CUERNAVACA, Mor. (Proceso).- Una motocicleta sin placas cruza sin obstáculos la puerta 1 del campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). No hay registro. No hay revisión. Entra, recorre el circuito que conecta las facultades y se detiene en las escalinatas entre Derecho y Humanidades. Nadie interviene. Nadie pregunta.

Minutos después, un estudiante recibe un mensaje: “Listo, llegaron los dulces”.

La escena, aparentemente inofensiva, refleja uno de los modos de distribución y venta de drogas dentro del campus Chamilpa (Norte). Testimonios recabados por Proceso indican que no se trata de un caso aislado: la dinámica responde a una estructura sostenida por accesos sin control y vigilancia fragmentada, que opera a plena luz del día y evidencia redes delictivas organizadas en el campus.

El campus es vulnerable por la falta de protección en una parte del bardeado, que cubre de la puerta 1 a la 2 y laterales. La parte trasera (3 kilómetros), zona boscosa, queda abierta. Esto permite operar con impunidad.

Entrevistas con estudiantes, trabajadores y académicos —que pidieron anonimato por temor a represalias— confirman que la dinámica se replica en 34 unidades de nivel superior y nueve de medio superior, en 17 municipios.

Con tránsito libre y supervisión intermitente, estos puntos se normalizan: dejan de percibirse como anomalías y se integran, en silencio, a la vida cotidiana universitaria hasta volverse invisibles.

Se trata de un problema estructural: la falta de control y vigilancia no sólo sostiene estas operaciones, también configura un escenario de riesgo, con asaltos a plena luz del día, robo de vehículos, intentos de privación de la libertad contra estudiantes y hurtos en facultades, laboratorios y otros espacios universitarios.

Esta inseguridad es la principal motivación de la base estudiantil que, desde el 2 de marzo, mantiene un paro en varios campus bajo el nombre “Resistencia Estudiantil UAEM”.

El movimiento surgió tras la desaparición el 20 de febrero, al interior del campus Chamilpa, y el posterior feminicidio de Kimberly Joseline Ramos Beltrán, estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática. A ello se suma la insensibilidad de las autoridades universitarias, quienes habrían negado cualquier tipo de apoyo a la familia, según denunció su tío Ernesto Rivera.

El caso no es aislado. La desaparición y feminicidio de Karol Toledo, estudiante de Derecho en el campus Mazatepec, el 2 de marzo, profundizó la indignación y evidenció un patrón de violencia que, acusan estudiantes, no ha sido atendido con la debida diligencia.

A ello se suman denuncias recientes sobre una presunta red de trata de personas vinculada a la universidad, lo que empeora el panorama.

En el mismo contexto se documenta violencia de género contra alumnas y trabajadoras: acoso académico y sexual, así como agresiones cometidas por compañeros, docentes y personal administrativo. Un ejemplo reciente es el caso del director de la Facultad de Medicina, Lorenzo Díaz Carrillo, quien enfrenta una denuncia ante la Fiscalía de Morelos por los presuntos delitos de amenazas de muerte y violencia de género.

Pese a la existencia de denuncias, persisten prácticas de revictimización, mecanismos informales de protección a los agresores y un entorno de impunidad.

Por las tardes y noches, en los campus, la falta de luminarias se vuelve evidente y propicia la comisión de delitos, según han documentado y denunciado integrantes de la comunidad universitaria.

En estas condiciones, miles de jóvenes estudian en un entorno inseguro. De ahí la consigna surgida tras la desaparición y feminicidio de Kimberly Joseline Ramos: “La UAEM no me cuida, me cuidan mis amigas”.

Seguridad ineficiente

Al preguntar a estudiantes, académicos y trabajadores quién vigila el campus, casi todos responden: “Grupo Venados”. Algunos mencionan seguridad privada, pero no está claro el alcance de cada instancia.

Grupo Venados se encarga de la seguridad interna y externa, atención de emergencias, control de tránsito y coordinación con autoridades. Sin embargo, estudiantes en paro señalan que en el Campus Chamilpa —con una comunidad universitaria de unas 40 mil personas— operan sólo 16 elementos (ocho por turno). Parte del personal se concentra en el C2, reduciendo la presencia en campo, por lo que la proporción es de un elemento para cuidar a cinco mil personas. En otros campus y facultades hay apenas tres o cuatro por turno. Los Venados forman parte de la plantilla universitaria y perciben 8 mil 800 pesos catorcenales; su estrategia principal son los rondines.

