TIJUANA, BC (apro).- El general Laureano Carrillo Rodríguez, secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, confirmó que un grupo de 14 agentes de las Fuerzas Estatales (FESC) fueron suspendidos de manera preventiva por el presunto robo de 180 kilogramos de cocaína.  

El funcionario estatal lo declaró a la prensa este miércoles 22 tras concluir la conferencia matutina de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, en torno al hecho registrado el pasado día 4, en la zona conocida como Ojo de Agua, en el municipio de Tijuana.  

Aseguró que ya tienen más de 15 días con la investigación en la que están acusados dichos agentes de participar en un supuesto “baje de droga” en una operación conjunta con el Cártel de los Arellano Félix (CAF). 

Carrillo Rodríguez aseguró que ya hicieron “las averiguaciones de manera interna”, al estar facultada jurídicamente la Secretaría para dichas investigaciones mediante su Órgano de Control, para llevar a cabo esas suspensiones preventivas cuando “se trate de casos graves a la disciplina”. 

“Como es el caso de un señalamiento por un robo de droga, estamos hablando de delincuencia organizada (...) es una suspensión preventiva para que no se entorpezca la averiguación. Y en esa averiguación, desafortunadamente, hay 14 personas vinculadas, 14 agentes que han sido suspendidos”, dijo.  

El secretario de Seguridad Ciudadana indicó que dicho personal ya fue informado de la suspensión y no existe “alguna medida drástica”.  

“Lo que se está revisando es el empleo inadecuado de material, de armamento y de vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en actividades que no fueron reportadas y que, desafortunadamente, a través de la averiguación que hicimos nosotros, se vinculan y se comprueba su presencia en el área, por el horario y la ruta que también se siguió”, detalló. 

El general Laureano Carrillo Rodríguez reiteró que contra este personal únicamente lo que hacen es “aplicar la ley”, “algo que no se había hecho anteriormente”, pues a pesar de los señalamientos se realizaba una investigación “a veces muy superficial”.  

Aclaró que la acción es desde el punto de vista administrativa, pues desde “el punto de vista jurídico” le tocará a la Fiscalía General de la República (FGR). 

“En su momento llevará a cabo la investigación y, si es procedente, llevarán a cabo las órdenes de aprehensión que correspondan”, remarcó.