CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de abstenerse en un primer tiempo, el gobierno de México sumó su voto hoy a una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que exige una investigación "urgente" sobre las violaciones a los derechos humanos perpetrados por el gobierno de Irán en la violenta represión de las protestas que estallaron el pasado 28 de diciembre. 

La resolución, adoptada con 27 votos a favor, 7 en contra --incluyendo China, Cuba, India y Pakistán-- y 14 abstenciones, aprobó la extensión, para un año más, del mandato de un relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán, donde el balance de la represión gubernamental rebasa las 3 mil víctimas mortales, según los datos oficiales, aunque la cifra real podría ser mucho mayor, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil. 

Durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, relatores de la ONU advirtieron que los niveles de violencia desatados por la teocracia contra los manifestantes han sido los más letales, especialmente después del recorte de Internet y de las telecomunicaciones hacia el exterior, impuesto el pasado 8 de enero. 

Sara Hossain, jefa de la misión internacional independiente encargada de documentar los sucesos en Irán, denunció que los policías usaron rifles de asalto y ametralladoras pesadas contra los civiles, provocando numerosas muertes. 

En su defensa, el gobierno iraní aseveró que se permitieron las protestas en un primer tiempo, pero que éstas se turnaron violentas; retomando la retórica de los gobiernos autoritarios --incluyendo el de Donald Trump, en Estados Unidos--, Teherán acusó que algunos manifestantes son terroristas.