La seguridad privada está a cargo de Integradora de Sistemas en Seguridad Hebrón, S de RL de CV. Contratos y licitaciones de la UAEM, obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y revisados por Proceso, muestran continuidad en el servicio y baja competencia. La empresa se creó el 22 de septiembre de 2016 y obtuvo su primer contrato en 2020 por 22.5 millones de pesos, manteniéndose seis años consecutivos.

En 2024, en la licitación LP08 participaron dos empresas, incluida Hebrón; ambas fueron descalificadas y la licitación se declaró desierta, pero el Comité de Adquisiciones autorizó la excepción y adjudicó el contrato de forma directa a Hebrón. Este año se registraron cuatro compañías, entre ellas Armour King y SERPROSEP, con vínculos entre accionistas; la licitación se canceló por el paro estudiantil. Especialistas del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas señalan indicios de competencia simulada y posibles actos de corrupción.

El 12 de mayo de 2025, la UAEM firmó el contrato DRM-CPS-005-25 por 30 millones 72 mil 278 pesos con 25 centavos, vigente hasta el 14 de marzo de 2026, con 239 elementos: 220 guardias en 110 puestos de 24 horas y 19 en turnos de 12 horas. Jean Aoki Reyes Urióstegui aparece como gerente y representante legal de la empresa. El contrato establece responsabilidad patrimonial total, bitácoras diarias y planes operativos actualizados.

Aunque venció, una cláusula permite mantener el servicio si no hay nuevo proveedor, por lo que la seguridad privada sigue operando en la UAEM.

Pero el servicio brindado por Hebrón ha adolecido de fallas.

En noviembre de 2023 se reportaron robos de computadoras y mobiliario en campus del oriente de Morelos. El 13 de agosto de 2024, personas ingresaron de madrugada a aulas y oficinas en Chamilpa y sustrajeron equipo. El 29 de agosto, un grupo armado sometió a guardias en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y robó un tractor, una camioneta y borregos de investigación.

Estos hechos reavivan dudas sobre la contratación de Hebrón y sobre su permanencia. La continuidad de la empresa dirigida por Reyes Urióstegui cobra relevancia ante los presuntos vínculos con el senador Víctor Aureliano Mercado Salgado, un político que durante años ha formado parte de las cúpulas del poder —en gobiernos priistas, panistas y morenistas—, aunque con mayor influencia durante el pasado sexenio encabezado por Cuauhtémoc Blanco Bravo.

De acuerdo con reportes periodísticos y con información difundida públicamente en plataformas digitales por actores identificables, Mercado Salgado ha sido vinculado de manera indirecta con una red de empresas que, según estas fuentes, podrían haberse beneficiado del erario público y estarían relacionadas con posibles operaciones ilícitas.

El 11 de marzo, durante una conferencia de prensa, Reyes Urióstegui y el abogado Cipriano Sotelo negaron responsabilidad por la crisis de inseguridad en la UAEM —que incluye robos, violencia, venta de drogas, desapariciones y feminicidios— y rechazaron vínculo con Mercado. En entrevista con Proceso, Sotelo explicó que la empresa se limita a custodia intramuros: “Patrullajes, vigilancia y levantamiento de constancias. No podemos impedir el ingreso de rutas ni revisar personal o pertenencias. Nuestra función es observar y mantener el orden interno”.

Pero una revisión documental de la organización Morelos Rinde Cuentas, dirigido por Roberto Salinas —a la que tuvo acceso este medio— indican un vínculo entre Mercado y Aoki Reyes Urióstegui mediante empresas con contratos públicos desde 2021. Según la organización, poco después de constituir Esinnova y recibir sus primeros contratos, Aoki, junto con Joel Reyes, participó en la fundación de una asociación civil que dio origen al partido local Renovación Política Morelense, coincidencia temporal que sugiere convergencias entre intereses empresariales y políticos.

Documentos muestran que la empresa de Aoki operó en propiedades vinculadas al senador y recibió pagos durante 2020 y 2021. Entre 2019 y 2021, cuando Mercado encabezaba la Secretaría de Movilidad y Transporte, Esinnova recibió contratos por 6.6 millones de pesos, incluido un primer contrato adjudicado el mismo día de su creación.

La investigación también incluye a la empresa Zona Centro, que obtuvo al menos 16.3 millones de pesos en ese periodo. Mercado figuró como accionista antes de transferir sus acciones a Aoki. Otros documentos a los que Proceso tuvo acceso muestran que solicitó la marca “Zona Centro Noticias”, plataforma digital de contenido informativo.

