CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de personas desaparecidas en la Ciudad de México bloquearon Avenida Insurgentes Sur, a la altura de la estación Olivo del Metrobús, en la alcaldía Álvaro Obregón, para exigir que jueces y magistrados autoricen diligencias pendientes que, de acuerdo con sus testimonios, han impedido avanzar en la localización de sus familiares.  

Durante la protesta, señalaron que las resoluciones judiciales han frenado líneas de investigación relacionadas con el acceso a información y responsabilizaron al Poder Judicial por la falta de resultados en los casos: “El 99.7 % de impunidad en las desapariciones es resultado de los jueces”. 

También advirtieron que, tras la reforma al Poder Judicial, este tipo de decisiones podría favorecer condiciones que abran margen a prácticas irregulares entre autoridades y criminales. 

La movilización fue encabezada por al menos siete familias buscadoras que se instalaron en uno de los principales corredores viales del sur de la capital mexicana con mantas y pancartas en las que escribieron: “¿Justicia para quién? Protegen criminales y castigan a las víctimas”.  

Los inconformes portaron fotografías de sus familiares desaparecidos y cerraron parcialmente la circulación durante varias horas, lo que generó afectaciones al tránsito.  

“Magistrados y jueces tienen que hacer su trabajo”, exigieron durante la protesta. En una entrevista realizada por Proceso previo al bloqueo, tres familias participantes explicaron que el eje del reclamo se centró en decisiones judiciales que impiden autorizar diligencias vinculadas con el acceso a información de telecomunicaciones —como registros de llamadas, datos de conexión o análisis de redes— que consideran necesarias para abrir o consolidar líneas de investigación que podrían conducir a la localización de sus seres queridos.  

En los casos consultados, las autorizaciones para el acceso a esta información han sido negadas o retrasadas. En ese sentido, consideraron que se configura una tensión entre derechos, en la que —según su postura— las resoluciones judiciales terminan privilegiando la protección de información de personas que podrían ser identificadas como presuntas responsables, frente al derecho de las víctimas a ser buscadas. 

Los entrevistados, quienes prefirieron mantenerse en el anonimato para no afectar las carpetas de investigación, dijeron que muchos de los casos que motivaron la movilización corresponden a investigaciones de alto impacto, ya que algunos están judicializados por secuestro, mientras que otros están relacionados con la desaparición de mujeres o menores de edad.  

Pese a estas características, coincidieron en que no se ha logrado avanzar en diligencias que consideran fundamentales para el desarrollo de las investigaciones. 

Este señalamiento se inscribe en un contexto documentado por organismos internacionales. El pasado 2 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió en un informe que en México persiste una situación de impunidad casi absoluta y que solo entre 2% y 6% de los casos de desaparición han sido judicializados. 

El mismo Comité aseguró que, incluso cuando los casos se investigan como desaparición forzada, “los presuntos responsables resultan frecuentemente absueltos debido a los estándares probatorios particularmente exigentes para esta clase de delitos”. 

Además, el organismo documentó deficiencias en los procesos de búsqueda e investigación, entre ellas retrasos en la recopilación y análisis de redes telefónicas, hojas de llamadas y datos generados por teléfonos móviles, así como la fragmentación de las investigaciones y la falta de coordinación entre autoridades. 

Durante la protesta, las familias vincularon estas condiciones con el nivel de impunidad en el delito de desaparición y denunciaron que las decisiones judiciales inciden directamente en la posibilidad de avanzar en las investigaciones.