CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de la morenista Clara Brugada dio por concluida la consulta para la elaboración del Plan General de Desarrollo (PGD) 2025-2045 y mantuvo la ruta para su aprobación, con la previsión de que el documento quede listo en 2026, pese a las protestas de pueblos y barrios originarios que advirtieron que el proceso no se realizó en la mayoría de sus territorios y que su cierre implicaría una ruptura política. 

Este 10 de abril, en las instalaciones de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis), Pablo Yanes, el extitular de la dependencia —y recién nombrado secretario de Bienestar Social—, defendió el cierre de la consulta con una “amplia participación”.  

Al exterior del edificio, sobre la vía pública, integrantes de barrios y pueblos originarios, así como de Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco), manifestaron su inconformidad contra el fin de la consulta al grito de: “¡No a la imposición del Plan General de Desarrollo!” 

“La consulta es un proceso sólido, estamos absolutamente seguros de que tiene todos los elementos para defenderse”, aseveró el funcionario frente a la prensa mientras los inconformes desplegaron sus exigencias con megáfono en mano.  

Con la decisión de la actual administración, el proceso del PGD continuará con su reformulación y posterior envío al Congreso de la Ciudad de México.  

En referencia a la exigencia de los pueblos y barrios para que se restituya la consulta, Yanes mencionó: “No puede ser un proceso infinito”.  

Agregó que la conclusión de esta etapa “no significa su aprobación o elaboración definitiva del PGD, ni el fin del diálogo”, y detalló que el documento será discutido bajo un esquema de parlamento abierto antes de su votación.  

Explicó que el proceso aún implica la integración de propuestas, su revisión por los órganos del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) y su discusión legislativa, con la expectativa de que el plan quede concluido en 2026. 

El cierre de la consulta fue respaldado por un despliegue de cifras oficiales: 12 mil 822 propuestas recibidas mediante la plataforma Plaza Pública, 486 talleres participativos y 301 foros y conversatorios, así como 258 foros comunitarios con pueblos y barrios originarios y 106 actas de diálogo y acuerdos.  

Desde la perspectiva del gobierno, estos mecanismos reflejan la incorporación de diversas voces en el proceso de planeación. 

Rompimiento con pueblos y barrios  

“El gobierno, si lo aprueba, si decide cerrar la consulta el viernes, estaría decidiendo unilateralmente que la consulta no importa y por eso nosotros decimos que esto sería como un rompimiento de Clara Brugada con los pueblos y barrios originarios”, declaró el 8 de abril último Alejandro Vázquez, integrante del Frente de Pueblos y Barrios de la Anáhuac, en entrevista con Proceso.  

Desde ese día solicitaron una reunión directa con la jefa de Gobierno, pero esa petición no se cumplió y el descontento se mantuvo en paralelo al cierre oficial del proceso.  

Este viernes, Vázquez fue uno de los inconformes que se manifestaron al exterior de Metrópolis.  

De acuerdo con él, en la mayoría de los pueblos y barrios originarios no se realizaron asambleas informativas ni se difundió el contenido completo del proyecto. 

“El problema es que esa consulta realmente nunca se llevó a cabo en la mayor parte de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México: no se dio la información, no se realizaron las asambleas informativas, se solicitó que se entregara el proyecto completo del gobierno a los pueblos, tampoco se hizo. No se tradujo a lenguas indígenas el documento ni la convocatoria y, en general, el gobierno no hizo su obligación de transmitir la información sobre el contenido de su proyecto”, afirmó. 

En ese contexto, los pueblos también plantearon un posible escenario de impugnación legal del PGD si no se cumple con el requisito de consulta.