CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organismos públicos de derechos de las ciudades sedes de la Copa Mundial de Futbol hicieron un llamado al Estado mexicano a “situar los derechos humanos como criterio rector de todas las decisiones públicas” que hacen posible que el evento sirva como “oportunidad de proyección internacional” del país. 

A unos días de la inauguración de la justa mundialista, las comisiones de derechos humanos de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León firmaron un pronunciamiento conjunto en el que alertaron que “más allá de su dimensión deportiva, el Mundial tendrá efectos directos sobre la vida cotidiana de millones de personas”. 

Los organismos públicos reconocieron que la Copa Mundial de Futbol tendrá un impacto en las formas en que habitan y transitan los habitantes de las ciudades sede debido a “la transformación del espacio público, los operativos de seguridad, los cambios en movilidad, el incremento de dinámicas turísticas y los procesos económicos asociados al evento”. 

Los organismos recordaron que por experiencias de eventos deportivos anteriores, de no anticiparse los impactos, “agudizan desigualdades estructurales, enmarcadas en desplazamiento de comunidades, reconfiguración urbana que afecta el espacio público, restricciones a libertades civiles, criminalización de la pobreza, riesgos de violencia, explotación laboral, trata de personas, afectaciones ambientales y exclusión de poblaciones históricamente discriminades”. 

Alertaron que por experiencias de otros países sede se ha evidenciado que “bajo argumentos de seguridad, orden urbano o imagen pública, pueden generarse políticas ya acciones con impactos desproporcionados sobre grupos específicos”. 

Las comisiones de derechos humanos de las entidades sedes urgieron a los gobiernos locales a “actuar de forma articulada, preventiva y territorial para contribuir a que el desarrollo del evento se lleve a cabo bajo un marco de respeto, protección y garantía de derechos humanos”. 

Agenda de observación

Al insistir en que “todo magno evento debe desarrollarse desde un enfoque de derechos humanos”, anunciaron la articulación entre las tres comisiones para “construir una agenda coordinada de observación, monitoreo, intercambio de información, acompañamiento territorial y diálogo interinstitucional frente a los impactos sociales que puedan derivarse”, así como “identificar riesgos de manera oportuna y generar respuestas integrales centradas en las personas”. 

Tras señalar que el Mundial puede contribuir a fortalecer “vínculos comunitarios”, y que el derecho al deporte implica la inclusión de todas las poblaciones entre ellas personas con discapacidad y otros grupos de atención prioritaria, los organismos públicos de derechos humanos consideraron que el evento internacional también es una “oportunidad para fortalecer el derecho a la ciudad y promover un uso equitativo e incluyente del espacio público”. 

“El Mundial 2026 exige corresponsabilidad pública, coordinación institucional y decisiones centradas en las personas”, de ahí que las comisiones de derechos humanos de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, urgieron a los tres niveles de gobierno a tomar medidas que “coloquen los derechos humanos como criterio rector de todos los procesos vinculados al Mundial 2026”. 

Sugirieron a los gobiernos estatales, municipales y el federal fortalecer “mecanismos permanentes de coordinación con organismos públicos de derechos humanos y sociedad civil”, así como garantizar que las “estrategias de seguridad, movilidad y ordenamiento territorial respeten los principios de legalidad, proporcionalidad, inclusión y no discriminación”. 

Las comisiones estatales llamaron a los tres niveles de gobierno a promover “el derecho al deporte y el acceso incluyente al espacio público”, y generar “mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas que permitan prevenir y atender posibles afectaciones a derechos humanos”. 

Para los organismos públicos de derechos humanos de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León “el legado del Mundial no debe medirse únicamente en términos económicos, turísticos o de infraestructura”, pues su trascendencia “dependerá de la capacidad colectiva para construir ciudades incluyentes, políticas públicas humanas y espacios de convivencia donde el desarrollo y los derechos humanos avancen de manera conjunta”. 

Puntualizaron que la justa mundialista “también representará un referente sobre la capacidad institucional y colectiva para garantizar la dignidad y los derechos humanos en el marco de un mega evento de alcance global”. 

Las comisiones de derechos humanos de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León se comprometieron a “observar, acompañar e impulsar acciones coordinadas que contribuyan a que el desarrollo del Mundial se realice con pleno respeto, protección y garantía de los derechos humanos”.