TOLUCA, Edomex. (apro).- En el Estado de México, los “montachoques” serán sancionados con hasta 24 años de prisión, a partir de la reforma al Código Penal local aprobada este miércoles por el Congreso mexiquense, en beneficio de los más de 6 millones de propietarios de vehículos registrados en la entidad.  

Este nuevo tipo penal es una modalidad de extorsión cometida por grupos de sujetos que provocan colisiones vehiculares, generalmente contra conductores en situación de vulnerabilidad y a través del uso de la violencia, para obligarlos a cubrir “indemnizaciones” estimadas en al menos 10 mil pesos por evento.  

Actualmente, en territorio mexiquense el delito de extorsión se sanciona con 12 años de prisión y hasta mil 500 días multa; con la modificación, la pena podrá incrementarse al doble cuando la conducta se cometa en perjuicio de personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres o personas en situación de vulnerabilidad, para llegar a hasta 24 años de cárcel y 3 mil días multa.  

Los legisladores mexiquenses advirtieron que en los últimos años se ha registrado un incremento en la actividad delictiva de los “montachoques”, perpetrada por grupos organizados -como Los 300, la USON o La Chokiza en Ecatepec, por ejemplo- que, de manera premeditada e intencional, provocan colisiones vehiculares con el propósito de exigir compensaciones económicas a las víctimas.  

Conforme al dictamen, el modus operandi constituye un acto de extorsión e involucra otras conductas delictivas, como amenazas, daños materiales, lesiones y afectaciones patrimoniales.  

En diversas circunstancias, advierte el documento, estas prácticas han puesto en riesgo la integridad física y económica de las personas afectadas, lo que ha generado una creciente preocupación en la ciudadanía, especialmente en las zonas urbanas donde estos hechos son más recurrentes.  

“Es por ello que esta iniciativa no sólo busca disuadir estas conductas mediante mecanismos jurídicos claros y efectivos, sino también fortalecer un modelo de seguridad vial basado en la prevención, la transparencia y el acceso equitativo a la justicia”, indica el texto.  

Con los cambios, el Estado de México se convierte en la tercera entidad en tipificar este modelo conductual, después de la Ciudad de México y Morelos.