Narcomenudeo, otro peligro en la UAEM

La venta de drogas opera en puntos estratégicos del campus Chamilpa y se replica en otros campus del área metropolitana, oriente y sur de Morelos. Un especialista en seguridad con acceso a información oficial consultado por Proceso señaló que los lugares incluyen el Jardín Botánico, CRIM, Campo Experimental de Ciencias Agropecuarias, campos deportivos y zonas internas de varias facultades. Afuera, bares y billares cercanos funcionan como puntos de contacto para jóvenes.

Académicos y exalumnos coinciden en que los sitios más visibles son el gimnasio-auditorio, el frontón con CrossFit y la zona Biomédicas, entre Artes y Biología. Testimonios indican que la venta de drogas persiste desde al menos 2007.

Un estudiante de octavo semestre comentó a este medio: “Siempre entran personas externas vendiendo brownies o donas con sustancias; algunos compañeros las compran. Lo vemos desde hace años, sobre todo en zonas oscuras o poco transitadas”.

Un académico que pidió reservar su identidad dijo: “Sí se sabe que la venta ocurre dentro del campus... Persiste por falta de personal, tolerancia para no generar enfrentamientos y, en algunos casos, complacencia”. Subrayó que la solución requiere participación activa: “No basta con planes internos; hay que exigir seguridad y justicia”.

El 19 de marzo, Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reveló que comercios clandestinos cerca de la UAEM venden droga y alcohol y que trabajarán en coordinación con el ayuntamiento de Cuernavaca para lograr un territorio más seguro.

“Que se investiguen” presuntos delitos: rectora

A casi un mes del paro en la UAEM, las denuncias de alumnas y trabajadores sobre acoso, amenazas y otros presuntos delitos graves mantienen bajo escrutinio a la universidad y a las autoridades. La Fiscalía estatal afirmó que, hasta ahora, no ha recibido denuncias formales por trata de personas, pese a la difusión de señalamientos en redes, movilizaciones y medios.

Durante las movilizaciones del 4 de marzo por justicia para Kimbery y Karon, estudiantes de la Facultad de Nutrición denunciaron que personas ajenas al campus ofrecen empleos como “edecanes”, “modelos” o acompañantes de alto nivel. El modus operandi combina contacto directo en el campus y áreas cercanas a Ocotepec con redes sociales y agencias falsas, incluso para captar menores de edad, alertando sobre un patrón de acoso físico y digital.

Sobre otros delitos denunciados durante el paro, especialmente amenazas a estudiantes, el fiscal Fernando Blumenkron Escobar reconoció que hay carpetas de investigación abiertas y estimó que deben ser más de una, aunque no precisó cifras exactas. Se comprometió a verificar el número y entregarlo a esta periodista. Blumenkron Escobar llamó a confiar en la autoridad y recordó que hay mecanismos de protección para quienes denuncian: “Se garantiza confidencialidad y medidas de protección a las personas que denuncian”, sostuvo.

El fiscal también dijo: “No hay denuncias de trata en la universidad”. Sobre investigaciones de oficio, añadió: “A veces iniciamos por redes o fuentes abiertas; si aplica, lo haríamos”.

Por más de un mes Proceso solicitó una entrevista con la rectora Viridiana Aydeé León Hernández. Finalmente, ella concedió un espacio, en el que negó conocer la presunta relación de la empresa de seguridad Hebrón con la universidad o con Víctor Aureliano Mercado Salgado, senador por Morena. Explicó que la contratación se hace según procedimientos auditados bajo ISO 9000, supervisados por el Comité de Bienes o de Adquisiciones, sin intervención directa de rectoría.

“Las licitaciones son públicas y toda la información está en la página institucional. Actualmente hay una nueva licitación con mayores requisitos y controles, incluyendo capacitación en perspectiva de género, equipamiento y protocolos de conducta”, detalló.

Sobre la venta de drogas y otros delitos en el campus, según denuncias de trabajadores y extrabajadores, afirmó: “No tenemos reportes formales sobre estas circunstancias. Lo más importante es que se realicen las investigaciones correspondientes en el marco de la ley y con autoridades competentes. La universidad no encubrirá ninguna actividad ilegal y apoyará la denuncia y seguimiento de los procedimientos”.

Finalmente, subrayó que los docentes deben reportar cualquier situación sospechosa, trasladando implícitamente parte de la responsabilidad sobre la vigilancia y seguridad a quienes trabajan directamente con los estudiantes.