CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Refugio Franciscano acusó al Gobierno de la Ciudad de México de condicionar la continuidad de las mesas de trabajo instaladas tras el aseguramiento de los animales que resguardaban en la alcaldía Cuajimalpa, al plantear una disyuntiva entre mantener el diálogo institucional o ejercer el derecho a la manifestación, luego de la movilización realizada el domingo 25 de enero en la que participaron integrantes del refugio. 

En un comunicado fechado el 24 de enero, la organización sostuvo que el reproche del Gobierno capitalino por la protesta pública pone en entredicho la continuidad de las mesas de trabajo iniciadas días antes y señaló que la disyuntiva planteada —dialogar o manifestarse— “no es progresista ni democrática”. 

“Condicionar el diálogo con la autoridad a renunciar a nuestros derechos de libre expresión y manifestación no se entiende en esta Ciudad progresista”, sentenció el Refugio Franciscano.? 

Y explicó que la marcha del domingo fue un ejercicio pacífico de los derechos constitucionales de manifestación y reunión, y expresó su “extrañeza” por el posicionamiento emitido por el Gobierno de la Ciudad de México tras la movilización, en el que se cuestionó la protesta en el contexto de las mesas de diálogo abiertas con autoridades locales. 

“El Gobierno de la Ciudad de México nos reprocha el haber marchado en comunión con otros animalistas”, señaló el documento, y agregó que lo preocupante es que esa postura “pone en tela de juicio la continuidad de las mesas de trabajo que iniciamos hace unos días, por haber incurrido en la ‘contradicción’ de ejercer derechos constitucionales de manera pacífica mientras uno está dialogando en mesas de trabajo”. 

La organización precisó que la movilización “no fue convocada ni organizada por el Refugio Franciscano”, sino por “ciudadanos independientes, por animalistas, rescatistas y voluntarios de la sociedad civil”, aunque reconoció que integrantes y voluntarios del refugio participaron “por convicción”. 

El pronunciamiento se emitió después de que la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB) afirmó, también mediante un comunicado, que el Gobierno local ha cumplido “cabalmente” los acuerdos alcanzados en las mesas de trabajo instaladas tras el operativo realizado el 7 de enero en el refugio, y señaló que valoraría la pertinencia de continuar con el diálogo ante la persistencia de manifestaciones públicas. 

En ese mensaje oficial, la SECGOB expuso que durante las mesas de trabajo las autoridades señalaron que varios de los animales presentaban afectaciones físicas y de salud compatibles con situaciones de maltrato y falta de cuidados adecuados, condiciones que forman parte de investigaciones en curso, y añadió que la fundación del Refugio Franciscano “no ha reconocido esta situación”. 

Frente a ello, el refugio aseguró que ha estado y seguirá “abierto al diálogo, a la negociación, a la concordia”, y afirmó que esa disposición se ha demostrado “en los hechos a lo largo de los 48 años de nuestra historia”. 

Asimismo, reconoció “los avances, concretos y palpables, que han producido las mesas de trabajo” y señaló que ha encontrado “un interlocutor que nos escucha y busca formas de avanzar”, reiterando que el propósito de esos espacios es “escuchar al otro, ser escuchado y, finalmente, lograr acuerdos”. 

En ese contexto, el Refugio Franciscano hizo un llamado expreso al Gobierno de la Ciudad de México a no cancelar las mesas de trabajo “como represalia por habernos expresado y manifestado de manera pacífica y civilizada en la marcha del domingo 25 de enero de 2026”. 

La movilización del domingo se realizó a más de dos semanas del operativo encabezado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), en el que se aseguró de manera precautoria a 936 animales del Refugio Franciscano, de los cuales 858 perros quedaron bajo custodia del Gobierno capitalino y fueron trasladados a distintos espacios de resguardo. 

Desde el inicio de ese operativo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, asumió públicamente el caso y presentó la intervención como un rescate. Días después, anunció el envío de una iniciativa de Ley para la Regulación de los Refugios de Animales al Congreso de la Ciudad de México, así como la construcción de una Utopía Canina y de un nuevo albergue con capacidad para 600 animales, en medio del conflicto social y político derivado del aseguramiento.