CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- A 14 días de la inauguración el Mundial de Futbol, integrantes del Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio OSC), así como funcionarios de organismos estatales de derechos humanos de las entidades sede, alertaron sobre riesgos de represión policiaca durante las movilizaciones ciudadanas que se tienen previstas en el contexto del torneo. 

Durante el conversatorio “Voces en la calle: El derecho a defender derechos humanos y la protesta social en el contexto del Mundial de Fútbol en México”, defensores de derechos humanos y representantes de las comisiones de derechos humanos de la Ciudad de México, de Nuevo León y Jalisco, reconocieron que la justa mundialista es un escenario susceptible de ser legítimamente utilizado para exponer problemáticas sociales ante los ojos del mundo, sin que hasta ahora se conozcan protocolos de seguridad ciudadana que antepongan el respeto a los derechos humanos. 

Pedro Cárdenas, de Artículo 19, recordó que en 1978 el Mundial de Argentina fue aprovechado por familiares de personas desaparecidas por la Junta Militar encabezada por Rafael Videla; en el torneo Brasil 2014 se exhibió la limpieza social a la que se recurrió, y en Qatar 2022 se protestó por las condiciones laborales en ese país, y en México uno de los antecedentes está en las Olimpiadas de 1968, momento en el que hubo movilizaciones al grito de “No queremos Olimpiadas, queremos revolución”. 

Cárdenas resaltó que en México la alerta está prendida, considerando que colectivos de familiares de personas desaparecidas entre otros movimientos sociales, ya han anunciado diversas movilizaciones, aunado a que no solamente las corporaciones de seguridad participarán en la vigilancia de los estadios, sino también empresas de seguridad privada que podrían tener confrontaciones con manifestantes. 

Al señalar que al menos 290 empresas de seguridad estarán a cargo de diferentes momentos de la seguridad del mundial en las tres sedes mundialistas, Cárdenas resaltó que eso se suma a la participación de corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno, sin que hasta ahora se conozcan mecanismos de coordinación. 

“Si cada institución, si cada proceso tiene un protocolo distinto, pues va a ser una locura (...) los derechos humanos son un piso, base del cual no se debe de traspasar por ninguna autoridad y ninguna empresa. 

“El gran tema va a ser cuando lleguen las situaciones, porque van a llegar, es cómo nos aseguramos que estas instancias reaccionen debidamente y, particularmente, que respeten los protocolos de instancias que tienen que estar aplicando, y ahí está otro tema de riesgo periodístico es el derecho al acceso a la información”, puntualizó.

Cárdenas recordó que Artículo 19 y otras organizaciones pusieron en operación la Red Rompe el Miedo en 2013, como “como un espacio meramente monitoreo de la protesta social” a la que los periodistas suelen dar cobertura, pero que ahora se ha ampliado en las 32 entidades en cualquier evento en el que se prevea la participación de fuerzas policiales o armadas. 

El defensor agregó que para el Mundial la Red Rompe el Miedo iniciará su monitoreo a partir del 10 de junio y hasta el 20 de julio, por lo que instó a las autoridades y a empresas que estarán a cargo de la seguridad de los espacios en torno a la competencia, conducirse con respeto al legítimo derecho a la protesta. 

Recordó que al persistir en algunos estados los delitos contra el honor, en contextos de movilizaciones “de alguna manera u otra terminan criminalizando la protesta” y se procesa a manifestantes por delitos como “daño a la propiedad”, sobre todo en casos de “los bloqueos carreteros, que son protestas prácticamente históricas en México (...) vemos que se criminalizan desde lo legal y esto justifica precisamente que pueda haber detenciones, que son contrarias precisamente porque contraponen al derecho a la libre manifestación y asociación”. 

Denisse Montiel directora del Centro para la Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), con sede en Guadalajara, Jalisco, resaltó en esta entidad ha sido escenario de varios momentos de represión , como ocurrió con las manifestaciones en el contexto de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, en 2004, y la represión de las protestas del 5 de junio de 2020, en la que se registraron detenciones arbitrarias, incomunicación, torturas y desaparición temporal de manifestantes, por agentes del estado. 

Al destacar que los agravios quedaron en la impunidad, Montiel alertó que, en eventos como el Mundial de Fútbol, “la protesta se vuelve una herramienta fundamental para visibilizar injusticias, para exigir derechos y para disputar narrativas frente a gobiernos que suelen priorizar la imagen internacional, la inversión y el orden público por encima de las garantías fundamentales”. 

Puntualizó que, en el caso de Jalisco, su capital es habilitada como sede siendo “el estado con mayor número de personas desaparecidas, con más de 16 mil víctimas reconocidas de manera oficial; un estado donde de manera cotidiana las familias encuentran fosas clandestinas y que muchas de ellas han sido localizadas a los alrededores del estadio donde se disputarán los partidos de fútbol”. 

La directora de Cepad resaltó que en la entidad madres buscadoras han sido reprimidas y que, de noviembre del año pasado a la fecha, 40 personas han sido detenidas por su participación en movilizaciones, algunas de ellas víctimas de “desapariciones forzadas de corta duración”, y otras sometidas a procesos penales. 

