CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– En zonas de la Ciudad de México, donde el propio gobierno de Clara Brugada reconoce que existe “tensión inmobiliaria” –colonias atravesadas por el aumento del valor del suelo, la presión sobre la vivienda y el desplazamiento de habitantes históricos–, adultos mayores, sin recursos, solos o con alguna discapacidad enfrentan procesos judiciales, amenazas de desalojo y presiones para abandonar los espacios donde han vivido por décadas.

Uno de esos casos es el de María Guadalupe Sánchez, “Lupita” para vecinos y amigos, mujer de 61 años con discapacidad visual y auditiva que hoy enfrenta un proceso penal por despojo para intentar permanecer dentro del único lugar que reconoce como suyo: un cuarto deteriorado de menos de seis metros cuadrados en la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez, donde nació, creció junto a su hermana, cuidó a su madre hasta su muerte y envejeció mientras alrededor desaparecían vecindades y surgían nuevos edificios.

En entrevista, su abogado y concejal de Morena en esa alcaldía, Hugo Torres, asegura que el caso no es aislado y que acompaña disputas similares en Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.

En las tres alcaldías gobernadas por la oposición –Benito Juárez y Miguel Hidalgo, encabezadas por los panistas Luis Mendoza y Mauricio Tabe, así como Cuauhtémoc, administrada por Alessandra Rojo de la Vega–, Torres identifica un patrón donde habitantes históricos terminan sometidos a litigios por despojo mientras los inmuebles comienzan a circular dentro de esquemas de promoción inmobiliaria.

El representante legal precisa que el fenómeno no se limita a las demarcaciones mencionadas, sino que se extiende en varios niveles de Gobierno. Por ejemplo, Lupita fue denunciada por despojo en la Fiscalía Desconcentrada de Benito Juárez, que depende de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), encabezada por Bertha Alcalde Luján. 

Torres habló de una “mafia inmobiliaria”, anidada en despojos de inmuebles y fraudes procesales. Esos mecanismos, detalla, implican la simulación de actos jurídicos y pueden involucrar la participación de notarios públicos, corredores públicos, actuarios, jueces y otros servidores públicos.

También aparecen trámites y registros vinculados con dependencias del Gobierno de la Ciudad de México. Entre ellas, el abogado mencionó a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), por el manejo de información relacionada con el predial; la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), por las cuentas de agua; y el Registro Público de la Propiedad, por los folios registrales, inscripciones de sentencias y otros movimientos asociados a la propiedad de los inmuebles.

La casa de Lupita

En el número 39 de la calle Manuel Acuña hay una casa diminuta pintada de azul con blanco; está justo en la esquina, tiene muros desgastados, una puerta de establo, perforada y podrida, asegurada con una cadena. Sólo hay una ventana pequeña. Es el hogar de María Guadalupe Sánchez.

La vivienda ocupa menos de seis metros cuadrados. Dentro, la humedad terminó por devorar las paredes hasta arrancar el repellado y dejar el ladrillo desnudo, manchado por hongos oscuros y vetas de moho. Apenas conserva una tercera parte del techo; el resto lo cubre una lona roja hundida y vencida que oscurece el cuarto incluso durante el día, le da al espacio una sensación cerrada, pesada.

Cuando llueve, el agua se empoza encima de la tela; entonces, Lupita corre y empuja el agua con el palo de una escoba para evitar que el peso termine desgarrando la cubierta improvisada sobre su habitación.

En el mismo espacio donde duerme está el excusado, descubierto y sin regadera. Para bañarse calienta agua en cubetas sobre una pequeña parrilla eléctrica conectada a extensiones que cuelgan entre los muros húmedos.

La cama permanece pegada a la pared; junto a ella sobreviven un sillón rojo envejecido, una televisión de caja y algunos muebles pequeños que parecen restos dispersos de una vida familiar que se fue deshaciendo al mismo tiempo que la casa.

Con lágrimas, Lupita recuerda que antes tenía comedor, refrigerador, estufa, ropero y literas, pero los vendió en 2016 después de la muerte de su madre para poder pagar la cremación. En ese mismo cuarto, dos años antes, murió su hermana.

También rememoró la colonia Moderna de su infancia: 

Allí enfrente un señor rentaba viviendas, había niños, yo me juntaba con ellos; allí también era una vecindad, enfrente también; aquí había muchas vecindades y era bonito esos años cuando yo estaba chica porque hacían posadas, se festejaba el Día del Niño, Los Reyes Magos, y pues todos los niños estaban jugando, pero ya ahora, desafortunadamente, ya se acabó todo eso.

En los alrededores de su casa ahora se levantan inmuebles y edificios habitacionales con departamentos ocupados por nuevos residentes.

Ese proceso fue precisamente el que la administración de la morenista Clara Brugada intentó describir cuando incorporó el concepto de “tensión inmobiliaria” al discurso público en julio de 2025.

La categoría, presentada por la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis), encabezada entonces por Alejandro Encinas, buscaba identificar territorios donde el mercado de vivienda se encontraba desequilibrado por el incremento acelerado del valor del suelo, la presión inmobiliaria y el desplazamiento de habitantes históricos.

El caso de Lupita desnuda otra dimensión de la presión inmobiliaria en la ciudad: procesos judiciales contra adultos mayores que habitan solos viviendas deterioradas en colonias donde el valor del suelo aumentó aceleradamente, mientras enfrentan enfermedades, precariedad económica y litigios que comprometen su permanencia en el lugar donde han vivido durante décadas.

