierno en una posición de juez y parte.

Castillo García sostuvo que la decisión no responde a criterios técnicos ni a evaluaciones sustentadas en datos, sino a una lógica política de concentración del poder.

Como antecedente, citó el modelo federal, donde “el 99 por ciento de las solicitudes de información pública que llegan a la Secretaría de ‘Transparencia para el Pueblo’ son declaradas improcedentes”, además de que información sensible ha sido clasificada por periodos de cinco y hasta 10 años. “Las estadísticas lo demuestran”, subrayó.

Recordó que el acceso a la información pública es un derecho humano reconocido en el artículo sexto de la Constitución y en tratados internacionales, por lo que su tutela debe recaer en órganos autónomos, especializados e independientes. “No es una dádiva del gobierno en turno”, señaló.

Advirtió que colocar la transparencia bajo control directo del Ejecutivo implica que el gobierno se supervise a sí mismo. “Significa que quien administra recursos públicos, celebra contratos y toma decisiones de impacto social sea también quien determine qué información se entrega, cuál se clasifica y cuál se oculta”, expresó.

Finalmente, destacó que el periodismo de investigación ha documentado casos de corrupción mediante solicitudes de información pública, pese a los obstáculos impuestos por los sujetos obligados; sin embargo, lamentó que, en lugar de fortalecer estos mecanismos, se haya optado por desaparecer a los órganos garantes.