MORELOS (apro).- La Secretaría de la Mujer de Morelos, presidida por Clarisa Gómez Manrique, ejerce violencia económica y laboral contra trabajadoras de los Módulos de Atención Inmediata —que operan en los siete municipios con Alerta de Violencia de Género— y de los Centros Libres. Las primeras están por cumplir cuatro meses sin cobrar y las segundas acumulan casi dos meses de atraso en sus salarios. 

En ambos casos, las trabajadoras fueron contratadas como prestadoras de servicios con la promesa de recibir un pago que oscila entre 15 y 25 mil pesos mensuales, dependiendo del puesto, siendo el más alto para las coordinadoras. 

Para cubrir sus gastos personales y los necesarios para desempeñar su trabajo, muchas han tenido que pedir préstamos, en algunos casos pagando intereses. “Ya no tenemos de dónde sacar dinero. Varias hemos pedido prestado, algunas pagando réditos. Lo ocupamos para el transporte, la comida y hasta para imprimir formatos o atender a las usuarias”, relató una de las trabajadoras entrevistadas, quien pidió mantener el anonimato por temor a represalias. 

De acuerdo con los contratos firmados, el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de las Mujeres, debía tramitar mensualmente el pago de honorarios mediante la dirección Recurso Humanos de la Secretaría de Administración. 

El contrato al que tuvo acceso esta periodista establece que el recurso podría entregarse de forma mensual o bimestral; sin embargo, en ambos casos la Secretaría de la Mujer ha incumplido. El documento también contempla la aplicación de una penalización por incumplimiento del mismo. 

Tanto en los Módulos de Atención Inmediata AVG como en los Centros Libres, la titular Clarisa Gómez Manrique ha señalado -en conferencias de prensa y entrevistas con diversos medios- que el recurso proviene de la federación; sin embargo, la responsabilidad de gestionarlo y garantizar su disponibilidad para cubrir los sueldos recae en la Secretaría de la Mujer del Estado de Morelos. 

Módulos AVG 

Las mujeres que integran los Módulos de Atención Inmediata —ubicados en los siete municipios con Alerta de Violencia de Género— manifestaron su desesperación. 

“Desde julio, cuando comenzamos a trabajar, ya son más de tres meses, ya vamos para cuatro, y no se ha realizado el pago correspondiente”, explicó una de las prestadoras de servicio. 

Las afectadas —trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas— brindan atención a mujeres víctimas de violencia desde instituciones como el DIF, la Fiscalía General del Estado, el Centro de Justicia para las Mujeres y las instancias municipales de la mujer. Son alrededor de 21 profesionistas distribuidas en Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Yautepec, Emiliano Zapata, Cuautla, Puente de Ixtla y Xochitepec. 

“Hemos preguntado sobre nuestro pago y la fecha en la que se planea realizar, pero simplemente no hay respuesta. La mayoría somos madres solteras y dependemos de ese ingreso”, afirmó una de ellas. 

Esta periodista tuvo acceso al grupo de WhatsApp donde están integradas todas las trabajadoras de los módulos, en el que se observan múltiples interrogantes y reclamos sin respuesta. En términos estrictos, este silencio puede considerarse una forma de violencia laboral. 

Ante la falta de respuesta, algunas trabajadoras han contemplado reducir sus horarios o ausentarse algunos días para buscar ingresos alternos. 

Las entrevistadas añadieron que los módulos operan en condiciones precarias y sin recursos básicos. "Ni siquiera tenemos papelería y en algunos módulos ni hay mobiliario, no nos han dado ni una pluma”, afirmaron. 

Algunas de las trabajadoras han tenido que llevar de su casa sillas , una mesa y hasta sus computadoras. 

Pese a la incertidumbre y la falta de pagos, las profesionistas continúan atendiendo a mujeres víctimas de violencia, aunque advirtieron que suspenderán actividades si no reciben una solución inmediata. 

Centros Libres 

Las trabajadoras de los Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar y Emancipación) enfrentan una situación similar. La mayoría se integró al proyecto en mayo y recibió un primer —y único— pago en agosto. 

Estos centros están conformados por cinco mujeres en cada municipio con los cargos de: Promotora de Redes Comunitarias y Coordinadora del Centro; Promotora de Derechos Humanos, Autonomía y Empoderamiento de las Mujeres; Promotora de Cambio Cultural y Prevención de las Violencias; Asesora Jurídica y de Atención a la Violencia; y Asesora Psicoemocional y Promotora de Salud. 

“Estamos en espera e incertidumbre sobre cuándo se nos pagará. Hemos preguntado para cuándo será el siguiente pago y no nos han dicho nada”, compartió una de las prestadoras de servicios. 

Los Centros Libres están instalados en las estancias municipales de la mujer de los municipios con mayor índice de violencia —no considerados dentro de la AVG—: Tlaltizapán, Tepoztlán, Totolapan, Tetecala, Yecapixtla, Huitzilac, Jonacatepec y Jojutla. 

“Como tenemos que trasladarnos hasta esos municipios, necesitamos dinero para poder pagar los pasajes. En una primera etapa tuvimos que sobrevivir de prestado y pagando réditos”, apuntó otra de las entrevistadas. 

El contrato para ambos proyectos —Módulos AVG y Centros Libres— tiene una vigencia de seis meses, y hasta el momento se desconoce si las profesionistas serán recontratadas o reemplazadas. En caso de no renovar los contratos, la continuidad de los procesos y el avance de los programas se verían comprometidos. 

Además, ninguno de los dos proyectos cuenta con las herramientas necesarias para desempeñar su labor: no hay papelería, mobiliario ni vehículos para traslado, y tampoco se garantiza la seguridad de las trabajadoras. 

A dos meses y medio de que concluya el primer contrato de estos programas —considerados los más relevantes del actual gobierno estatal para atender y disminuir las violencias contra las mujeres en Morelos, entidad con Alerta de Violencia de Género desde agosto de 2015—, la secretaria Clarisa Gómez Manrique no se ha reunido con las prestadoras de servicio de los Módulos AVG ni de los Centros Libres, por lo que se infiere que desconoce las condiciones en las que operan. 

Lanzan SOS 

Las profesionistas de ambos programas hicieron un llamado directo a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia Calderón, para que intervenga en la gestión y liberación inmediata de los pagos. 

“Gobernadora, le pedimos que nos escuche y nos ayude. No pedimos nada fuera de lo que se nos prometió: solo que se cumpla con los pagos acordados. Llevamos casi cuatro meses sin recibir salario y no podemos seguir así”, expresaron las trabajadoras consultadas. 

Agregaron: 

“Esto ya es una forma de violencia económica contra las prestadoras del servicio. Se firmó un contrato que no se está cumpliendo. Solo pedimos que se gestione el pago de inmediato”, insistieron.