“¿Cómo podemos esperar que exista respecto al derecho a la protesta durante el Mundial? Cuando desde ahora los esfuerzos institucionales parecen además estar dirigidos a borrar cualquier expresión de inconformidad de la ciudad, lo vemos en el retiro sistemático de fichas de búsquedas de personas desaparecidas, en el cierre de múltiples espacios públicos, lo vemos en la criminalización de quienes toman la calle”, señaló Montiel.

Para la defensora resulta preocupante la incorporación de la Guardia Nacional, que tiene un enfoque militar, en los planes de seguridad del Mundial, más aún cuando “no se habla de derechos humanos, no habla del derecho a la protesta social, no habla de mediación, de diálogo, ni de la protección de las personas manifestantes, y eso es alarmante, porque cuando la protesta social se concibe como una amenaza al orden y no como un derecho democrático, el riesgo de la represión aumenta enormemente”. 

En el caso específico de la GN, la preocupación se centra en que “sus tácticas están diseñadas para neutralizar amenazas y combatir al crimen, no para garantizar derechos ni para manejar manifestaciones. La protesta social en este marco no debe ser tratada como un asunto de seguridad nacional”, puntualizó Denise Montiel, quien hizo un llamado a la comunidad internacional a hacer pronunciamientos a favor del respeto al derecho a la protesta y a condenar la represión, en caso de que ocurra. 

Desde Monterrey, Melva Frutos, de la Red de Periodistas del Noreste, destacó que resulta preocupante que “este Mundial se convierta en un pretexto para controlar el espacio público, para querer acallar las protestas, querer atropellar o controlar los derechos fundamentales de la protesta, de la documentación periodística, de la expresión y de la defensa de los derechos humanos”. 

Alertó que en eventos internacionales como el Mundial “se suele imponer la lógica del blindaje de las ciudades, del espacio público para privilegiar la imagen, el turismo sobre los derechos de las personas”, 

Frutos señaló que los periodistas de la región tienen experiencias negativas en eventos como el que se avecina: “Hay antecedentes ya de protestas contenidas por la fuerza pública, vigilancia excesiva a activistas, a periodistas, descalificación al trabajo que hacemos los periodistas”. 

La periodista señaló que se ha detectado que ante recientes concentraciones de personas en contextos de protesta, los cuerpos policiacos de Fuerza Civil están en tensión, violentando los derechos de periodistas en su trabajo cotidiano, lo que anticipa las complicaciones que habrá durante el desarrollo de la justa mundialista, toda vez que las zonas habitacionales que rodean el estadio de futbol que será sede de los encuentros, están ya bajo control de la FIFA. 

“Los habitantes que viven ahorita ahí en esos sectores tienen que tener un QR o algo así para poder ingresar a su colonia. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues, si tú como periodista, si no estás acreditado, no vas a poder ingresar a los alrededores, y tú como persona que quieres protestar por alguna causa, tampoco vas a poder ingresar a los alrededores”, explicó Frutos al señalar que quienes estarán en más riesgo serán las mujeres periodistas, contra quienes las fuerzas de seguridad suelen ser más agresivos. 

Los representantes de las comisiones de derechos humanos de las ciudades sedes explicaron sus planes para monitorear el desarrollo de la jornada mundialista, entre ellos estar disponibles las 24 horas del día para la recepción de quejas, asistir a las concentraciones donde se transmitirán los partidos de fútbol, así como mantener contacto con los colectivos que decidan manifestarse para acompañarlos en sus protestas, con la finalidad de documentar en el momento cualquier abuso de autoridad. 

Los representantes de las comisiones de derechos humanos de la Ciudad de México y de Jalisco, Víctor Parrada Picos y Raúl Bermúdez, respectivamente, reconocieron tener acercamientos con las autoridades estatales en el monitoreo de actividades de las corporaciones policiacas encargadas de la seguridad de los eventos.  

En el caso de la Ciudad de México, Parrada Picos contó que con las autoridades se están revisando protocolos de actuación; que tienen contacto con los colectivos que han anunciado movilizaciones para conocer la cantidad de personas estimadas a fin de movilizar a suficiente personal de la CDHCDMX para acompañar a los manifestantes, y se ha pedido a las autoridades que se den a conocer los juzgados cívicos en los que se llevaría a personas detenidas, para enviar personal también a esos espacios. 

En el caso de Nuevo León, el responsable del seguimiento de recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Pablo Rojas Durán, sostuvo que desde 2023 el organismo ha estado buscando el diálogo con autoridades, con empresas, con la FIFA y con distintas oficinas de la ONU, para atender las problemáticas que podrían desarrollarse alrededor del evento. 

Al señalar que en lo que va del año el organismo local ha recibido 89 peticiones para acompañar manifestaciones, Rojas Durán señaló que la “FIFA como empresa pues tiene obligaciones en materia de derechos humanos, responsabilidades que tiene que cumplir”, Rojas Durán en la agenda de la federación internacional “los derechos humanos no han sido prioritarios”. 

Agregó que, en el caso de la Fuerza Civil, ha habido “coordinaciones infructuosas”, debido a la reticencia de la Secretaría de Seguridad de la entidad gobernada por Samuel García, para aceptar recomendaciones relacionadas con actos de represión a manifestaciones en el contexto del 8M y a periodistas. 

Destacó que a pesar de que existen recomendaciones puntuales en las que la comisión estatal ha requerido protocolos de la Fuerza Civil en contextos de manifestaciones, hasta ahora no ha recibido respuesta, por lo que el organismo ha solicitado la intervención del Congreso local y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).