CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Hace ocho años, el 30 de mayo de 2018, el entonces Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, desde Ginebra hizo un llamado “a las autoridades mexicanas a tomar medidas urgentes para poner fin a la ola de desapariciones en la ciudad de Nuevo Laredo y sus alrededores”, que habrían sido cometidas “por una fuerza federal de seguridad”.

En ese momento Al Hussein advertía que el equipo de ONU-DH en México había recuperado testimonios de una veintena de víctimas de desaparición forzada atribuidas a personal de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina (UNOPES), entonces dirigida por el almirante Marco Antonio Ortega Siu, pero que tenían información de que por lo menos 40 personas más habían sido víctimas del flagelo.

“Es vital que las autoridades mexicanas realicen una búsqueda efectiva de las personas cuyo paradero aún sigue siendo desconocido y que lleven a cabo una investigación diligente, independiente y completa para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar que sean llevados ante la justicia. También deben otorgar protección a testigos y defensores y promover asistencia los familiares de las víctimas”, sostenía el documento.

A ocho años de esa alerta, la impunidad campea en el caso conocido por el gobierno mexicano como “Caso Tamaulipas”, que fue motivo de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 36 VG/2020, que sólo reconoció 27 víctimas y que derivó en una disculpa pública de la Semar a los familiares en 2021.

Incluso antes, el Caso Tamaulipas fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante los últimos meses de la administración de Enrique Peña Nieto, por Karla Quintana, entonces responsable de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), mientras que en enero de 2019 el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se reunió en Nuevo Laredo con los familiares de las víctimas y prometió el esclarecimiento del caso.

Insuficiencia probatoria

A ocho años sólo el caso de José Luis Carrillo Bautista, desaparecido el 16 de mayo de 2018, ha sido llevado a juicio, pero sus presuntos captores fueron absueltos por supuesta insuficiencia probatoria y falta de certeza.

De acuerdo con los señalamientos de familiares y testigos, José Luis fue sacado por marinos del establecimiento Yonke Pepe´s, donde se llevaba a cabo una reunión en la que se encontraban decenas de personas, quienes fueron sometidas por los uniformados y algunas de ellas pudieron grabar los hechos, además de que al lugar llegaron periodistas alertados por familiares de las personas retenidas.

El 16 de abril último Carlos Alberto Pantoja Arreola, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en La Paz, Baja California Sur, absolvió a siete marinos identificados como presuntos responsables de la desaparición forzada de José Luis Bautista, en una audiencia llevada a distancia desde el Centro de Justicia Penal de Reynosa, sin la presencia de los familiares de la víctima por no haber sido notificadas con tiempo suficiente por personal de la Fiscalía General de la República (FGR).

La resolución significa “un golpe tremendo no sólo para la familia de José Luis, sino para todas las que tenemos un esposo, un hijo, una hija, desaparecidos por la Marina”, dice Erika Castro Martínez, esposa de Carrillo Bautista, quien el pasado 27 de mayo presentó una queja contra el juzgador ante Tribunal de Disciplina Judicial, en la Ciudad de México.

De acuerdo con el documento entregado por Castro, al absolver a los marinos señalados, Roberto Carlos Díaz Macedonio, Leonardo Barrios Fu, Jesús Abraham Villa, Jorge Vital Paulino, Pablo Nicolás Mejía, Rafael Zúñiga Olivera y Jesús Manuel Mongoy Hernández, el juzgador incurrió en conductas “contrarias a los principios de legalidad, imparcialidad, honradez y respeto que deben regir en el actuar de los servidores públicos judiciales”.

Para Erika, el juez se condujo con “una parcialidad” que favoreció a los marinos procesados y a quienes absolvió “ignorando todo el desfile probatorio en cual se demostró claramente el hecho atribuido a los responsables”.

La esposa del desaparecido pidió al Tribunal de disciplina revisar la sentencia emitida por el juzgado así como las audiencias del juicio que se llevaron a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Reynosa, Tamaulipas, con la finalidad de que el órgano de disciplina judicial “pueda constatar la mala actuación” del juez Pantoja Arreola.

El juicio del caso de José Luis, que contaba con elementos contundentes, generaba una gran esperanza para las familias de las 27 víctimas identificadas en la recomendación de la CNDH, 20 de las cuales siguen sin ser localizadas, mientras siete fueron encontradas semienterradas con signos de tortura y huellas de ejecución extrajudicial,

“En su desaparición hubo 52 personas que fueron testigos de cómo se llevaron a mi esposo del yonque (deshuesadero), donde estábamos, mi hermana y yo también fuimos testigos. No me parece justo que después de ocho años, de reunir nosotros todas las pruebas, de que era el caso más documentado de los 27, el juez haya dejado libres a los marinos, que ahora nos enteramos, no por alguna autoridad, sino porque los vimos que ni siquiera estuvieron en la cárcel”, dice Erika.

