CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A cuatro años de emitida la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra México por la muerte de la defensora Digna Ochoa y Plácido, no hay avances sustanciales en el cumplimiento de la resolución, continuando el caso en plena impunidad, denunciaron sus familiares y su representación legal.

En nombre de la familia de la activista, cuyo cuerpo sin vida fue descubierto en su despacho de la Ciudad de México el 19 de octubre de 2001, Jesús Ochoa y Plácido hizo un recuento de los párrafos de la sentencia del tribunal regional que ordenan la reapertura de la investigación y las sanciones a los ex funcionarios responsables de las omisiones que llevaron al cierre de la indagatoria bajo la conclusión de que Digna se había suicidado. 

“Lo que la familia Ochoa está pidiendo no es otra cosa más que justicia, que la famosa Cuarta Transformación no solamente se convierta en benefactor de obras y programas sociales para el Estado mexicano, sino también para la justicia en los estados y en toda la República, especialmente en este caso que ya fue parte de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”, resaltó Ochoa y Plácido. 

Abundó que la investigación “prácticamente está igual que cuando comenzamos en aquel entonces, en 2001, 2021, 2022 y ahí sucesivamente, no hay ningún avance realmente, hay mucha omisión”. 

Por ello exigió que, conforme a la sentencia de la Corte IDH, se investigue a quienes intervinieron en la indagatoria inicial y que mantuvieron la hipótesis del suicidio y a los exfuncionarios de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que posteriormente la mantuvieron. 

“Pedimos que se investigue precisamente al fiscal Renato Sales Heredia, que en su momento fue el creador, a mediados del 15 de diciembre de 2021, de la hipótesis del suicidio simulado; que también se investigue a la licenciada Margarita Guerra Tejada, a José Antonio Pérez Bravo, a Bernardo Bátiz y a Miguel Ángel Mancera Espinosa, porque ellos fueron los responsables de la investigación en su momento”, reiteró Jesús Ochoa. 

Soledad Sánchez, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), explicó que la sentencia contra México por la muerte de Digna Ochoa comprende 14 medidas de reparación de las cuales nueve se refieren a reformas estructurales e institucionales como medidas de no repetición, en tanto que el resto contemplan la reparación del daño para los familiares de la activista.

Sánchez resaltó que de las medidas con enfoque estructural que son sumamente importantes “no sólo para la familia sino también a la sociedad civil mexicana, a la fecha, 8 de ellas están en absoluto incumplimiento y una de ellas tiene apenas un cumplimiento parcial”, y así se mantienen desde que en 2023 la Corte IDH hizo la primera supervisión de la atención a la sentencia. 

“Nos parece muy necesario llamar de nuevo a la necesidad de avanzar en este proceso y en particular de estas nueve medidas, aquellas que son realmente estructurales y que van a ser una contribución muy significativa para la protección de las campañas de fortalecimiento de las figuras del derecho a defender derechos y de las personas defensoras y periodistas en el país; el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras y Periodistas,  y en particular también la creación del protocolo federal de investigación a los crímenes y los actos de ataques que se cometen contra personas defensoras en el país”, explicó Soledad Sánchez. 

Saulo Loya del Espacio OSC, que agrupa a 14 organizaciones de la sociedad civil,  destacó que la importancia de que la sentencia del caso Digna Ochoa sea cumplida radica en el escenario de violencia que prevalece desde hace años en contra de personas defensoras de derechos humanos y de los obstáculos institucionales para atenderlas.

Loya explicó que desde 2016 a la fecha, Espacio OSC tiene un registro de 177 personas defensoras y 88 periodistas que ha sido asesinados “por lo que creemos fue venganza o intentos de censura por su labor, lo cual es difícil de comprobar porque las investigaciones penales se quedan ahí, o sea no es posible llegar a una sentencia y eso es uno de los muchísimos problemas que enfrentamos el día de hoy”.

A esas cifras se suman 28 intentos de homicidios en contra de personas defensoras y de personas periodistas; la desaparición de 25 periodistas, un trabajador de medios y 37 defensoras, de las cuales 23 hasta la fecha siguen desaparecidas.

“En total hemos registrado 364 víctimas, de las cuales 82 eran mujeres y al menos 104 defendían el medio ambiente, la tierra y el territorio, lo que nos habla de que este tipo de personas defensoras se enfrentan a riesgos particulares”, apuntó Loya.

No hay unidades especializadas para delitos contra defensores

El defensor reconoció que por parte del Estado mexicano, además del Mecanismo de Protección, federal, hay figuras similares en 24 entidades del país, en tanto que para la atención de delitos contra la libertad de expresión, además de la fiscalía especializada dentro de la Fiscalía General de la República (FGR), en algunas fiscalías estatales operan unidades similares. 

