CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 1 de noviembre de 2019, el feminicidio de Verónica Soto Hernández, quien acababa de concluir sus estudios de enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), truncó su futuro y desde entonces su caso sigue sin resolverse. Desde entonces su madre Andrea Soto, busca que la máxima casa de estudios le entregue el título póstumo de su hija. 

“Para mí es un reconocimiento a los logros de su corta vida. Un símbolo de memoria para mi hija. Y un poco de justicia (...) Los culpables no están pagando, y sigue impune su caso”, aseguró Andrea Soto en entrevista con Proceso.

En 2019, durante el funeral de su hija, la directora del entonces ENEO, hoy Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENO), se comprometió a entregarle el título post-mortem. Sin embargo, esa promesa no se cumplió.  

Posteriormente, en 2024, Andrea Soto solicitó ante funcionarios universitarios el título de su hija, pero la institución afirmó que no podía otorgarlo porque Verónica no terminó el servicio social, aunque sí concluyó el 100% de los créditos, con un promedio de 9.6.    

No obstante, la noticia por la que se supo en marzo del 2026, que la UNAM entregó el título póstumo de Berenice Giles, estudiante que falleció en el festival Axe Ceremonia, llevó a Andrea Soto a continuar su lucha, cuestionando la falta de criterios claros que permitan entender por qué la institución da este reconocimiento en algunos casos y en otros no.  

La exigencia de Andrea Soto no es un reclamo aislado. En un país en el que la mayoría de los feminicidios quedan impunes, por las aulas de la UNAM han pasado mujeres que fueron violentadas, asesinadas o desaparecidas, algunas incluso, dentro del campus, como fue el caso de Lesvy Berlín Osorio en 2017, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en Ciudad Universitaria.  

“Se necesita para muchas que están olvidadas. Muchas que pasaron por esta casa de estudios, y que nadie las recuerda. De hecho, la UNAM siempre lo que ha hecho es tapar. Como si esos asesinatos, esas violencias, mancharan el nombre de la UNAM”, expresó Andrea Soto.  

En este contexto, la entrega del título universitario post-mortem podría ser una medida reparatoria que abone a lo no repetición de los hechos, de acuerdo con la colectiva Las Siemprevivas, que respaldó a Andrea Soto en su exigencia. 

El caso de Verónica Soto estancado en la Fiscalía de Barrientos 

En México, la justicia se pierde en la burocracia. Se escapa entre interminables trámites judiciales, funcionarios que no investigan ni buscan a los culpables, e instituciones que abandonan a las víctimas.  

En el caso de Verónica Soto, asesinada el 1 de noviembre del 2019, la carpeta de investigación no ha sido judicializada, lo que significa que no se ha iniciado el proceso judicial y el expediente está estancado en la Fiscalía Regional de Justicia de Tlalnepantla, conocida como la Fiscalía de Barrientos.  

“Ya van a ser 7 años (...) No han dado con los responsables. Fiscales van, fiscales vienen (...) me cambian a cada rato el ministerio público y ninguno hace nada. Y la carpeta sigue en etapa de investigación. Ya casi 7 años y no se ha judicializado”, expresó Andrea Soto, quien también dijo que no se han seguido las diligencias que pide la unidad de análisis y contexto.  

Verónica Soto fue asesinada tras asistir a una fiesta de Halloween en compañía de una amiga. El día siguiente, le avisaron a su madre que estaba en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Naucalpan, donde sucedieron los hechos. De acuerdo con reportes periodísticos de esa época, Verónica fue estrangulada.  

En entrevista con Proceso, Soto afirmó tener una idea clara de quién asesinó a su hija, sin embargo, sin evidencias y ante la incompetencia de las autoridades, el caso está estancado. 

Al respecto, Sonia Frías Martínez, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM, reveló en una conferencia que solo el 15% de los casos de feminicidio en las fiscalías del país se judicializaron, de acuerdo con datos del Censo de Procuración de Justicia 2025.  

El censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), expuso que en las fiscalías de toda la nación había 4 mil 523 casos de feminicidio consumados o en grado de tentativa. De esos, en 2 mil 229 se llevó a cabo la investigación inicial; 946 fueron presentados ante un juez de control; en 948 se concluyó la investigación complementaria y tan solo en 679 se presentó una acusación formal.  

En este panorama Andrea Soto, afirmó que diversas instituciones siguen poniendo trabas a la familia. “No es nada más la fiscalía. Ahora con la UNAM (...) el sistema de salud, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (...) Derechos humanos (...) ¿Y qué hacen? Burlarse de ti porque te mienten, te engañan, te prometen, te hacen perder el tiempo”. 

A lo largo de este proceso, Soto ha sufrido revictimización de parte de las autoridades, que le han hecho repetir su declaración al menos en tres ocasiones, lo que implica revivir sucesos dolorosos y traumáticos.  

Además, para poder dar seguimiento al proceso de su hija, vendió un negocio de alimentos que tuvo por 13 años y ahora se dedica a planchar: “Para que yo tuviera chance de permisos, de cambiar días, para estar en la fiscalía, para estar buscando la justicia para mi hija (...) No puede tener uno el compromiso de un trabajo formal”.  

El papel de la UNAM frente a la violencia feminicida 

El miércoles 8 de abril del 2026 la explanada de la Rectoría de la UNAM se llenó de flores, fotos y recuerdos de Verónica Soto, en un acto para exigir el título post-mortem.  

Durante el mitin, en el participaron cerca de 30 personas, funcionarios universitarios recibieron la solicitud de Andrea Soto por escrito, la cual tiene como fecha límite de respuesta la primera semana de mayo.    

El evento contó con la presencia de activistas, amigas y familiares, acompañadas por otras víctimas indirectas de feminicidio, como Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín Osorio, quién reclamó a la UNAM asumir acciones contra la violencia de género, más allá de la publicación de artículos de feminismo, o de “proyectar luces moradas en la Biblioteca Central previo al 8M”.   

En ese espacio, así como en las cercanías de la Biblioteca Central, es común ver a los recién egresados posando para las fotos, título en mano, acompañados de sus seres queridos. Celebran la materialización de un esfuerzo que rara vez es individual, y la mayoría de las veces se sostiene del apoyo familiar. 

Verónica y Andrea no tuvieron esa oportunidad; la violencia feminicida se las arrebató cuando estaban a punto de lograrlo.  

A pocos meses de cumplirse siete años de la muerte de su hija, Andrea Soto pide que no sea olvidada y el reconocimiento que permita “mantener su memoria y reconocerla como ser humano”.     

Al ser cuestionada por Proceso sobre la postura oficial de la UNAM, horas antes del evento, el área de comunicación de la rectoría negó tener conocimiento y dijo que, hasta no contar con una solicitud formal: “La postura es que no hay postura”.  

Posteriormente, tras haber recibido la solicitud por escrito, se turnó a la Dirección General de Administración Escolar, área que preparará la respuesta correspondiente. Hasta el momento no existe un posicionamiento de la máxima casa de estudios sobre el tema.