“Los principales testigos somos yo y mi hermana Gabriela Castro; teníamos identidad reservada en el juicio, se nos quitó la identidad reservada para que el juez, Carlos Alberto Pantoja Arreola, de Baja California, tuviera sensibilidad, viera el sentir de nosotros.

“Y aun así la resolución de él fue absolutoria. No es justo para nosotros. Aparte, tenemos mucho miedo porque esos siete marinos nos vieron, nos identificaron, tuvieron suficiente tiempo para saber quiénes somos y también mis compañeras. Tenemos miedo por todos los familiares de los 27 porque los marinos desaparecieron a nuestros familiares, a mi esposo, son 27 personas desaparecidas, todas estamos en riesgo en Nuevo Laredo”, sostiene Erika, quien en la impugnación de la sentencia del juez Pantoja Arreola solicitó la reposición el juicio.

Sin defensa adecuada

Erika reprocha que durante el proceso judicial no tuvo una defensa adecuada del agente del Ministerio Público federal Abraham Ramírez ni un buen acompañamiento por parte de la Asesoría Jurídica Federal de la CEAV, que constantemente le cambiaba de asesores jurídicos, por lo general, jóvenes recién egresados sin experiencia en el litigio estratégico en derechos humanos.

Tan débil fue el acompañamiento, acusa, que fue hasta la audiencia del 18 de marzo que advirtió que los siete procesados por la desaparición de su esposo, habían estado siguiendo su proceso en libertad, después de haber aportado una fianza de cinco mil pesos por marino.

Durante la última reunión que los familiares de los desaparecidos tuvieron con el agente del MP en la Ciudad de México, no hubo una respuesta satisfactoria para explicar el sentido de la sentencia, considera Erika.

“Lo único que me dijo que ellos presentaron todas las pruebas, que la decisión fue del juez, que no es su decisión, ahí pasándose la bolita unos a otros, porque justamente le fui a reclamar que nunca me notificó que estaban libres los marinos, pasándole la bolita a los anteriores fiscales.

“Igual, durante el juicio me notificaba de un día para otro, y cuando se iba a dar la sentencia, me avisó como a las 12 de la noche del día anterior, y ya no me pude mover a Reynosa, donde se llevaba el juicio virtual, por eso no estuve cuando el juez desde La Paz absolvió a los marinos”, lamenta Erika Castro.

De acuerdo con la sentencia absolutoria relacionada con la causa penal 308/2020 contra los marinos Roberto Carlos Díaz Macedonio, Leonardo Barrios Fu, Jesús Abraham Villa, Jorge Vital Paulino, Pablo Nicolás Mejía, Rafael Zúñiga Olivera y Jesús Manuel Mongoy Hernández, de la cual Proceso tiene copia, el juzgador desestimo por “infundados” los elementos presentados como prueba de la responsabilidad de los uniformados en la desaparición forzada de José Luis Bautista Carrillo, presentados por la FGR a través de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas.

Durante el juicio oral, que inició el 18 de marzo, el agente del Ministerio Público federal presentó 43 testigos, entre ellos personas que estuvieron presentes en el momento en que marinos irrumpieron en el deshuesadero Yonke Pepe’s, donde se llevaba a cabo una reunión, así como la versión de un periodista, de peritos de la FGR y de agentes que participaron en la investigación, y videos y fotografías de lo ocurrido la tarde del 16 de mayo de 2018.

Los testimonios refieren que unos 20 marinos llegaron al lugar a bordo de tres camionetas, dos de ellas con los números económicos 812408 y 608037; que al descender de los vehículos lanzaron disparos al aire, para después ingresar maltratando a los asistentes a la reunión, despojándolos de sus pertenencias, como teléfonos, dinero, joyas, y que a José Luis Bautista Carrillo, lo golpearon y llevaron a una oficina que se encuentra dentro del negocio.

Agregan que transcurrida una hora con cuarenta minutos, cuando a las afueras del lugar llegaron familiares de las personas retenidas acompañadas de periodistas, los periodistas salieron del lugar a bordo de las dos camionetas en las que se trasladaban.

Una vez que los marinos dejaron el sitio, Erika refiere en su testimonio que buscó a su esposo en la oficina, y al no encontrarlo preguntó a las personas que se hallaban cerca del lugar, quienes le indicaron que se lo habían sacado por un acceso ubicado a un costado del negocio y fue obligado a subir a una camioneta que se encontraba estacionada a inmediaciones de un autolavado.

