CIUDAD DE MÉXICO (apro) .-  La escena se repite en México con una frecuencia alarmante: una víctima de feminicidio, una familia que lucha durante años contra la impunidad y, finalmente, una resolución judicial que profundiza el agravio como ocurre por estos días con el caso de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo. 

La injusticia contra Maciel Alejandrina ha vuelto a colocarse en el centro del debate tras una resolución judicial que modificó la medida cautelar del presunto responsable. 

Austria, hija de la víctima, encabezó el pasado 9 de abril una protesta frente al Tribunal de Disciplina Judicial para denunciar la liberación del presunto feminicida de su madre. La manifestación estuvo acompañada de reclamos hacia el sistema de justicia y advertencias sobre el riesgo que enfrentan las víctimas indirectas del caso.  

Desde 2019, Austria ha impulsado la exigencia de justicia por el crimen. En 2023 se logró la detención de Mario Alberto Sabag Corona, señalado como presunto responsable; sin embargo, una reciente resolución volvió a modificar el curso del proceso.  

El origen de esta nueva controversia se encuentra en la resolución emitida por la jueza Amarande Riojas Orozco, titular del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal, quien concedió un amparo, ordenando al juez de Control que, en el término de 48 horas, dejara insubsistente la prisión preventiva del acusado, ordenando su inmediata libertad.  

Como consecuencia, un juez de control de la Ciudad de México sustituyó la prisión preventiva por resguardo domiciliario del imputado, bajo vigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).  

Durante la audiencia correspondiente, el juez de control manifestó reservas respecto al alcance de la resolución, aunque señaló que debía acatarla en los términos ordenados.  

Un caso marcado por la impunidad  

El feminicidio de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo ocurrió la madrugada del 18 de marzo de 2019. De acuerdo con los registros del caso, la víctima fue agredida dentro del domicilio que compartía con su pareja.  

Las lesiones fueron múltiples y de extrema gravedad: contusiones en todo el cuerpo, una herida en la garganta provocada por un gancho que le fue incrustado y un traumatismo craneoencefálico grave que, semanas después, le costó la vida.  

El registro forense incluyó múltiples contusiones, una herida en el cuello provocada por un objeto punzante y un traumatismo craneoencefálico grave. Semanas después, Maciel falleció a consecuencia de la agresión.  

De acuerdo con la familia, desde las primeras horas posteriores a la agresión se presentaron irregularidades, entre ellas presuntas alteraciones en la escena y dificultades para localizar a la víctima en el hospital, donde habría sido registrada con un nombre distinto.  

El proceso penal se encuentra actualmente en etapa de juicio oral. La modificación de la medida cautelar ha sido cuestionada por la familia de la víctima, que considera insuficientes las condiciones de control establecidas.  

Uno de los elementos señalados es que el imputado no se presentó a una audiencia programada el 7 de abril, lo que, a juicio de la familia, incrementa el riesgo de evasión cuando el proceso se acerca a una posible resolución.  

Resulta particularmente grave –de acuerdo con la familia– que, a lo largo de las 72 hojas que integran la sentencia, en ningún momento se haga referencia, análisis o aplicación del estándar de juzgar con perspectiva de género, pese a tratarse de un asunto que, por su naturaleza, exigía obligatoriamente la incorporación de dicho enfoque.  

A lo anterior se suma la denuncia de que la resolución no consideró factores esenciales como el riesgo para las víctimas indirectas, el historial violento del caso ni el momento procesal, pues el asunto ya se encontraba en etapa de juicio oral, desahogándose diversos testigos fundamentales.  

La familia de la víctima –consultada por Proceso– también cuestiona que, al conceder el amparo, la jueza Amarande Riojas Orozco no consideró que las dilaciones del proceso no fueron atribuibles a la autoridad judicial, sino a la conducta procesal de la defensa.  

De acuerdo con el expediente, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024 la defensa solicitó diferimientos, promovió incidencias y generó interrupciones que retrasaron la continuidad de las audiencias.  

Según la familia, estos elementos debieron ser considerados al evaluar el tiempo que el imputado permaneció en prisión preventiva, ya que la ley establece que el límite de dos años puede ampliarse cuando la prolongación del proceso deriva del ejercicio del derecho de defensa.  

Además, en una audiencia celebrada el 2 de septiembre de 2024 las partes realizaron una renuncia expresa a los plazos constitucionales y procesales, lo que permitía extender la tramitación del juicio más allá del plazo ordinario. A pesar de estos elementos, la resolución de amparo instruyó al juez de control a modificar la medida cautelar bajo advertencia de sanciones en caso de incumplimiento. 

Tras la decisión judicial, la familia presentó una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial para que se investigue la actuación de la jueza que concedió el amparo.  

Un síntoma estructural  

El caso de Maciel Alejandrina ha reactivado el debate sobre el funcionamiento del sistema de justicia en México.  

Colectivas feministas y organizaciones civiles señalan que este tipo de decisiones judiciales pueden generar escenarios de impunidad incluso en casos de violencia extrema. 

Especialistas advierten que el problema no se limita a un caso aislado, sino a un patrón de procesos prolongados, revictimizantes y con fallas estructurales.  

En particular, ha generado críticas el hecho de que la jueza que concedió el amparo haya sido identificada previamente con posturas vinculadas a la agenda feminista, mientras que su resolución ha sido interpretada por organizaciones y activistas como contraria a ese enfoque.  

Para la familia de Maciel Alejandrina, el proceso continúa siendo una batalla por evitar que el caso quede impune. Austria lo resume en un planteamiento que ha repetido desde el inicio del proceso: no se está exigiendo venganza, sino justicia.