CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- A más de dos meses de la suspensión de Javier Tapia Santoyo como secretario de Administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN), las investigaciones internas y externas siguen abiertas y uno de los principales focos permanece sobre un contrato multianual de limpieza adjudicado durante su gestión.  

La separación del cargo, ordenada a partir del 29 de noviembre de 2025, fue solicitada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Raquel Buenrostro y formalizada por instrucciones del director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, como parte de un procedimiento administrativo por presuntas faltas graves, entre estas, el desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.  

Proceso Digital pudo confirmar que la medida se mantiene vigente mientras se integra el expediente incidental INC/01/2025, que indaga posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos y en procesos de contratación.  

“Se deberá suspender temporalmente del cargo de Secretario de Administración del Instituto Politécnico Nacional al C. Javier Tapia Santoyo, sujeto a investigación, y por ende, durante la vigencia de la medida cautelar, se deberá suspender el acceso de dicho servidor público a la cuenta de correo electrónico jtapias@ipn.mx y a la documentación, cuentas de sistema y aplicativos institucionales del IPN a los cuales se le haya dado acceso con motivo de sus funciones. Del mismo modo, se deberá suspender todo uso de recursos públicos financieros, humanos y materiales que en su caso dicho Instituto hubiera asignado al servidor público”, se instruyó en el oficio UCI/DGI/520/289/2025.  

Uno de los ejes centrales de la investigación es el contrato IPN-PS-ITP-106-2025 para el servicio integral de limpieza otorgado a la empresa Servicios Integrales Retimar, S.A. de C.V., por un monto superior a los 2 mil 500 millones de pesos, con vigencia hasta diciembre de 2028.  

El procedimiento de adjudicación fue impugnado el 27 de mayo de 2025 por la empresa Suministros Doxie, S.A. de C.V., que presentó un recurso de inconformidad contra la convocatoria IA-11-B00-011B00001-N-2187-2025, lo que derivó en la suspensión provisional del proceso y en la solicitud de informes circunstanciados a las áreas responsables.  

Posteriormente, el Órgano Interno de Control del IPN determinó la suspensión de oficio de la formalización del contrato e instruyó a las áreas responsables a realizar las acciones necesarias para dejar sin efectos el procedimiento.  

No obstante, información recabada al interior del Politécnico indica que, en los hechos, el servicio de limpieza continúa operando bajo los mismos términos, sin modificaciones visibles en la estructura administrativa que supervisa el contrato.  

En ese contexto, el director general de Infraestructura, José García Alonso, identificado por fuentes internas como cercano a Tapia Santoyo, mantiene la gestión cotidiana del servicio, lo que ha generado inquietud entre trabajadores y proveedores por las eventuales consecuencias que pudieran sufrir de seguir actuando con la contratista. 

Cabe recordar que Tapia Santoyo enfrenta una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentada por la Asociación de Ciudadanos Unidos para Erradicar la Corrupción (ACUEC), que lo señala por presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y fraude en la asignación de contratos públicos.  

La investigación también considera antecedentes de Tapia Santoyo en el ISSSTE, donde habría participado en procesos similares de contratación por montos millonarios, hoy bajo observación de instancias de fiscalización. En círculos de la administración pública, además, se ha comentado que recientemente Tapia Santoyo habría realizado gestiones ante la ASF, que buscan dar cierre al expediente en su contra.