CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En el gobierno de Sinaloa persiste una percepción de mando paralelo. Fuentes consultadas por Proceso en distintas áreas de la administración estatal sostienen que, pese a la licencia de Rubén Rocha Moya, las decisiones de fondo seguirían pasando por su círculo político más cercano y no exclusivamente por la estructura formal del gobierno interino.

Los testimonios recabados por esta casa editorial describen un clima de tensión e incertidumbre en distintos niveles de la administración pública estatal. Funcionarios y empleados refieren dudas sobre la continuidad de mandos, el alcance real de las decisiones que hoy se toman y las posibles consecuencias administrativas o legales de actos realizados durante la gestión anterior.

De acuerdo con esas versiones, varios secretarios y funcionarios de primer nivel mantendrían comunicación y pactos con el exgobernador, mientras que figuras de su grupo político continuarían influyendo en decisiones internas.

Las fuentes consultadas afirman también que en distintas dependencias existe preocupación por revisiones futuras sobre decisiones administrativas tomadas en meses previos. En ese ambiente, algunos servidores públicos expresaron a esta revista temor a ser responsabilizados por actos que, según sostienen, fueron instruidos desde niveles superiores del gobierno estatal.

Estas nuevas versiones se suman al cuadro de opacidad y tensión política que rodea a Rocha Moya desde que solicitó licencia al cargo. El Congreso de Sinaloa autorizó esa separación temporal y tomó protesta a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina el 2 de mayo.

En días recientes, Proceso ha documentado además información de inteligencia y movimientos políticos alrededor del círculo del exmandatario. En ese contexto, las nuevas comunicaciones recibidas por esta redacción apuntan no sólo a la disputa por el paradero y las operaciones de Rocha Moya, sino a otra dimensión del conflicto: quién sigue tomando decisiones dentro del aparato estatal.

Hasta ahora, no existe pronunciamiento público documentado que confirme que Rocha Moya mantenga una conducción extrainstitucional del gobierno sinaloense. Lo que sí emerge de los testimonios recogidos por este medio es un patrón de temor burocrático, cadenas de comunicación informales y una percepción extendida de que la licencia no necesariamente significó una ruptura con el ejercicio real del poder.

A las versiones sobre la operación política de Rocha Moya dentro del gobierno estatal se añade una nueva advertencia de fuentes norteamericanas acreditadas por Proceso: que el exmandatario podría ser entregado a fin de mes a las autoridades estadunidenses.