CUERNAVACA, Mor. (Proceso).- Durante más de mil días el caso de Xóchitl Ramírez Velazco ha transitado por un proceso penal marcado por inconsistencias, omisiones y cuestionamientos a la actuación de las autoridades de Morelos. Mujer indígena mixteca nacida en Oaxaca, activista comunitaria en Guerrero y defensora de derechos humanos, permaneció privada de la libertad acusada de secuestro, un delito que rechaza sin matices: “Soy inocente… yo no hice ese delito”.

Xóchitl fue entrevistada por Proceso en su casa, donde debe permanecer como medida cautelar mientras se desahoga el proceso judicial por la acusación en su contra.

Hoy 7 de abril, a las 12:00 horas, en los juzgados de Atlacholoaya, se llevará a cabo la audiencia de alegatos y sentencia, en la que se definirá su situación jurídica tras más de mil días de proceso penal. El expediente llega a su etapa final con un cúmulo de señalamientos que, de acuerdo con su defensa y organizaciones acompañantes, exhiben fallas estructurales en la investigación.

La activista comunitaria es acompañada por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, que ha señalado que el proceso es un ejemplo de fallas estructurales del sistema de justicia penal, particularmente en el uso de la prisión preventiva.

Organizaciones civiles advierten que la resolución será observada como un indicador del funcionamiento del sistema judicial en Morelos.

Detención confusa

La detención ocurrió el 3 de mayo de 2023 en Cuernavaca. Xóchitl sostiene que fue interceptada por policías estatales sin recibir una explicación inmediata sobre los motivos:

“Me daban vueltas, no me explicaban bien por qué me estaban deteniendo. No tenían nada de información”, recuerda.

Fue detenida sin orden de aprehensión en ese momento y, horas más tarde, acusada de un secuestro ocurrido en marzo de 2019; no pudo ver a su familia y afirma que tampoco se le informó que podía contar con una defensa particular. El desfase entre la detención y la formalización de la acusación es uno de los elementos que su defensa considera relevantes dentro del proceso.

La investigación en su contra se extendió durante más de dos años. Sin embargo, Xóchitl cuestiona que, pese a ese tiempo, las autoridades no hayan logrado ubicarla antes de su detención:

“¿Cómo es posible que no supieron ni siquiera dónde yo vivía, dónde trabajaba? Si yo no me escondía. Googlea mi nombre y aparece”, señala.

Su actividad era pública: participaba en organizaciones, tenía registros fiscales y mantenía presencia en espacios comunitarios. Para ella, esto contradice la narrativa de una persona difícil de localizar que han dado las autoridades.

Desde su detención, permaneció por más de dos años en prisión preventiva. Después de una defensoría pública deficiente, ha contado con el acompañamiento de organizaciones que han aportado pruebas que la ubican en lugares distintos a donde se cometió el delito que se le imputa. Aun así, la medida cautelar se mantuvo durante un periodo prolongado.

Su defensa ha interpuesto diversos juicios de amparo para lograr que se consideren testimonios que fueron desechados inicialmente, entre otros puntos. En julio de 2025 se logró modificar su medida cautelar a prisión domiciliaria, tras reconocer el grave deterioro de su salud (padece epilepsia) y el impacto negativo que su encarcelamiento tuvo en su hijo con discapacidad, además de que el tribunal admitió pruebas que inicialmente habían sido excluidas.

Antes de su detención, Xóchitl trabajaba en proyectos de desarrollo comunitario enfocados en derechos de las mujeres, educación, salud y territorio con la organización Atzin Desarrollo Comunitario, con sede en Cuernavaca. Su labor incluía acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad en localidades como Tlamacazapa, comunidad nahua de Taxco donde ella residió un tiempo.

“No me gustan las injusticias; aunque no quiera, sigo en esto”, afirma.

Ese contexto, sostienen organizaciones, es un elemento relevante para entender el caso en su conjunto y las posibles implicaciones que ha tenido su activismo.

A unos días del fallo, Xóchitl mantiene una expectativa cautelosa:

“Tengo un 95% de confianza en que voy a salir, pero hay un 5% por el sistema, por la corrupción”.

Para las organizaciones que acompañan el caso, la resolución será determinante no sólo para su situación jurídica, sino como precedente sobre el uso de la prisión preventiva, particularmente en contra de mujeres indígenas y defensoras de derechos humanos.

La audiencia de sentencia marcará el cierre de un proceso que, sostienen, debe resolverse con base en las pruebas y bajo estándares de debido proceso.

Su exigencia, insiste, es concreta: “Que revisen mi caso, que vean las irregularidades, que no sigan llenando las cárceles de personas inocentes”.

Y concluye: “Busco justicia. Es lo único que quiero”.

Contradicciones y debilidades en la investigación

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, durante años no se presentaron pruebas directas que acreditaran su participación en el delito.

En contraste, la defensa de Xóchitl ha aportado diversos datos de prueba a su favor:

“Se han presentado al menos 11 testimonios que ubican a Ramírez Velazco en distintos puntos entre el 9 y el 12 de marzo de 2019, así como dictámenes periciales en informática, identificación humana, grafoscopía y análisis del testimonio”.

Uno de los hallazgos más relevantes surgió recientemente:

“En enero de este año, una perita en informática validó, mediante metadatos, fotografías tomadas los días 8, 10 y 11 de marzo de 2019, que ubican a la acusada en Cuernavaca, en actividades públicas, y no en el lugar del delito”.

A pesar de estos elementos, uno de los ejes de la acusación fue la identificación de Xóchitl a partir de una fotografía tomada años antes, cuando visitaba a su entonces pareja en un centro penitenciario:

“Esa foto es de 2011. ¿Cómo es posible que sea la que le muestran a la víctima? ¿De dónde la sacaron?”, cuestiona.

Para la defensa, estos elementos evidencian debilidades en la integración de la carpeta de investigación. A ello se suman cambios en los responsables del caso dentro de la fiscalía, lo que, a decir de la entrevistada, ha afectado la consistencia del proceso.

La experiencia en prisión

Durante su tiempo en reclusión, Xóchitl afirma haber identificado situaciones que se repiten en otros casos:

“Hay muchas mujeres inocentes en la cárcel, muchas están ahí por ser novias, exnovias o familiares” de personas que cometieron algún delito.

También describe condiciones limitadas dentro del sistema penitenciario, particularmente en la atención médica:

“Para todo te dan paracetamol, aunque necesites algo especializado”.

Estas experiencias, señala, reforzaron su percepción sobre las fallas estructurales del sistema de justicia penal, especialmente para personas sin recursos o sin redes de apoyo.