CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Hace seis años Perla salió de su departamento, ubicado detrás del Templo Mayor y a media cuadra de Palacio Nacional, y se encontró con un hombre apuntándole con una pistola. Recibió tres tiros que la llevaron a un coma inducido por varios días y ahora tiene la octava cirugía en puerta.

La mujer, de 48 años, relata que los hechos sucedieron en el predio ubicado en Licenciado Verdad 7, a unos pasos del Zócalo, donde se llevaba a cabo un festival musical promovido por el gobierno de la Ciudad de México.

Perla afirma que el agresor era un militar en retiro de nombre Noel García, quien mató a cinco personas en dicho predio.

Con un arma de uso exclusivo del Ejército, el hombre disparó a quemarropa contra quienes se le atravesaron, hasta que llegó un policía a quien también le apuntó, pero alcanzó a tirar primero y García quedó abatido.

Perla y sus vecinos nunca entendieron por qué se dio el ataque del hombre que, relatan, comenzó por buscar un baño y tras el reclamo de residentes por ir a orinar al fondo de la vecindad, comenzó a disparar.

En los siguientes días la entonces jefa de Gobierno capitalina, hoy presidenta Claudia Sheinbaum, abordó el tema y afirmó que para resarcir el daño se les daría vivienda.

Meses después del ataque de este militar, 44 familias que habitaban el edificio fueron desalojadas con la promesa de que el Invi construiría los departamentos, como una forma de regularizar el predio. Más adelante los vecinos fueron notificados de que en el lugar se hallaron ruinas arqueológicas, de las que hasta el momento no han tenido evidencia o confirmación mediante imágenes, pero se mantiene en revisión por parte del área de salvamento arqueológico del INAH.

A seis años, el compromiso de la doctora Sheinbaum Pardo para entregarles vivienda no se ha cumplido.

Cuando Perla nació sus padres ya vivían en ese predio, en el que habitaron por décadas; a sus 27 años ella comenzó a vender desayunos para quienes laboran en la zona, entre ellos los militares que resguardan Palacio Nacional.

Cuenta lo que sucedió el 7 de diciembre de 2019, mientras en el Zócalo se llevaba a cabo el Festival Radical Meztizo, un evento musical promovido por la Secretaría de Cultura local, bajo el mandato de la entonces jefa de Gobierno Sheinbaum.

Toda la vida he vendido desayunos para Palacio Nacional, desde las 6 de la mañana a las 11. (Ese 7 de diciembre) yo terminé de trabajar y como siempre me fui a dormir a mi departamento. Oigo de repente un impacto y abro los ojos y digo esto no es un cohete. La gente estaba gritando, entonces me asomo al balcón y oigo que la señora que vendía dulces aquí afuera dijo ‘pidan ayuda que mataron a Pancho’.

Era un militar retirado

Se trataba de su hermano, por lo que bajó las escaleras para ayudarlo. “No sabía qué estaba pasando y en el momento que yo bajo el último escalón encuentro en la entrada a una chica tirada y me dice: ‘Perla, ayúdame, me balacearon’. Desde el fondo del edificio una persona venía corriendo. Entonces yo oigo el ruido y en cuanto volteo él ya me tenía apuntando con una pistola, que ya después me dijeron que era 9 mm”.

La mujer, que es madre soltera de una joven de entonces 15 años, cuenta la agresión que sufrió por parte de un hombre que, de acuerdo con reportes periodísticos, era de origen oaxaqueño.

“Él venía corriendo y apuntándome con la pistola. Entonces, lo único que hago es voltearme, porque fue así, en un segundo, y él me alcanza a dar y me da un tiro aquí. Entonces, yo caigo rebotada al piso y al moverme él ve que yo sigo viva, se acerca y me da otro aquí. Entonces yo digo ¿quién es? O sea, yo no sabía ni qué estaba pasando, ni quién era. Yo obviamente al voltear lo vi, pero yo no sabía quién era. Cuando caigo, empiezo a ahogarme y al voltear él me vuelve a dar ahora en el brazo. Dije Dios mío, ¿qué está pasando? Ayúdame, no permitas que me muera, tengo una hija, soy madre soltera. Toda la vida he trabajado para ella”.

Lo último que Perla escuchó fueron más gritos, vio al hombre corriendo y aventando puertas de los demás departamentos. Después quedó inconsciente y despertó en el hospital Gregorio Salas, el mismo en el que hace 48 años nació.

El saldo fue el asesinato de cinco vecinos y el agresor abatido.