El teléfono de la víctima lo tenía un marino

Durante el juicio se exhibió un video en el que se observa a marinos, “con uniforme táctico, casco, pasamontañas, guantes y armas largas”, sometiendo a las personas que asistieron a la reunión en el deshuesadero, y se alcanzan a ver dos unidades de la marina.

En la indagatoria, la fiscalía tuvo evidencia de que el dispositivo telefónico que llevaba a José Luis Bautista Carrillo había estado en posesión de uno de los Marinos procesados, Ricardo Fabián Avendaño, por lo menos hasta febrero de 2019.

Los peritajes pudieron ubicar ese dispositivo en los destacamentos navales que operaron durante el tiempo en que estuvieron desplegados los marinos en Nuevo Laredo, así como en otras zonas del país y el sitio de donde fue detenido José Luis.

Los peritajes identificaron que el registro del aparato celular estaba registrado bajo el nombre distinto al de José Luis. A pesar de que la esposa de Julio César y otros familiares sostuvieron que el aparato era usado por el marino, el juez invalidó la prueba, sin una explicación de por qué el aparato estuvo en poder del marino a partir de mayo de 2018.

Entre otros elementos de prueba se encuentra el examen de balística realizados a los once casquillos percutidos la tarde del 16 de mayo en el Yonke Pepe´s, resaltando que son calibre .223 “o el equivalente a su calibre en México es que es calibre 5.56 por 45 milímetros de la marca probable Uzi Military o Essencial Arms, es un calibre reservado para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en este país”. De los once casquillos, ocho fueron percutidos por una misma arma larga.

Entre los elementos de prueba, la FGR presentó las bitácoras de los 257 elementos de Marina desplegados entre enero y mayo de 2018 en Nuevo Laredo, en las diferentes bases de operaciones instaladas en la ciudad fronteriza, ubicando precisamente las dos camionetas identificadas por los testigos y los videos en las que viajaban, oficialmente, sólo siete marinos, comandados por el primer maestre Roberto Díaz Macedonio, y que al finalizar su jornada firmó como “sin novedad” .

La sentencia incorporó los testimonios de los marinos procesados rendidos ante la propia Semar, el 30 de septiembre de 2019, según el oficio DJN/AP/16166/2019, recabados por Araceli Méendez Rivas, entonces directora de Justicia Naval.

La narrativa es uniforme y en ella hacen referencia que acudieron a Yonke Pepe´s por un llamado anónimo de que había personas armadas en el sitio, pero que “tenía aproximadamente 10 minutos que se habían ido”.

Sobre las imágenes presentadas por la fiscalía, los marinos explicaron que “familiares de algunas de las personas que se encontraban dentro del yonque (sic), junto con reporteros y prensa, grabaron video y observaron al interior de camionetas sin localizar personas armadas, que no hubo personas detenidas, ni objetos o material ilícito asegurado”.

Los testimonios de las personas que estuvieron presentes, como los peritajes, fueron desestimados por el juez Carlos Alberto Pantoja Arreola, que siguió el juicio virtualmente desde La Paz, Baja California, pues estaba radicado en Reynosa, Tamaulipas.

El lunes 25 de mayo, familiares de 27 personas desaparecidas consideradas en la recomendación 36 VG/2020 llegaron a la Ciudad de México para solicitar a la presidenta de la República una reunión con representantes de la Fiscalía General de la República, la CNDH, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría de Gobernación, para revisar el Caso Tamaulipas.

La petición tiene la intención de “exponer nuestra inconformidad por las deficiencias dolosas en las diferentes carpetas de investigación por parte del Ministerio Público, presentar propuestas de búsqueda en sitios cercanos a Nuevo Laredo, así como exhibir la lentitud de trámites refrentes a la reparación integral como punto recomendatorio”.

Los familiares de las víctimas recordaron que de las 27 víctimas reconocidas en la recomendación seis han sido encontradas con signos de tortura y ejecución extrajudicial, en tanto que el resto no han sido localizadas.

Ellos son Julio César Viramontes Arredondo, José Daniel Trejo García, José Luis Bautista Carrillo, Marx Moreno Salas, Israel Jiménez Palacios, Jorge Antonio Hernández Domínguez, Juan Carlos Zaragoza González, Adolfo Ángel Chigo Villegas de 14 años, Mauricio Toledo Cervantes, Edgar Alberto Treviño Ochoa, Brandon Eduardo Nevárez García, Daniel Gerardo García Ramírez, Marco Antonio Romero Sánchez, Alan de la Fuente Serna, Rubén de la Fuente Serna, Juan Carlos Pérez Navarro, José Emilo Romero Rodríguez, Glafiro Vázquez Mendoza, Dafni Tamara Báez, Gabriel Gaspar Vázquez y Martín Rico García.