GUADALAJARA, Jal., (apro) .- La comunidad Indígena Autónoma Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, asentada en Villa Guerrero Jalisco, denunció el despojo con violencia de terrenos comunales que están en litigio agrario, por parte de presuntos policías investigadores de la Fiscalía de Jalisco, desde el pasado 4 de noviembre. 

Estos actos de violencia ocurren en el marco de la lucha por el reconocimiento legal de la propiedad de 39 mil hectáreas en posesión de 119 comuneros, quienes tienen un título virreinal y están llevando los trámites de reconocimiento y titulación ante el Tribunal Agrario 16. 

La abogada de la comunidad, Quetzal Prado relató que el incidente se produjo cuando supuestos agentes de la Fiscalía Estatal, adscritos al municipio de Villa Guerrero, se presentaron en los predios comunales, exigiendo a los comuneros que abandonaran las tierras y robándoles materiales de construcción.  

“El pasado 4 de noviembre llegaron personas, bueno, policías investigadores de la Fiscalía de ahí de Villa Guerrero, señalándoles a algunos de los comuneros que querían que salieran de los predios, que no se volvieran a meter y les quitaron materiales con los que estaban construyendo, en favor de personas que se quieran apropiar de terrenos comunales”. denunció la abogada. 

La abogada Prado enfatizó que la Fiscalía, como autoridad encargada de investigar delitos, no tiene competencia para intervenir en disputas sobre la propiedad de la tierra. 

Los comuneros afectados afirman que los agresores llegaron a predios como El Sabino Quemado, se presentaron como policías investigadores y no se identificaron debidamente al momento de los hechos.  

Sin embargo, tras el incidente, al acudir a la oficina de la Fiscalía que está en Villa Guerrero, los responsables les confirmaron que el personal actuante pertenecía a dicha institución. 

 "No se identificaron, ni presentaron sus gafetes ni nada, pero después de los hechos, después del 4 de noviembre, los compañeros fueron ahí a la Fiscalía a hablar con la de Villa Guerrero y sí les comentó que había sido su gente. Llegaron armados y llegaron insultándolos, amenazándolos y diciéndole pues que las otras personas ya les habían acreditado que eran los propietarios y que no los querían ver ahí o se los iban a llevar detenidos o que les iban a hacer algunas otras cosas que vienen ahí en los comunicados, pero sí, con una serie de groserías buscando intimidar a los comuneros", relató la representante legal. 

La abogada señala que estas acciones buscan favorecer a un particular, identificado como Refugio Raygoza, quien, según la comunidad, intenta ampliar su posesión ilegal más allá de lo que le había sido permitido. 

"Esta persona se llama Refugio Raigosa, él tiene una posesión que la comunidad le había estado respetando, pero lo que quiere hacer ahorita es ampliar esa posesión, sacar a los comuneros que han estado sembrando en el terreno que es colindante al que la comunidad le había respetado y más bien crecer lo que él tiene", anotó Quetzal. 

La comunidad de San Lorenzo Azqueltán se encuentra inmersa en un proceso de reconocimiento y titulación de sus tierras ante el Tribunal Agrario 16, un juicio que inició en 2015 y que involucra una superficie de 39 mil hectáreas. Si bien el título virreinal de la comunidad amparaba 94 mil hectáreas, el trámite actual se centra en la superficie que tienen en posesión. 

Los comuneros, que suman 119 cabezas de familia en el trámite, denuncian que los hombres que los sacaron con violencia llegaron armados, insultándolos y amenazándolos con detenciones si no abandonaban los predios.  

En uno de los predios, conocido como La Cueva de la Mosca, les retiraron materiales con los que estaban construyendo un pozo, lo que la comunidad considera un robo. 

Ante esta situación, la comunidad exige una mesa de diálogo con el fiscal del estado de Jalisco, Salvador González de los Santos, para esclarecer los hechos y detener lo que consideran una actuación irregular por autodenominados integrantes o agentes de la Fiscalía de Jalisco.  

Los habitantes señalan que múltiples carpetas de investigación han sido abiertas sin sustento, lo que ha generado desgaste comunitario y, afirman, ha derivado en protección para actores locales que buscan apropiarse de su territorio. 

La comunidad sostiene que varios de sus integrantes han sido acusados injustamente de delitos “inventados” y que algunos han sido encarcelados, mientras —según su denuncia— los actos violentos y amenazas recibidos por autoridades, caciques o particulares no han sido investigados con la misma diligencia.  

“Cuando el reclamo viene del pueblo, no hay justicia, pero cuando la mentira viene del que pretende quedarse con lo que es nuestro, se castiga la dignidad y se premia la ambición”, expresan. 

La abogada Quetzal Prado advierte sobre el riesgo de criminalización para los comuneros, ya que la fiscalía y la policía investigadora podrían utilizar su poder para hostigarlos y llevarlos a prisión. 

La comunidad expone que presentarán una denuncia ante la Fiscalía del Estado y una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) hasta que exista un diálogo directo con el titular de la fiscalía.  

El ayuntamiento de Villa Guerrero, por su parte, indicaron se ha mantenido al margen de los acontecimientos recientes. 

La comunidad de San Lorenzo Azqueltán ha manifestado su firme decisión de seguir manteniendo su posesión y defender su territorio. 

Los hechos también fueron expuestos en un comunicado respaldo por el Congreso Nacional Indígena (CNI), en el que la Comunidad Indígena Autónoma Tepehuana y Wixárika, San Lorenzo de Azqueltán expuso las siguientes demandas: 

Exigencias de la comunidad 

• La intervención directa del fiscal del estado de Jalisco, Salvador González de Los Santos para investigar los hechos recientes, frenar la impunidad y sancionar a los responsables. 
• La devolución inmediata de materiales y herramientas que aseguran fueron sustraídos durante diversos ataques. 
• La suspensión y sanción de actos que consideren orientados al despojo de bienes comunales, presuntamente en complicidad con integrantes de la Fiscalía de Jalisco asignados a Villa Guerrero. 
• Que la Fiscalía de Jalisco se abstenga de intervenir en asuntos relacionados con la determinación de derechos territoriales, al considerar que no es de su competencia. 
• El cese de amenazas, hostigamientos y despojo, así como transparencia en las carpetas de investigación vinculadas con agresiones contra la comunidad. 
• Respeto pleno a la autonomía y libre determinación del pueblo indígena. 
• Garantías legales para el reconocimiento de sus bienes comunales, conforme al título virreinal de 1733 y al juicio agrario 38/2017, que —afirman— respaldan la posesión ancestral de unas 39 mil hectáreas