GUADALAJARA, JAL., (apro) .- Productores de maíz que encabezaron las negociaciones con el gobierno federal, para establecer un mejor precio de garantía por tonelada del grano, denunciaron que hay cambios entre lo que negociaron la madrugada del miércoles 29 de octubre y lo declarado hoy en La Mañanera por el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Julio Berdegué Sacristán. 

El productor de maíz en Jalisco, Pavel Guerrero, señaló que no está de acuerdo con la información difundida en la conferencia matutina. Explicó que, durante la negociación sostenida desde el día anterior con autoridades federales, nunca se acordó limitar las toneladas por productor, ni se habló de un volumen máximo para la región de El Bajío.  

Afirmó que la petición fue que el Gobierno Federal comprara toda la cosecha de Jalisco, así como la de los estados de Guanajuato y Michoacán. 

Desmintió lo declarado por el secretario Julio Berdegué, quien aseguró que se acordó un tope de 1.4 millones de toneladas para el Bajío y un límite de 200 toneladas por productor, al calificarlo como “una total mentira”. 

“No estamos de acuerdo con lo que se publicó en la mañana del día de hoy. En la negociación del día de ayer no se limitaron a las toneladas por productor. No se mencionó nada de eso y el volumen que se pidió fue toda la cosecha del estado de Jalisco. Hablando de nosotros, igual en el estado de Guanajuato y de Michoacán. Entonces, señores, eso que está diciendo el secretario Julio Berdegué de hasta un millón cuatrocientas mil toneladas para el bajío es una total mentira. También de la limitación de hasta doscientas toneladas por productor es una total mentira”, manifestó el productor de maíz jalisciense. 

Cabe destacar que los acuerdos alcanzados en la madrugada de este miércoles entre el gobierno federal y los productores de maíz, tras días de bloqueos carreteros, quedaron plasmados en una minuta.  

El pacto fue mediado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y se centró en un paquete de apoyos y medidas de mercado, aunque no se fijó un precio de garantía, lo que generó la insatisfacción reportada por los agricultores. 

Cabe recordar que los acuerdos de la minuta incluyeron 950 pesos de apoyo por tonelada ($800 federales y $150 pesos estatales) a pequeños y medianos productores de El Bajío (Jalisco, Michoacán, Guanajuato) y otros estados de la región.  

El apoyo está dirigido a aproximadamente 90 mil productores del Bajío. Algunos reportes indican que el apoyo se aplicará a un volumen total de un millón 410 mil toneladas para los productores del Bajío. Sin embargo, los agricultores que participaron en las negociaciones han denunciado que este límite por volumen fue añadido posteriormente y es "una total mentira". 

El pacto incluye la creación del Sistema de Comercialización de Maíz (SIMMCOM) para establecer precios de referencia previos a la siembra, promover acuerdos directos de comercialización entre productores y compradores, y garantizar reglas y políticas públicas en el mercado. 

La mayor discrepancia, a pesar de los acuerdos, es que, el gobierno no accedió a fijar el precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada que exigían los agricultores. El precio final al productor se estima en 6 mil 150 pesos por tonelada (los 5 mil 200 pesos base que ofrece la industria más el apoyo de 950 pesos), monto que los campesinos consideran insuficiente para cubrir sus gastos de producción. 

El secretario de SADER, Julio Berdegué, indicó que "los productores no quieren que fijemos un precio" porque tienen la expectativa de que las mesas de conversación que se instalarán les permitan "empujar un poquito el precio" con los compradores. 

En tanto que, los líderes agrarios denunciaron que el precio de 5 mil 200 pesos se dejó "libre", sujeto a los vaivenes del mercado internacional (dólar y Bolsa de Chicago), lo que representa una gran incertidumbre. 

Como parte de la minuta, los líderes de las movilizaciones se comprometieron a la liberación total de los bloqueos carreteros, que habían colapsado importantes vías en la región de El Bajío. A la par, el gobierno se comprometió al cumplimiento íntegro de lo acordado. 

Por su parte productores de maíz, que protagonizaron los bloqueos carreteros, declararon insatisfacción con los acuerdos de precios alcanzados con el gobierno de México, tras 36 horas de bloqueos carreteros en al menos diez estados, concentrados principalmente en Jalisco, Michoacán y Guanajuato.  

Los agricultores calificaron lo pactado como "limitado" y "precario", y advierten de un abandono gubernamental que podría derivar en una disminución de la producción, venta de tierras y migración.  

El acuerdo establece un precio total de 6 mil150 pesos por tonelada de maíz, que se compone de un precio base de 5 mil 200 pesos más un apoyo gubernamental federal y estatal de 950 pesos. Sin embargo, los agricultores denunciaron que el precio fijo que buscaban no se concretó, quedando este valor "libre" y sujeto a las fluctuaciones del dólar y la Bolsa de Chicago. 

El monto alcanzado se encuentra muy por debajo de los 7 mil 200 pesos por tonelada que demandaban los productores para cubrir sus costos de producción, que estiman entre 45 mil y 60 mil pesos por hectárea. 

"En esta enfermedad que tiene el campo mexicano, de todo lo que nos está pasando, le pusieron un curita a la herida nada más, o sea, no curaron la herida del campo", señaló Armando Ramírez, integrante de Maiceros y Campesinos Unidos de la Zona Ciénega de La Barca, Jalisco y Michoacán. 

La desconfianza es alta: los agricultores señalan que los apoyos gubernamentales "rara vez llegan" o resultan insuficientes, además de que los trámites son engorrosos. 

La principal crítica de los agricultores se centra en la falta de intervención del gobierno para regular la fijación de precios, lo que permite que los grandes empresarios "tengan el gran poder" de dictar las condiciones del mercado. 

Jesús Díaz, de Campesinos Unidos de la Ciénega, lamentó que el gobierno se haya "sujetado más a lo que ellos (los empresarios) decidan", evidenciando, a su parecer, una posible "colusión del mismo gobierno con los altos empresarios". La falta de regulación y almacenamiento obliga a los campesinos a malvender su producto. 

Los productores atribuyen la crisis a décadas de abandono gubernamental, citando la desaparición de programas como el ingreso objetivo de ASERCA y la reducción de apoyos como Procampo. Argumentan que al gobierno le resulta más económico importar maíz que apoyar la producción nacional. 

Los productores anticipan un futuro desalentador para el campo: 

• Disminución en la siembra de maíz y otros cultivos, buscando una escasez que fuerce la subida de precios. 
• Venta de tierras e implementos agrícolas. 
• Migración de los agricultores.
• Dependencia de créditos con altos intereses. 

“El futuro es que muchos tendrán que vender implementos que con muchos sacrificios compraron", sentenció Jesús Díaz. 

Los agricultores, como Selene Pantoja de La Barca, señalan la inviabilidad de sus labores, destacando que incluso con rendimientos de 10 toneladas por hectárea, el precio actual no cubre los gastos, llevándolos a "trabajar para perder".  

Además, los apoyos por desastres naturales, como los 2 mil pesos por hectárea inundada (con una inversión de 55 mil pesos), fueron tachados de "burla". 

Finalmente, los agricultores advirtieron que la protesta podría reactivarse a nivel nacional si el gobierno no cumple con la minuta firmada o si las condiciones del campo no mejoran, pidiendo a la sociedad que comprenda que el campo es fundamental para la alimentación del país.