CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La justicia no se detuvo sola. La fueron cercando.

Desde abril de 2025, cuando una estructura metálica se desplomó en el Festival Ceremonia y mató a los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Hernández, el caso quedó atrapado en una maquinaria de recursos, suspensiones, escritos y maniobras que, más que defender derechos, han servido para impedir que el expediente llegue a donde tendría que haber llegado hace meses: ante un juez. No es una historia de simple lentitud judicial. Es la historia de un proceso asediado.

Porque, contra la versión cómoda de que el caso se empantanó en la inercia de la autoridad, el expediente cuenta otra cosa: la Fiscalía de la Ciudad de México sí intentó judicializar. Sí buscó abrir la audiencia inicial. Sí consiguió, en distintos momentos, condiciones para hacerlo. Pero cada vez que el proceso pareció dar el paso decisivo, algo apareció para frenarlo: un amparo nuevo, una suspensión, una impugnación, un recurso paralelo. El caso no se congeló por accidente. Lo congelaron.

En el centro de esa estrategia aparece un nombre que el expediente vuelve imposible ignorar: Operadora Eclectic, administradora del Parque Bicentenario. No se trata de una empresa periférica ni de un actor tangencial. Era la responsable directa del Programa Especial de Protección Civil del festival, que fijaba obligaciones, previsiones y responsables de la seguridad del evento.

La cifra es brutal. Desde abril de 2025, Operadora Eclectic promovió 15 juicios de amparo. Trece de ellos tuvieron un propósito concreto: impedir la celebración de la audiencia inicial. Dicho sin rodeos: la empresa que asumió por escrito responsabilidades en materia de seguridad fue también la que desplegó con mayor intensidad una estrategia legal para evitar comparecer ante un juez. Ahí está una de las claves políticas, jurídicas y morales del caso.

El 6 de marzo de 2026 pareció abrirse una rendija. La suspensión que mantenía bloqueado el procedimiento había quedado sin efectos, la audiencia estaba en puerta y la Fiscalía tenía listo el expediente para presentarlo. Era, por fin, el momento en que el caso Ceremonia podía entrar a la fase formal del proceso penal. Pero no ocurrió. Otra vez, el avance fue sofocado. Otra vez, el expediente volvió a quedar en pausa. Otra vez, la justicia fue empujada hacia atrás.

Y ahí emerge otra zona oscura del caso: la de los intereses cruzados en la representación de una de las víctimas. La postura pública del abogado Fabián Victoria, representante de la familia Giles, fue que la audiencia no debía celebrarse si no se incluía a todas las empresas que, a su juicio, debían ser imputadas. El argumento, en apariencia orientado a ampliar responsabilidades, terminó coincidiendo con el efecto que buscaba la defensa de Operadora Eclectic: frenar la audiencia. La coincidencia no sería tan grave si se tratara sólo de una convergencia de criterios. Pero el expediente y documentos judiciales reportados públicamente apuntan a algo más inquietante: escritos con argumentos prácticamente idénticos, presentados en tiempos semejantes y con un mismo objetivo de fondo.

En esa trama aparece también Gerardo Guzmán, señalado como operador jurídico en esa estrategia y, al mismo tiempo, servidor público activo de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México. Según los señalamientos contenidos en la documentación, Guzmán participó en actuaciones del caso y firmó escritos dirigidos a la Fiscalía para pedir que no se imputara a Operadora Eclectic. El dato desborda el terreno de la simple suspicacia: un funcionario público interviniendo en gestiones que beneficiaban a una empresa bajo investigación por un caso de homicidio culposo. Si eso no configura, al menos, un conflicto de interés de enorme gravedad, las autoridades capitalinas tendrían que explicar entonces qué entienden por uno.

El contraste entre las familias de las víctimas también ha quedado inscrito en el expediente. Mientras la representación vinculada a la familia Giles impulsó una ruta que en los hechos contribuyó a frenar la audiencia, la familia de Miguel Rojas empujó en sentido contrario: que el proceso avanzara, que la audiencia se celebrara, que la justicia empezara a correr. Ahí no sólo hay una diferencia jurídica; hay una fractura en la manera de entender qué significa pelear por justicia. Unos apostaron por bloquear hasta reconfigurar el tablero. Otros por abrir, de una vez, la puerta del juzgado.

También en ese punto el caso ofrece un contraste revelador entre empresas. OCESA sostuvo públicamente una disposición de colaboración institucional con las autoridades. Operadora Eclectic, en cambio, aparece como el actor corporativo más activo en la estrategia de contención judicial. Convirtió el litigio en barricada.

Un dato refuerza el mapa de responsabilidades: la póliza de seguro del festival fue presentada por George McPhail Trouyet como representante legal tanto de Operadora Eclectic como de Operadora de Proyectos de Entretenimiento, con vigencia en los días del evento. No es una nota al pie. Es una pieza que ayuda a entender la densidad de la red empresarial involucrada y la forma en que las responsabilidades operativas y jurídicas se entrelazan en torno a la organización del festival.

Más de un año después de la muerte de Berenice Giles y Miguel Hernández, el caso Ceremonia sigue sin la audiencia que debería haber marcado el comienzo del juicio. Nadie ha tenido que sentarse todavía ante un juez para responder por lo ocurrido. Y mientras eso no pase, la herida seguirá abierta no sólo para las familias, sino para el propio sistema de justicia.

Porque el expediente ya plantea una pregunta más incómoda que la inicial. No se trata sólo de quién tuvo responsabilidad en la tragedia del Parque Bicentenario. Se trata de identificar quiénes han trabajado, con tenacidad y eficacia, para que esa responsabilidad no sea examinada en los tribunales. En el caso Ceremonia, la impunidad no ha sido silencio. Ha sido litigio.