Lupita nunca se casó, no tuvo hijos y su círculo familiar desapareció poco a poco hasta dejarla únicamente con el apoyo de sus vecinas y una ayuda económica del Gobierno de la Ciudad de México para personas discapacitadas.

Además, en 2014 sufrió un desprendimiento de retina y no pudo operarse por falta de dinero. También desarrolló síndrome de Menière, enfermedad que le causó pérdida auditiva y problemas permanentes de equilibrio.

“Por eso me enojaba con Dios. Porque yo decía que yo me iba a hacer viejita con mi hermana; ella tampoco se casó, tenía 51 años cuando murió. Entonces, sí me enojé con Dios porque yo no quería que se muriera mi hermana”, lamenta mientras se alista para ir al comedor comunitario de su colonia.

La amenaza de despojo

Lupita cuenta su calvario: en octubre de 2025 llegaron las primeras notificaciones judiciales sin que entendiera completamente qué le estaba ocurriendo.

Con confusión, habló de documentos, citatorios y audiencias donde comenzó a escuchar repetidamente que debía abandonar Manuel Acuña 39.

“La licenciada me decía: ‘Señora, se tiene que salir, se tiene que salir, usted no es la dueña’. Yo nomás la oía y la oía”, dice. Primero, le asignaron un abogado de oficio que, a su consideración, no la defendió.

Las presiones no quedaron limitadas a tribunales. Dijo que durante las madrugadas comenzaron a llegar hombres desconocidos a tocar la puerta de la vivienda. Le gritan que ya son los dueños, que tiene que abandonar el inmueble y que, si no sale, la van a meter a la cárcel. Ella responde llamando patrullas y activando el altavoz del teléfono; entonces los hombres desaparecen antes de que llegue la policía. 

“Sólo Dios sabe con qué clase de gente estoy tratando”.

Fueron sus vecinas quienes comenzaron a acompañarla y quienes finalmente la acercaron con su actual abogado y concejal de Morena en Benito Juárez.

De acuerdo con el defensor, apenas tres meses después de que se presentó la denuncia la carpeta ya había sido judicializada. Para enero de 2026 Lupita ya estaba vinculada a proceso y obligada a acudir periódicamente a firmar ante autoridades judiciales.

La medida cautelar modificó por completo su rutina. Cada traslado implica caminar, utilizar transporte público y entrar a un Metro saturado pese a sus problemas de visión y equilibrio.

“El Metro viene muy lleno, no puedo entrar, me avientan”, cuenta. “No es justo que tenga que ir, ni que fuera una delincuente en potencia o que cause peligro a la sociedad”, lamenta Lupita.

En su caso, la defensa ubicó un fraude procesal, pues la dirección de Manuel Acuña 39 ya aparecía promovida en esquemas de “gestoría” inmobiliaria antes incluso de que ella recibiera las primeras notificaciones judiciales. Torres proporciona capturas de pantalla que muestran conversaciones de WhatsApp donde se ofrecen propiedades “irregulares” mediante “gestoría de vivienda INVI (Instituto de Vivienda de la Ciudad de México)”, pagos divididos entre enganches y mensualidades, además de referencias a oficinas ubicadas en Montecito 38, piso 39, en la colonia Nápoles. Entre las propiedades promovidas aparece también la dirección donde Lupita vive.

El abogado explica que este caso forma parte de un patrón que identifica en distintas colonias de Benito Juárez como Xoco, Américas Unidas y San José Insurgentes, además de otros casos en Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.

En el caso particular de María Guadalupe Sánchez, explica, la jueza planteó como alternativas que abandonara la vivienda y fuera enviada a un albergue; de lo contrario podría enfrentar prisión preventiva en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Para Lupita dejar su cuarto sería devastador: “Me sentiría triste porque, aunque esté yo en estas condiciones, no es que me haya adaptado; aquí estuvo mi hermana, mi mamá, mi papá; entonces, desprenderme de aquí sería muy difícil y más para mi edad, volver a hacer vida en otro lado y no tengo los medios para irme a vivir a otro lado”.

Agrega: 

La juez me dijo que me tenía que ir a un albergue, pero no me quiero ir, o a un asilo, no me quiero ir porque con todo y mis limitaciones yo todavía puedo ser útil.

La defensa compartió que el caso ya fue llevado ante distintas instancias del gobierno que encabeza Clara Brugada. Buscaron interlocución en el Zócalo de Gobierno con el secretario de Gobierno, César Cravioto; con el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, y también buscan una mesa con Rafael Guerra, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para solicitar la revisión del proceso y de las medidas cautelares impuestas contra Sánchez.

El único funcionario que los recibió fue Inti Muñoz, quien se comprometió a que el INVI se deslindaría públicamente de cualquier esquema de promoción relacionado con Manuel Acuña 39.

Además, Torres presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México y una denuncia ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos contra la jueza de control María del Rocío Morales Hernández.

Mientras tanto, Lupita sigue intentando acercarse directamente a Clara Brugada; algunos martes acude al Zócalo capitalino para intentar hablar con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y, según relata, puede pasar horas esperando sin conseguirlo. “Me dicen que no, que sólo si es un caso extremo”.