CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Con preocupaciones por la proliferación de “zonas de sacrificio a lo largo del país, con motivo del crecimiento industrial”, la persistencia de “conflictos socioambientales en todo el territorio”, los derrames de hidrocarburos bajo responsabilidad de Pemex, de la contaminación de cuerpos de agua, entre otras más, concluyó la visita a México del relator especial de Naciones Unidas sobre las Obligaciones de Derechos Humanos Relacionados con la Gestión y Eliminación Ecológicamente Racionales de las Sustancias y Derechos Peligrosos, Marcos Orellana.

Después de diez días de recorrer 13 estados y recibir 42 informes sobre situaciones en 20 entidades, Orellana urgió al gobierno de México a tomar medidas eficaces para enfrentar “los procesos industriales que han generado pasivos ambientales, altos niveles de contaminación y exposición de personas trabajadoras y comunidades que resienten los impactos de forma directa y desigual”. 

En su declaración preliminar, el experto se refirió a los derrames de petróleo bajo responsabilidad de Pemex en días previos a su visita y durante su estancia en el país, afectando “a comunidades y ecosistemas entre Pajapan, Veracruz y Paraíso, Tabasco, así como un incendio en la Refinería en Dos Bocas, Tabasco, en el que los reportes preliminares indican que lamentablemente habrían perdido la vida cinco personas”.

            Sobre Dos Bocas, uno de los megaproyectos impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Orellana alertó que recibió “información que las comunidades no fueron debidamente informadas al momento de su instalación”. 

Al señalar que “los derrames de petróleo amenazan la seguridad alimentaria, los ecosistemas y los medios de vida de las comunidades”, comentó en rueda de prensa que en cuanto estos incidentes lo que ha observado es “cómo la información viene de los vecinos, de la gente. No viene de la empresa responsable, no viene de las autoridades que regulan en su inicio”

Agregó que “sólo días después entran a manifestarse estos actores que tienen responsabilidades de acuerdo a la Constitución y las leyes de protección de derechos humanos”.

Alertó que la información es “la piedra básica para construir un sistema de respuesta que sea efectivo” y que sin ella “es muy difícil entrar a  regular, a establecer mecanismos de control efectivos y de esa manera entonces se empieza a normalizar los desastres ambientales”.

En su exposición lamentó “la persistencia de complejos conflictos socioambientales en todo el territorio, vinculados a un modelo de desarrollo industrial y económico que provoca grandes cantidades de sustancias peligrosas y residuos que envenenan ecosistemas y personas”.

Agregó que los impactos más graves de contaminación “afectan de manera desproporcionada a los Pueblos Indígenas y comunidades, las mujeres, la niñez y juventudes, las personas que viven en pobreza, las personas adultas mayores, los defensores de derechos humanos y en general, los miembros de comunidades donde el medio ambiente sano es una condición indispensable para su propia supervivencia social y cultural”.

El relator especial destacó que de acuerdo con el Inventario Nacional de Sitios Contaminados del gobierno federal, a junio de 2025, se tenían registrados mil 142 sitios con estas características, siendo algunos de ellos “verdaderas zonas de sacrificio, donde los esfuerzos de las autoridades y las normas que protegen la salud y el medio ambiente han resultado insuficientes”, y donde “se ha normalizado la enfermedad, el cáncer, abortos espontáneos, autismo, y el dolor”.

Al lamentar la desaparición  del Instituto Nacional  de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Orellana destacó como caso emblemático de la falta de garantía para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, es la denuncia del pueblo Yaqui, de que “no habría sido informado ni consultado sobre la posible exploración y explotación del litio en su territorio, lo que vulneraría los estándares del Convenio no. 169 de la OIT sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, del cual México es parte”. 

 Orellana se refirió a “la contaminación persistente de diversos cuerpos de agua en México. Los ríos Atoyac en Puebla y Tlaxcala, Lerma en el Estado de México, Tula en Hidalgo y Grande de Santiago en Jalisco están saturados de tóxicos descargados por la industria”.

El experto hizo énfasis en la contaminación del Río Sonora, afectado por un derrame masivo de desechos de lixiviado ácido en 2014 desde las instalaciones de la empresa minera Buena Vista del Cobre, propiedad de Grupo México, caso por el que hizo “un llamado a las autoridades para que adopten soluciones urgentes para abordar los pasivos ambientales y remediar la contaminación en la zona, especialmente frente a las afectaciones crónicas de la salud que implica la convivencia con tantas fuentes de tóxicos”.

Orellana hizo referencia a casos como las “fábricas de animales en Yucatán (…) que van desde los 50 mil cerdos, las que han sido levantadas sin consulta en comunidades e alrededor de mil 500 habitantes”, y que generan “tremendas cantidades de excretas y aguas contaminadas con hormonas y antibióticos”.

En su declaración preliminar, también expresó preocupaciones por los vertederos de desechos tóxicos, la extracción artesanal de mercurio, el uso de plaguicidas, así como de la desactualización de la normatividad ambiental, a pesar de que México ha firmado convenios internacionales y regionales.

“He escuchado el argumento que las nuevas normas ambientales como las de protección de la calidad del agua, no pueden afectar derechos adquiridos. Sin embargo, no existe un derecho adquirido a contaminar. La primacía de los derechos humanos y los derechos constitucionales requiere de la aplicación efectiva de normas a todas las actividades que puedan imponer riesgos tóxicos”, dijo el relator.

Al referirse  a la nueva Ley de Economía Circular, que entró en vigor en enero de este año, el relator señaló que si bien “reconoce el principio de la responsabilidad extendida del productor, aún falta fortalecer en la práctica que las empresas asuman la responsabilidad primaria de prevenir, mitigar, monitorear y reparar plenamente la contaminación tóxica. De lo contrario, el resultado pasa a ser la ‘intoxicación legalizada de las personas’. La responsabilidad empresarial debe ayudar a salvaguardar del derecho a un medio ambiente no tóxico”.

Durante su visita el relator se reunió con representantes de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud, Agricultura y Desarrollo Rural, Trabajo y Previsión Social, y de Energía; así como de la Comisión Nacional del Agua, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Fiscalía General de la República, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; la empresa pública y la Comisión Federal de Electricidad; así como  funcionarias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Instituto Federal de la Defensoría Pública y del Órgano de Administración Judicial, y la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. De igual forma agradezco a representantes y autoridades de los Gobiernos estatales de Hidalgo, Querétaro y Yucatán.