CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Los 881 juzgadores que fueron electos por la reforma al Poder Judicial tomaron protesta en el Senado, consumando así el llamado "Plan C" que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador. 

En un ambiente de sigilo ante el resguardo de la Guardia Nacional y elementos de Seguridad Pública en las instalaciones del Senado de la República, los juzgadores rindieron protesta ante la nueva Mesa Directiva en un hito histórico, dando así un nuevo comienzo en la era judicial del país. 

Previo a la toma de protesta de los juzgadores, fue avalada Surit Berenice Romero como nueva integrante del Órgano de Administración Judicial, posteriormente, se declaró un receso y a las 20:40 horas, dio inicio a la Sesión Solemne.

Los primeros que rindieron protesta fueron los nueve ministros electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quienes fueron recibidos por aplausos por los senadores oficialistas y gritos del ministro presidente a Hugo Aguilar Ortiz.  

La sorpresa del evento, fue la asistencia de ministro electo Arístides Rodrigo Guerrero García, quien acudió en silla de ruedas y oxigeno luego del accidente automovilístico que tuvo la semana pasada. 

En punto de las 10:00 pm, la presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo, flanqueada de la secretaria de Gobernación, Rosa Ícela Rodríguez, y la Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, tomó protesta a los nuevos ministros de la SCJN. 

El primero en tomar protesta fue Aguilar Ortiz, posteriormente se le tomó protesta a las y los ministros: Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra. 

Luego a los magistrados Gilberto de G. Bátiz García y Claudia Valle Aguilasocho de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Además de cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ): Celia Maya, Eva Verónica de Gyvés Zárate, Indira Isabel García Pérez, Bernardo Bátiz Vázquez y Rufino H. León Tovar. 

Luego tomaron protesta a 15 magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

Los 850 juzgadores restantes la Mesa Directiva del Senado les tomó protesta y se les brindó su constancia en la madrugada del 2 de septiembre.  

"Por sus sentencias se les conocerá”

Previo a la toma de protesta de los ministros de la SCJN, los legisladores de todos los grupos parlamentarios del Senado, excepto la bancada del PRI, fijaron sus posturas. 

El coordinador de la bancada del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que este proceso no tiene legitimidad de origen ya que surge de un proceso plagado de irregularidades, mismos que enumero y sentenció que a los nuevos juzgadores se le juzgará por sus sentencias.

“Nosotros no venimos aquí a denostar, a insultar, ni mucho menos a descalificar de manera generalizada a más de 800 personas juzgadoras. Sería equivocado y sería injusto. Pero tampoco venimos a callar, por supuesto, respeto lo que podemos decir con firmeza y respetuosamente. No tiene legitimidad de origen la autoridad que surge de un proceso plagado de irregularidades. Y por razón de tiempo me referiré a cuatro irregularidades imperdonables de este proceso", dijo Anaya.

“En un acto de congruencia, de consistencia elemental, no estaremos presentes durante el acto formal de toma de protesta. Y termino como empecé, siguiendo a don Luis H. Álvarez,ante la falta de legitimidad de origen, la prueba de fuego será adquirir legitimidad en el ejercicio. México estará observando sus sentencias. Por sus sentencias se les conocerá”, resaltó. 

Por su parte, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda, también subrayó que el mecanismo de elección estuvo plagado de irregularidades. 

El senador emecista también pidió a los nuevos juzgadores dejar atrás el concurso de popularidad y someterse al imperio de la ley.

“El mecanismo de elección plagado de irregularidades del cual emana el nuevo Poder Judicial, abre una enorme interrogante sobre las condiciones que tendrán las y los juzgadores para desempeñar con imparcialidad e independencia su trabajo, para sustraerse de las presiones políticas de los gobernantes en turno o por qué no, de las presiones del poder económico.

“Implica dejar atrás el concurso de popularidad y someterse al imperio de la ley. Porque por encima de los cargos, está la Constitución. Porque por encima de los votos, están los derechos. Y por encima de la política, está la justicia y la vida de las personas”, enfatizó.