Para el antropólogo Claudio Lomnitz (Santiago de Chile, 1957), la desaparición forzada en México ha evolucionado a lo largo de la historia y hoy se impone la necesidad de abordarla desde distintos ángulos. Frente a las maneras dominantes de entender este fenómeno, pone su atención no solo en la responsabilidad estatal, sino en lo que el filósofo francés Louis Althusser denomina la “formación social”, que implica una amalgama de las esferas políticas, sociales y económicas: Estado, sociedad y mercado. 

“De ninguna manera [se] reduce la responsabilidad del Estado. Al contrario, alego que la gran mayoría de las desapariciones en México sí son desapariciones forzadas. Pero esto no significa que hayan sido ni ideadas ni ejecutadas necesariamente por el Estado o desde el gobierno. Una gran cantidad de desapariciones en México vienen inspiradas desde los intereses de estas empresas que llamamos cárteles. Sin embargo, son desapariciones forzadas por una serie de razones y hay una responsabilidad del Estado”, dijo el también director del Laboratorio de Estudios Sociales de la Desaparición de la Universidad de Columbia. 

Luego de dedicar varios años al estudio del crimen organizado tarea que le ha permitido conversar con sobrevivientes e involucrados en la desaparición de personas, explica en entrevista que existe un riesgo de mitificar la victimización de la sociedad ante el Estado, cuando son los tres elementos de la formación social los corresponsables de este problema. Es una especie de triángulo en cuyos vértices están las razones de índole política, social y económica. Sabe que esta propuesta no es rentable ni para el discurso oficial ni para la oposición partidista, pero se conduce con precaución. Da algunas claves desde el discurso teórico, pero también señala algunas zonas grises: acuerdos tácitos entre el crimen organizado y el Estado, como el beneficio mutuo que las desapariciones representan, por un lado, para los gobiernos al reducirse las cifras de homicidios, y por otro, para los grupos criminales por la falta de investigaciones, o el lucro que empresas legalmente constituidas en el ramo de las remesas obtienen con el cobro de extorsiones. 

A lo largo de junio y julio, Lomnitz impartió en El Colegio Nacional seis conferencias en el ciclo ”Pensar la desaparición”. Señaló que, desde las primeras manifestaciones de este problema, que ubica a finales del siglo XIX con el reclutamiento militar por medio de la “leva”, la desaparición ha evolucionado hasta sus expresiones más recientes, cometidas principalmente por el crimen organizado. 

Al formular esta propuesta, retoma el trabajo de periodistas que han investigado casos que están presentes en la memoria reciente, como Ricardo Raphael con Hijo de la guerra; Alejandro Gutiérrez con Narcotráfico: el gran desafío de Calderón, y Marcela Turati con San Fernando: última parada. Algunas fueron desapariciones masivas, otras se registraron de forma recurrente en las rutas de tránsito entre las fronteras sur y norte del país.  

Sobre otro tipo de desapariciones, menciona las ocurridas en la frontera de Chiapas, donde “ha habido un número grande aunque no conocemos el número de asesinatos de migrantes básicamente por ladrones. Es una especie de bandidaje que hay y se ha organizado en contra de migrantes en ciertas zonas. También en los cruces en la frontera de México con los Estados Unidos ha sucedido esto mismo. Esos [asesinatos] no están siendo ideados ni ejecutados por el Estado. Sin embargo, hay a veces aquiescencia y colusión estatal en esos patrones; sobre todo, cuando son tan amplios. Esto hace que la responsabilidad del Estado sea ineludible, aun cuando no haya sido el causante directo o el ejecutante”. 

Frente a un auditorio compuesto por estudiantes de antropología, especialistas en derechos humanos, periodistas e historiadores, el académico compartió sus conclusiones también disertaciones en curso sobre el tema. Fueron seis sesiones transcurridas en días lluviosos en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se ubica El Colegio Nacional. Es un perímetro urbano rodeado de barrios conflictivos que le dieron oportunidad de ejemplificar su cercanía geográfica con algunas historias de desaparición. Al menos dos veces mencionó el barrio natal de Galdino Mellado Cruz, fundador del cártel de los Zetas y protagonista de diversas historias de desaparición que se distinguen por su crudeza. 