Las víctimas mortales fueron: un joven de 17 años, Alfredo, del cual se supo varias horas después del aseguramiento del lugar, cuando su madre entró al departamento y lo encontró sin vida. Además otra mujer, Janeth, quedó herida, pero recibió atención de urgencias tarde, según indican los vecinos, y murió; ella tenía cuatro hijos. Otra víctima fue una mujer de nombre Guadalupe, de 35 años, quien también tenía dos hijos menores de edad; otra mujer adulta mayor, de nombre Rosa; y un vecino más.

También dos heridos: Perla y su hermano, Francisco. La mujer fue baleada en el estómago, el brazo y en la cabeza, del que se dieron cuenta hasta 20 días después, pero hasta ahora aún siente la hendidura.

“Me quitaron un riñón, me operaron del pulmón, me quitaron un pedazo de intestino, me quitaron la vesícula y el apéndice. Hasta ahorita llevo siete, tengo pendiente otra cirugía. Estuve inducida al coma”, cada operación en un hospital distinto.

Explica el origen del ataque: “Este señor entró buscando un baño, tal vez como vio oscuro al final él se metió y orinó. La señora de los dulces le dice a mi hermano, que estaba aquí afuera con sus amigos jugando, que el señor se está orinando. Entonces mi hermano entra y le dice: 'Señor, no puede orinar'. Nada más terminó de hacerlo, saca su pistola y le dispara. A él le dieron dos impactos. Los únicos vivos fuimos mi hermano y yo”.

Los abogados se esfumaron

Mientras estuvo hospitalizada se le acercaron elementos de seguridad para preguntarle si quería demandar y la mujer no supo cómo proceder, porque tampoco recibió asesoría para hacerlo y no se sentía “apta”.

Yo ni siquiera sabía a quién iba a demandar, no sabía, y me agarraron sola porque ni siquiera dejaron que un familiar pasara para que pudiera decir sí, no o a base de qué, nada, me agarraron a mí sola”. Además de que se aprovechó su condición: “Yo lo único que quería era primero agradecer, ¿no?, que estaba viva y salir de todo esto.

Cuando decidió demandar para pedir una indemnización, contrató a un abogado y después a otro, aun con algunos pagos adelantados y la entrega de toda la documentación que le pidieron, no volvió a saber de ellos. Sin embargo, afirma que existió una carpeta de investigación de oficio, de la cual ninguna víctima, ningún vecino supo nada sobre avances o esclarecimiento del caso.

Hasta hoy Perla no ha podido recuperar la normalidad de su vida, no puede trabajar, ni siquiera logra cargar más de 5 kilos, padece además fibromialgia. “Tengo ansiedad, tengo noches terribles. Un día tú me puedes ver radiante y al otro día me puedes ver que no quiero ni salir de mi cuarto”.

Su única hija, para la que trabajaba, dejó sus estudios para dedicarse a mantener a su madre y a su abuela de más de 80 años, a quien recientemente le detectaron cáncer.

En su paso por cirugías y atención médica, se atravesó la pandemia de covid-19 y su recuperación se vio obstaculizada por la falta de atención en hospitales que estaban convertidos en sitios para albergar a quienes se contagiaban del virus. Al pedir ayuda personalmente a la jefa de Gobierno pudo tener un poco de avance en los insumos y revisión médica.

Meses después del ataque, el gobierno capitalino les notificó que tenían que desalojar el predio porque mediante el Invi les reconstruirían sus departamentos, esto en el contexto de la promesa de Sheinbaum Pardo de que tendrían sus viviendas luego del ataque.

Los vecinos confiaron en las autoridades y seis años después siguen sin casa y peregrinando por diversos puntos de la ciudad y el Estado de México para llegar a sus centros de trabajo en el comercio del Centro de la CDMX.

Lo que recibieron fue un apoyo para renta, en un inicio de 4 mil pesos, con un pequeño aumento cada año, que no alcanza para pagar una vivienda en el Centro de la capital del país, por lo que algunos tuvieron que irse a vivir lejos, pero regresan todos los días para trabajar, a unos pasos del predio donde habían vivido toda su vida. En uno de esos departamentos residían diez personas de origen indígena, uno de ellos es Antonio Antonio Sánchez, quien relata que tenían más de 40 años en el número 7 de Licenciado Verdad.

