CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El poderoso Órgano de Administración Judicial (OAJ) quedará integrado después de la instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), este lunes 1 de septiembre.

Aunque la ley prevé que debe entrar en funciones ese mismo día, la misma establece un transitorio en caso de que los nuevos ministros no lleguen a un acuerdo para designar a los tres representantes del Poder Judicial en la instancia encargada de la gestión de los recursos, carrera judicial y presupuesto del Poder Judicial federal.

El OAJ tendrá cinco integrantes. A los tres del Poder Judicial se les sumarán los del Legislativo y el Ejecutivo. La presidenta Claudia Sheinbaum ya designó a Néstor Vargas Solano, con quien ha trabajado desde que estuvo al frente de la alcaldía Tlalpan y luego en el gobierno de la Ciudad de México. El Senado está pendiente de hacer su designación, que también podría ocurrir el mismo 1 de septiembre.

El otro órgano que entrará en funciones el 1 de septimbre es el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), cuyos cinco integrantes resultaron del cuestionado proceso electoral del 1 de junio en el que se utilizaron “acordeones” para “orientar” el voto.

En ese proceso fueron electos Celia Maya García, Verónica de Gyvés Zárate, Indira García Pérez, Bernardo Bátiz Vázquez y Rufino H. León Tovar, todos cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, que adoptarán las labores de vigilancia, disciplina y sanción que actualmente tiene el CJF.

La reforma a la Constitución en materia de Poder Judicial establece en el artículo Sexto transitorio que el OAJ, junto con el TDJ, iniciarán sus funciones en la fecha en que tomen protesta los juzgadores electos por voto popular.

“El Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial iniciarán sus funciones en la fecha en que tomen protesta las Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial que emanen de la elección extraordinaria que se celebre en 2025. En esta misma fecha, el Consejo de la Judicatura Federal quedará extinto”, señala.

“Las personas que integren el Pleno del órgano de administración judicial a que se refiere el artículo 100 del presente Decreto deberán ser designadas para iniciar sus funciones el mismo día en que tomen protesta las Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial”. 

Ambos cuerpos colegiados sustituirán al CJF, en el caso del OAJ administrará los recursos humanos y monetarios de todo el Poder Judicial de la Federación (PJF), mientras que el TDJ asumirá las tareas de vigilancia, investigación y sanción de los funcionarios de dicho poder incluidos los ministros de la Suprema Corte.

El mismo artículo Sexto transitorio de la reforma judicial en la parte final establece que para la primera designación de los tres integrantes del OAJ, que se realizará este año, por única ocasión se requieren ocho votos en el Pleno de la Corte.

Eso causó que durante una sesión privada del 10 de marzo último la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, presentara un proyecto de Acuerdo General para que sus compañeros en el Pleno pongan en consideración tres propuestas para realizar la elección de los tres integrantes del OAJ.

El proyecto de la ministra Piña no pudo ser votado en esa sesión privada debido a que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá no estaba presente y el Pleno decidió que, ante la importancia del asunto, era necesario que estuvieran todos los integrantes.

La ministra Loretta Ortiz Ahlf, una de las tres que continuará en su cargo en la Corte, luego de obtener votos suficientes en la elección judicial, anunció que votaría contra el proyecto al considerar que esas designaciones deben ser realizadas por el nuevo Pleno de ministros.

En su conferencia matutina del 11 de marzo la presidenta Claudia Sheinbaum acusó que la ministra Piña y otros integrantes de la Corte querían “dar un albazo” en la designación de los integrantes del OAJ.

Eso y la insistencia de las ministras afines al gobierno federal que continuarán en sus cargos en la nueva etapa de la Corte, Ortiz Ahlf, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, obligó al actual Pleno a no hacer las designaciones y dejar todo en manos de los nuevos ministros.

El 12 de agosto último, los ministros electos de la SCJN realizaron su tercera reunión de trabajo en la que, entre otras cosas, acordaron dar prioridad a resolver asuntos en materia fiscal y penal.

Además, indicaron que comenzaron el diálogo para seleccionar a tres de los cinco integrantes del OAJ, por lo que buscarán decidir “en las primeras sesiones de septiembre” los nombres de los mismos.

En un encuentro con medios de comunicación, el 13 de agosto último, la ministra Loretta Ortiz indicó que esto implica que, si todo sale bien, a más tardar tendrían los nombres de los tres integrantes del OAJ el 2 de septiembre, aunque no descartó que sea después.

Salvavidas legislativo

Pese al mandato constitucional, en las reformas a las leyes secundarias el Poder Legislativo, dominado por Morena y aliados, integró un artículo transitorio que “salva” la ausencia del OAJ a partir del 1 de septiembre.

Marcos Chávez, abogado especialista en derecho laboral, explica en entrevista para Proceso que la reforma a la Ley Orgánica del PJF establece que, mientras el Órgano de Administración Judicial no esté integrado, el CJF deberá continuar operando.

