NAYARIT (apro).- Alrededor de 700 tuxpanenses iniciaron un éxodo a pie desde el municipio de Tuxpan rumbo a la ciudad de Tepic como forma de protesta para denunciar la criminalización de la manifestación social en Nayarit, adeudos laborales a trabajadores municipales, la falta de incrementos salariales y presuntas irregularidades en la actuación de la Fiscalía General del Estado. 

La movilización es encabezada por el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Nayarit (SUBSEM). Su secretario general, Óscar Flavio Cedano Saucedo, explicó que el éxodo tiene como finalidad visibilizar a nivel estatal y nacional lo que consideran una política de represión institucional contra trabajadores, sindicatos y ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta. 

“En Nayarit se está criminalizando la protesta social. Se nos niega la toma de nota para tener representación legal y se nos ha reprimido y perseguido; tenemos carpetas de investigación abiertas”, afirmó. 

De acuerdo con el dirigente sindical, el contingente partió desde Tuxpan y recorrerá aproximadamente 88 kilómetros hasta la capital del estado, en un trayecto estimado de tres días. Durante el recorrido, los participantes avanzarán por etapas y acamparán en los puntos donde pernocten, como parte de la logística del éxodo. 

“El primer día salimos de Tuxpan y avanzamos hacia la localidad de Peñas, a unos 10 kilómetros. La meta es llegar al municipio de Ruiz, donde vamos a pernoctar y acampar. Al día siguiente caminaremos entre 30 y 40 kilómetros hasta el crucero de San Blas, donde nuevamente pasaremos la noche, y el lunes daremos el último tramo para llegar a Tepic”, detalló. 

El punto final del éxodo será la Fiscalía General del Estado de Nayarit, donde los manifestantes prevén realizar una protesta pacífica para exigir el cese de la criminalización de la protesta social, atención a denuncias interpuestas contra funcionarios públicos y una solución integral a los adeudos laborales que enfrentan trabajadores municipales. 

Serrano Saucedo explicó que la movilización surge tras diversas protestas y bloqueos realizados por trabajadores, los cuales —aseguró— están amparados por el derecho constitucional a la libre manifestación. Sin embargo, señaló que cinco trabajadores fueron vinculados a proceso penal. 

“De esos cinco compañeros, se les quitó el 60 por ciento del salario, se les impuso una fianza, tienen que firmar cada 15 días, no pueden salir del estado ni acercarse a protestas. Son delitos que la Constitución no castiga; al contrario, reconoce el derecho a manifestarse”, sostuvo. 

Agregó que existe la amenaza de que más de 500 trabajadores sean vinculados a proceso, debido a que autoridades cuentan con registros fotográficos de quienes participaron en movilizaciones previas. 

En el ámbito laboral, el líder sindical expuso que 130 trabajadores del municipio de Tuxpan, entre activos y jubilados, no recibieron prestaciones de fin de año, como aguinaldo, fondo de ahorro y primas vacacionales. Además, alrededor de 100 empleados de confianza y policías presentan adeudos de quincenas correspondientes a noviembre y pagos parciales en enero. 

“El municipio tiene una deuda histórica que supera los 16 millones de pesos en prestaciones que no se han cubierto durante años”, señaló. 

Indicó que el gobierno estatal otorgó recientemente siete millones de pesos al ayuntamiento de Tuxpan; sin embargo, precisó que se trata de un adelanto de participaciones federales que serán descontadas mensualmente a los propios trabajadores. 

“No es un rescate financiero real, solo es un paliativo que no soluciona el problema de fondo”, afirmó. 

Serrano Saucedo añadió que municipios como Tuxpan, Ruiz, Santiago, Rosamorada y San Blas requieren un rescate financiero estructural. Señaló que el gobierno estatal cuenta con capacidad presupuestal, pero ha priorizado obras de infraestructura sobre el pago de derechos laborales. 

“Mientras se destinan recursos a obras de alto costo, hay carencias graves: no hay medicamentos, no hay pagos completos y no hay condiciones dignas para los trabajadores”, expresó. 

Respecto a la seguridad de los participantes, informó que solicitaron acompañamiento institucional ante posibles riesgos durante el trayecto. Señaló que la Guardia Nacional accedió a brindar acompañamiento y que tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como la Comisión Estatal se encuentran dando seguimiento a la movilización. 

“La CNDH ya emitió medidas cautelares para evitar detenciones por manifestarse, porque es un derecho constitucional”, indicó. 

En materia salarial, el dirigente denunció que desde 2013 no se han otorgado incrementos reales a los trabajadores del estado, lo que ha derivado en una pérdida aproximada del 60 por ciento del poder adquisitivo. Criticó que la actual administración proponga un incremento del cinco por ciento. 

“Para un trabajador de nivel uno representa alrededor de 10 pesos diarios. No resuelve la precarización que vivimos”, afirmó. 

Finalmente, Serrano Saucedo dirigió un llamado directo al gobernador de Nayarit para que se siente a dialogar con los trabajadores y sus representantes sindicales, y para que se detenga la intervención política en las instituciones encargadas de impartir justicia. 

“Le pedimos que se abra al diálogo, que deje de detener la toma de nota y que permita avanzar en soluciones reales para los trabajadores y para el estado”, expresó. 

Asimismo, solicitó la intervención de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para que el gobierno federal actúe como mediador ante el conflicto. 

“Pedimos que la Secretaría de Gobernación nacional sea árbitro. Si estamos exigiendo algo fuera de la ley, que no se nos conceda; pero si es un derecho, que se respete. No puede ser que en Nayarit manifestarse sea motivo de persecución”, concluyó.