OAXACA, Oax. (apro).- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron al presidente municipal de San Pedro Ocotepec, Marciano Montes Ortiz, y a siete integrantes de su cabildo por delitos derivados de un conflicto agrario entre San Pedro Ocotepec y San Juan Juquila Mixe que ha dejado por lo menos 16 asesinatos en los últimos ocho años, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca. 

La detención del presidente municipal e integrantes de su cabildo se realizó el pasado miércoles 8 de enero, cuando pretendían acreditarse como autoridades municipales, el mismo día que fue detenido el presidente municipal de Huautla de Jiménez, David García Martínez, quien ganó la elección con las siglas del PRI-PRD, lo que ha sido calificado como “venganzas políticas” del gobernador morenista Salomón Jara Cruz. 

Sin embargo, la Fiscalía de Oaxaca manifestó que detuvo a ocho personas originarias de San Pedro Ocotepec -quienes son autoridades de dicho municipio de la zona Mixe-, porque se encuentran bajo investigación por diversos delitos cometidos entre comunidades vecinas. 

Los ocho detenidos fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial correspondiente acusados de delitos contra actos de investigación, actividades de seguridad pública y el Estado, y delitos contra la autoridad. 

En un comunicado, la Fiscalía detalló que las investigaciones son en torno a diversos hechos delictivos derivados de un conflicto agrario entre San Pedro Ocotepec y San Juan Juquila Mixe, que tan solo de 2017 a enero de 2025 obligó a abrir 14 carpetas de investigación por homicidio, entre los que se cuentan 16 personas fallecidas (14 hombres y 2 mujeres). 

Dicha disputa inició en septiembre de 1975, cuando se emitió una resolución presidencial que determinó que otorgaran 47 mil 977 hectáreas de tierras comunales a San Juan Juquila Mixe, lo que generó inconformidades de pobladores de Ocotepec. 

Después de una agresión armada en enero de 2017, fueron desplazadas al menos 350 personas originarias de la agencia de Guadalupe Victoria, quienes en su momento fueron albergados en el municipio de San Juan Juquila Mixe. 

Mientras que, en julio de 2022, se registró el homicidio de Crispín Reyes, defensor de derechos humanos de San Juan Juquila Mixes, quien era representante de 128 familias desplazadas de la agencia de Guadalupe Victoria. 

Como parte de los antecedentes, es preciso mencionar que, en octubre de 2022, en el paraje conocido como “El Basurero” se dio una agresión armada en la que murieron cuatro personas identificadas como Agustín R.M., quien era regidor de San Pedro Ocotepec, además Joel M.V., Iván M.O., Miguel R.T., todos ellos originarios de San Pedro Ocotepec. 

El año pasado, en agosto de 2024, en los límites de San Pedro Ocotepec con San Juan Juquila Mixes, ocurrió una agresión armada en la que perdieron la vida tres personas y una más resultó lesionada. 

El último de los hechos delictivos que investiga la Fiscalía sucedió el primero de enero de 2025 en el Paraje Río Zapote, en la Agencia Municipal de Guadalupe Victoria, donde privaron de la vida a un hombre y su hija, a quienes agredieron con disparos de arma de fuego cuando se encontraban en su parcela. 

Estas detenciones provocaron reacciones inmediatas en la comunidad, donde la asamblea comunitaria de San Pedro Ocotepec emplazó al gobernador Salomón Jara Cruz y al fiscal del Estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, para que liberen de manera inmediata a las autoridades municipales. 

En un documento, la asamblea general de San Pedro Ocotepec denunció que el gobernador utiliza a la Fiscalía para criminalizar a sus autoridades municipales. 

Y advirtieron: “La comunidad de San pedro Ocotepec hacemos un llamado enérgico al gobernador Salomón Jara y a la Fiscalía General de Justicia del Estado poner en inmediata libertad a nuestras autoridades municipales, si no, la comunidad tomarán acciones para defender a nuestras autoridades municipales que han sido detenidos de manera arbitraria y que los han detenido sin darles oportunidad de contar con un intérprete y abogado que los defienda, hasta la fecha (10 de enero) se les sigue violentando en forma grave su derecho humano de presunción de inocencia (sic)”.