Proceso consultó la legislación citada por el abogado y conforme a la reforma de diciembre de 2024 el Legislativo integró dicho transitorio para evitar el vacío en el Poder Judicial sin prever otras circunstancias.

Hasta en tanto los miembros del Tribunal de Disciplina Judicial tomen protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1o. de septiembre de 2025 -indica el artículo Sexto Transitorio-, y hasta en tanto sea creado el Órgano de Administración Judicial y sus integrantes inicien funciones con esa misma fecha, el Consejo de la Judicatura Federal continuará ejerciendo las facultades y atribuciones de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El CJF ya emitió los primeros acuerdos para limitar los procedimientos durante el periodo de transición y suspender términos en los trámites que tiene pendientes para que sea el nuevo OAJ el que los concluya.

Sin embargo, aunque el CJF continúe operando después del 1 de septiembre, no podrá funcionar por completo debido a que no contará con consejeros.

Chávez recuerda que el CJF trabaja también en comisiones permanentes, con órganos auxiliares, secretarías, comités y otras áreas administrativas que podrían seguir operando.

Esto, debido a que tres de los actuales consejeros de la Judicatura rendirán protesta el 1 de septiembre como magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial: Celia Maya, Bernardo Bátiz y Verónica de Gyvés.

Mientras que los consejeros Lilia Mónica López Benítez y José Alfonso Montalvo renunciaron a sus magistraturas al dimitir participar en la elección judicial.

Por lo que, conforme a la reforma judicial, sus renuncias son efectivas a partir del 31 de agosto próximo.

Además, el 13 de agosto el actual Pleno del CJF reasignó al consejero Sergio Javier Molina Martínez, quien perdió en la elección judicial en la que se postuló para ser ministro de la Corte, para que a partir del 1 de septiembre próximo se integre al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en materia del Trabajo de la Ciudad de México donde relevará al magistrado Miguel Bonilla López quien se jubiló a inicios de agosto.

“Se acuerda la reincorporación del magistrado Sergio Javier Molina Martínez (…) al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México (…)”, indica el oficio SEADS/3034/2025, firmado por Emmanuel González Estrada, secretario Técnico de la Comisión de Adscripción del CJF y con el que Molina Martínez fue notificado, mismo que fue consultado por Proceso.

Por lo que únicamente las secretarías, comités y otras áreas podrán seguir operando y tendrían que coordinarse con la Comisión de Transición, cuya conformación quedará, a partir del 1 de septiembre próximo, de la siguiente manera: la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, y los consejeros y futuros magistrados de Disciplina, de Gyvés y Bátiz.

Eso, debido a la readscripción de Molina al Colegiado en materia del Trabajo referida en líneas anteriores y a la conclusión del cargo de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, prevista para el 31 de agosto próximo.

“Al no estar todos los miembros no podrán sesionar en pleno, pero sí podrán sesionar los órganos auxiliares, los comités, otras áreas”, añade Marcos Chávez.

“En teoría, debería de estar todo esto listo para el primero de septiembre, pero me parece que este transitorio lo que está estableciendo es la posibilidad de que algo no esté integrado y, entonces, le sigue dejando la facultad al consejo de que siga trabajando en tanto no esté integrado”.

Por ello, el 27 de agosto último el CJF realizó una sesión extraordinaria en la que ordenó suspender los plazos procesales del 1 al 15 de septiembre en los tribunales únicos o que, por la reforma judicial, se quedarán sin titulares hasta que el OAJ adscriba a los nuevos juzgadores electos por voto popular.

“A fin de garantizar la debida operatividad y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial adscriba a las personas juzgadoras que resultaron electas en el reciente ejercicio democrático, del 1 al 15 de septiembre de 2025”, indica el acuerdo publicado.

Se prorrogan todas las comisiones de las personas magistradas que cuentan con titularidad en plazas 2027 (no insaculadas), hasta el 15 de septiembre de 2025, o antes si el Órgano de Administración Judicial así lo determina (…) Se prorrogan todas las designaciones de las personas secretarias en funciones de jueces de Distrito o magistrados de Circuito, y de personas encargadas del despacho de los órganos jurisdiccionales, hasta el 15 de septiembre de 2025, o antes si el Órgano de Administración Judicial así lo determina.

Proceso informó que durante ese periodo los secretarios en funciones de juez en materia penal no podrán resolver sobre medidas cautelares, decretos de libertad, vinculaciones a proceso o sentencias definitivas porque la ley no lo permite.

Aunque el pago de la nómina está garantizado hasta diciembre próximo, no hay ninguna medida para asegurar el pago de bono de fin de año y aguinaldo debido a que este año el PJF recibió un presupuesto menor y no hay suficientes recursos para hacer esos pagos.