CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque uno de los lemas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es que las mujeres “no están solas”, su gobierno autorizó un aumento real de apenas 2% al presupuesto para la operación de refugios que ayudan a las que son víctimas de violencia feminicida; peor aún, éste se debe compartir con otros programas de la Secretaría de las Mujeres. 

A finales de septiembre pasado, la titular de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, informó ante diputados federales que el rubro destinado a refugios para atender mujeres violentadas, contenido en el “Programa para la Prevención y Atención de las Causas” de la dependencia, contemplaba un aumento de 3.2% en términos reales para el 2026. 

Sin embargo, la Red Nacional de Refugios (RNR) señaló que en los lineamientos del “Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas”, publicados recientemente, se destinaron 515 millones 33 mil 86.90 pesos para el componente C: “Apoyo para Espacios de Refugio Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos”. 

En un posicionamiento emitido ayer, reconoció que, “aunque este monto representa un aumento nominal respecto a 2025, el crecimiento real —descontando inflación— es de apenas alrededor del 2%”. 

Además, subrayó que ahora ya no solo Refugios y Centros de Atención Externa pueden acceder a esos recursos, sino que también lo pueden hacer Casas de Emergencia y Casas de Transición.  

“En la práctica, esto implica una disminución del presupuesto destinado a cada Refugio, una mayor dispersión de los recursos y una reducción en la capacidad para ofrecer una atención integral”, aseveró el documento de la RNR, producto del análisis del documento. 

La asociación civil reconoció “como un avance” la inclusión de Casas de Emergencia y Casas de Transición para mujeres sobrevivientes de violencia y sus hijos. 

Empero, manifestó su preocupación pues “esta expansión no venga acompañada de un aumento proporcional en el presupuesto. Esto significa que los recursos disponibles se distribuyen entre más necesidades, sin un crecimiento ajustado, lo que limita la sostenibilidad operativa, precariza la atención y afecta negativamente la calidad de los servicios”. 

Sin recursos suficientes y adecuadamente focalizados, añadió, “no es posible garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia”. 

Incertidumbre por falta de calendario 

En su posicionamiento, la Red reconoció también que los Lineamientos 2026 emitidos por la Secretaría de las Mujeres “ya especifican el monto destinado exclusivamente a los Refugios”, demanda que mantuvo desde septiembre del 2025. 

Sin embargo, destacó que, hasta ayer, no se habían establecido plazos públicos para la convocatoria, evaluación ni ministración de estos recursos. Incluso, dijo que, aún esperan la publicación oficial de la convocatoria para que los Refugios puedan presentar proyectos y acceder al Presupuesto de Egresos de la Federación 2026. 

“La falta de un calendario claro genera una grave incertidumbre operativa para los espacios que brindan protección inmediata a mujeres en situación de alto riesgo”, advirtió. 

Y sentenció: “Un presupuesto sin fechas concretas no es una garantía, sino una política de la incertidumbre que pone en riesgo la continuidad de la atención y, en última instancia, la vida de las mujeres”. 

La Red recordó que, en más de cuatro años consecutivos, el presupuesto destinado a los Refugios ha llegado con retrasos, lo que ha comprometido su operatividad para prevenir feminicidios y restituir derechos. 

Personal precarizado y deslinde del Estado  

Como parte de su análisis, la RNR denunció que la Guía Operativa de los refugios contempla reducción de honorarios del personal especializado y la disminución del presupuesto destinado a la seguridad de los espacios. 

Alertó que esos elementos “son indispensables para proteger la vida y la integridad de mujeres, niñas, niños y del propio personal”, por lo que esas medidas resultan “inadmisibles y contradicen la obligación del Estado mexicano de garantizar condiciones mínimas de seguridad y atención especializada”. 

La Red manifestó su preocupación por las obligaciones que el Estado impuso a las instancias ejecutoras; es decir, organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales que operan refugios. 

Sobre el Acta de Cierre del Proyecto 2025, comentó que se exige presentar, a más tardar el 15 de enero, el Acta de Cierre del Proyecto 2025, cuando este proceso “depende exclusivamente de la Secretaría de las Mujeres”. 

Según la Red, hasta el 12 de enero, no se habían emitido resultados ni retroalimentaciones a los refugios sobre los informes finales 2025 entregados el 8 de enero. 

Respecto a la exigencia de solvencia con recursos propios y operación previa, la asociación subrayó que los Lineamientos obligan a los refugios a acreditar tener “recursos propios suficientes para garantizar su operación total —incluyendo atención, alojamiento, alimentación, vestido, calzado y plantilla mínima— y a manifestar que los recursos federales son únicamente un subsidio”. 

Entonces, acusó: “Estas disposiciones trasladan de manera explícita la responsabilidad financiera del Estado a las organizaciones, condicionando el acceso a recursos públicos a la autosuficiencia económica previa, lo cual resulta incompatible con una política pública de protección de derechos”. 

La RDN enfatizó que las disposiciones de exigir solvencia y reducir honorarios “contravienen los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, así como el principio de progresividad en el ejercicio de los derechos humanos” y mencionó en particular la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará. 

Estas medidas, dijo, “institucionalizan la precariedad, perpetuando formas de violencia institucional que el propio Estado está obligado a erradicar”. 

Sin garantía de justicia e igualdad 

Dirigida por la activista feminista Wendy Figueroa, la RNR aseguró que las disposiciones contempladas por el gobierno de Sheinbaum para 2026 representan “un retroceso claro en la garantía de derechos y desconocen el papel esencial de los refugios como política pública vital para la protección de la vida y el acceso a la justicia”. 

Peor, afirmó que “priorizan procesos administrativos burocráticos por encima de la calidad y pertinencia de la atención y servicios dirigidos a mujeres, niñas y niños, lo que pone en riesgo la eficacia de la protección que estos espacios deben garantizar”. 

Y sentenció: “Sin un presupuesto garante, sin certeza en la asignación de recursos y sin la corresponsabilidad plena del Estado, no habrá justicia ni igualdad sustantiva”. 

Entonces, la RNR enlistó sus demandas frente a las nuevas disposiciones de la autoridad: 

-Fechas públicas, claras y vinculantes para la convocatoria, evaluación y ministración de los recursos correspondientes al año 2026, que permitan la adecuada planificación y operación de los refugios. 

-Asignación de recursos suficientes, oportunos y focalizados que aseguren la sostenibilidad y la calidad integral de la atención para mujeres, niñas y niños en situación de violencia. 

-Garantizar la no reducción de honorarios ni de recursos destinados a la seguridad, asegurando condiciones dignas, especializadas y seguras para el personal y las personas atendidas. 

-Eliminar las exigencias que trasladan la responsabilidad del Estado a las organizaciones civiles, respetando plenamente el principio de progresividad en los derechos humanos y reconociendo el papel irremplazable del Estado en esta materia. 

-Establecer mesas de trabajo a través de un diálogo horizontal, efectivo y con capacidad real de incidencia entre las autoridades y las organizaciones que sostenemos esta política pública fundamental. 

En su edición mensual de enero de 2026, Proceso publicó el reportaje “Refugios que salvan vidas con presupuestos que las condenan”, en el que se informa que, de enero a noviembre del 2025, la RNR atendió a más de 11 mil mujeres y sus hijos víctimas de violencia, de las cuales 40% enfrenta agresores vinculados al crimen organizado.