Sin embargo, en el caso de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos, no existen unidades especializadas para investigarlos.

Loya destacó que a pesar de que se hay una estructura institucional para la atención al menos de las violencias contra periodistas aún prevalece la desprotección, pues de enero de 2023 a julio de 2025 el Mecanismo de Protección rechazó la incorporación   de 68 defensores y 45 periodistas, destacando que se ha negado la protección a comunidades enteras, defensoras del medio ambiente y el territorio.

Al señalar que al rechazar la incorporación al Mecanismo se deja de lado que “si una personas se acerca al Mecanismo es porque teme por su integridad”, Saulo Loya apuntó que los inconformes han recurrido a la vía legal, por lo que han sido litigados 85 amparos y 44 recursos de inconformidad contra el Mecanismo de Protección, que depende de la Secretaría de Gobernación. 

Tras resaltar que en 47% de las agresiones contra personas defensoras y periodistas se identifican a servidores públicos como responsables, Saulo Loya hizo un recuento de algunas de las principales fallas en el sistema de protección, que ha sido “insuficiente para salvaguardar a las personas, con una limitada atención a la prevención y a la lucha contra la impunidad”. 

El defensor recordó que en noviembre del año pasado presentaron una serie de propuestas a la Secretaría de Gobernación para mejorar la atención por parte del Mecanismo.

“Las propuestas consistían en el fortalecimiento institucional, la prevención y el reconocimiento, la coordinación interinstitucional, gestión de información y transparencia, monitoreo y evaluación y la participación en diálogo con sociedad civil, y  es por todas estas razones que hacemos un llamado a que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos a nivel internacional y eso implica, por supuesto, cumplir con lo que ordena la Corte Interamericana en términos de la sentencia de Digna Ochoa, que garantice también la vida y la integridad de las personas defensoras y periodistas”, puntualizó Saulo Loya.

Silvia Chica, integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, se sumó al llamado de cumplir con lo que estipula la sentencia de la Corte Interamericana para el caso Digna Ochoa, para prevenir la violencia contra esa población.

“Lo que logra la sentencia es sustancial para poder renovar, reflexionar, mejorar la labor que hace el Mecanismo de Protección y no sólo como una política desde lo federal, sino con la idea de en algún momento lograr tener en el país una protección integral que cubra realmente esa necesidad que tenemos todas y todos los que trabajamos en estos temas de tener garantías de protección, de no tener que trabajar bajo amenaza”, puntualizó.

Tras recordar que el marco normativo del Mecanismo considera la prevención, en los hechos no se está atendiendo ese punto, de ahí que se ha convertido en un organismo reactivo, que sólo actúa en cuanto ocurren agresiones contra personas defensoras y periodistas. 

Protocolo de investigación

Silvia Chica resaltó que con el apoyo de la oficina el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), se logró elaborar un borrador con propuestas para la elaboración de un protocolo de investigación en casos de agresiones a defensores, mismo que ha sido revisado y puesto en consideración de la FGR, para que a su vez lo asuma como propio y lo ponga a consideración de la Conferencia Nacional de Fiscalías, situación que no ha ocurrido hasta ahora. 

Silvia Chica reconoció que a pesar de que el organismo cuenta con presupuesto establecido, aún falta mucho por atender para evitar que las agresiones contra defensores y periodistas continúen, más aún cuando la mayor parte de ellas provienen de servidores públicos.

“El tema es cómo podemos llegar antes de que la persona sea amenazada a ofrecerle un acompañamiento, antes de que la organización sea señalada, hostigada o defendida, cómo podemos hacer un ejercicio previo para evitarlo, cómo podemos reformar leyes que garanticen la labor, todo ese conjunto de medidas está en el marco de la prevención y actualmente es un gran reto para el mecanismo y no tenemos una propuesta en desarrollo”, destacó.

Silvia Chica puntualizó que en la sentencia se realza la necesidad de impulsar campañas de reconocimiento de la labor de personas defensoras y periodistas como una medida de prevención de agresiones. 

“A partir de ese reconocimiento, la sociedad puede entender la importancia de un defensor, una defensora o un periodista, qué función tiene para la democracia del país y para la ampliación y debida materialización de derechos, es que podemos ganar legitimidad. respeto y colaboración, obviamente ese mensaje debe venir de nuestras principales autoridades, desde quien maneja el Ejecutivo a nivel nacional y en adelante”, sentenció la defensora.