“Nos avisaron que teníamos que desocupar, nos prometieron que íbamos a regresar aquí y por ese motivo nos salimos, si no, no nos hubiéramos salido”, pues después del sismo de 1985 su mamá encontró en ese lugar dónde vivir, la mujer murió apenas hace unos meses sin ver el regreso de su familia a esa zona.

“Nosotros trabajamos aquí a la vuelta y los pasajes sí nos afectan mucho”, pues viven cerca de Santa Marta, por lo que su traslado llega a ser de dos horas y media.

Por ahora afirma que sólo les queda “esperar a que la presidenta nos haga caso y que nos escuche. Confiamos en ella porque tenemos pensado regresar todavía aquí”.

“Tápate los ojos”

Érika Maya, quien ha vivido por 25 años en el predio, fue una de las personas que no estaba en su casa cuando Noel atacó a balazos a los vecinos, pero sus hijos sí presenciaron el hecho.

“Fue muy traumante todo lo que vivimos. Mis hijos estaban adentro y yo por trabajar estuve a punto de perderlos, tal vez”, pues cuenta que se salvaron porque el agresor no pudo abrir la puerta de su departamento.

“Mi niño dice que el policía cuando lo sacó le dijo: ‘Tápate los ojos’ y me preguntó ‘¿por qué, mamá?’ Pues obviamente porque había gente tirada, sin vida”.

El esposo de Érika tiene pocos meses que murió y ella tiene que seguir trasladándose desde Naucalpan hasta el Centro, donde trabaja y lleva a sus hijos a la escuela.

“Es muy desgastante venir en Metro, en camión, traerlos hasta acá. Yo soy comerciante y van aquí a la escuela porque me queda más cerca la hora. Entran a las 8, salen a las 4 y yo trabajo hasta las 6 de la tarde”.

Buscó vivienda cerca de su zona de trabajo, pero las rentas son mucho más elevadas de lo que el gobierno le dio de apoyo para renta. “A veces no me aceptaban con niños. Y ahora yo sola voy y vengo diario con mis hijos”.

Para salir de sus viviendas los vecinos firmaron un convenio en el que el gobierno se comprometió a ayudarlos con esos montos, pero no todas las familias obtuvieron el beneficio porque no tuvieron cómo comprobar que eran residentes, a pesar de tener décadas viviendo en el lugar.

Es más fácil que nos regresen nuestra vivienda y el dinero que nos están dando yo creo que ya es bastante, porque ya son casi cinco años para renta y eso lo hubieran ocupado para la compra del predio y que adquiriéramos nuestra casa de nuevo. Y que definitivamente pues construyan aquí. No pedimos nada regalado. De verdad que no pedimos nada. Yo prefiero estar ocupando ese dinero para renta en estar pagando mi vivienda.

De la promesa van más de seis años y cinco desde el momento en que les pidieron salir del predio para comenzar los trámites de reconstrucción y no ven ni de lejos que les puedan cumplir. Además, acusan que con el gobierno de Clara Brugada en CDMX el trato cambió y ha sido ríspido, además de la falta de atención del Invi, bajo la titularidad de Inti Muñoz.

“Aquí no nos han demostrado nada, ni yo ni los vecinos hemos visto nada de que haya vestigios arqueológicos”, afirma Érika.

Perla asegura: “Yo, se los juro, me doy por bien servida que me den mi vivienda, porque yo aquí nací. Imagínense el impacto tan fuerte que tengo en mi cabeza, todo el mundo aparentemente me ve bien, pero no estoy bien”, dice la mujer que ahora vive a ocho calles, pero por la dificultad de tener que subir cuatro pisos, en edificio con techos altos, le es imposible continuar con su negocio, en el que estuvo durante 20 años. También tiene que cuidar de su madre, a quien hace poco le detectaron cáncer y a sus más de 80 años tiene que pasar por quimioterapias.

En todo caso piden que el INAH muestre oficialmente cuáles han sido los hallazgos, pues argumentan que en varios edificios alrededor del Zócalo existen y bajo consideraciones de relevancia, en algunos casos los edificios se han entregado a quienes han vivido ahí por décadas. Incluso estos vecinos están agrupados en la Asociación Frente Inquilinaria, que tiene ya casi 50 años, por lo que no se identifican como damnificados a raíz de lo sucedido en 2019, sino con derechos de regresar a sus casas donde se les prometió que volverían.

En este caso existe la zozobra de que no les permitan regresar a ese predio por el interés de “venderlo al mejor postor”, porque también han observado que en la zona reemplazan los edificios de viviendas para dedicarlos a plazas de comercio que dejan más dinero.