No faltaron las cifras de una tragedia que, según cifras oficiales, suma actualmente 133,000 víctimas. En su charla, el también historiador conjugó la profundidad teórica con el lenguaje accesible para quienes desconocen el tema. Compartió también definiciones del fenómeno: “La ONU expuso define la desaparición forzada como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea obra de agentes del Estado, o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley”. 

Desde el acercamiento que hace el autor de Para una teología política del crimen organizado (Era, 2023), al hablar de rigor antropológico e histórico sugiere atender a la observación de los detalles y evitar las lecturas que él llama teleológicas. Es decir, aquellas interpretaciones que colocan al frente las propuestas teóricas y dejan en segundo plano la necesidad de registrar la evidencia empírica de los casos. Esto lo ha llevado a matizar el uso que se da a conceptos para entender la violencia en México, como el de “necropolítica”, acuñado por el filósofo camerunés Achille Mbembe, al que entiende básicamente como aquellas “soberanías que pasan por la capacidad de matar”, en contraste con la categoría de biopolítica propuesta por Foucault; es decir, el poder del Estado para manejar a la población desde distintos aspectos de la vida. 

Como complemento, ofrece las ideas de “soberanía negativa” y “Estado extrañado de sí mismo” para poder entender cómo opera la convivencia entre el Estado y el crimen organizado en las desapariciones y la violencia en México. Dice que, “en sentido estricto, es correcto hablar de necropolítica”, pero pone sus reservas cuando esta idea sirve para la formación de lo que llama teleologías. 

“El problema es cuando uno pasa de eso, que es una observación prácticamente empírica, a una interpretación que tiene una dirección de la historia. Es decir, que la necropolítica es una lógica de gobierno. Entonces, todo termina siendo muy funcional. Al final, curiosamente y esto sí va muy en contra de la inspiración foucaultiana de la cuestión [de la racionalidad del gobierno], termina siendo una explicación funcionalista: los cárteles sirven a los intereses de lo que sea: del Estado, del capitalismo, del neoliberalismo, del racismo, de cualquier ‘ismo’. Entonces entendemos perfectamente qué es y podemos dormir tranquilos en una sociedad en donde dormir tranquilo no es tan fácil”. 

Los motivos de la desaparición 

De paso por la Ciudad de México, el antropólogo de origen chileno y naturalizado mexicano atendió por videollamada las preguntas que formulamos sobre sus primeras ponencias. Durante años fue colaborador en las páginas editoriales del periódico La Jornada. Es licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y cuenta con maestría y doctorado en esa disciplina por la Universidad de Stanford. En 2023 ofreció en El Colegio Nacional su primera serie de conferencias dedicadas al tema de desapariciones: “Antropología de la zona del silencio”, que se nutrió de su experiencia como colaborador de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del estado de Zacatecas. 

Una de las conferencias del nuevo ciclo se llamó “Tres casos”, que fueron tomados de entrevistas que hizo en años recientes; todos los delitos fueron cometidos por cárteles, pero las razones varían. Cada caso sirvió para ilustrar los grados de participación de agentes estatales y no estatales en el abanico de posibilidades que llevan a  las personas a ingresar al crimen organizado, ya sea de manera voluntaria o por reclutamiento forzado. En todos están presentes los ingredientes de la formación social: Estado, mercado y sociedad. 

En el primero, las víctimas fueron un pequeño empresario dedicado a la distribución al menudeo de cerveza en una ciudad de Zacatecas y su ayudante. Al primero, el cártel lo desapareció para consolidar un monopolio a nivel local de la venta del producto. “Ahí hay una motivación económica para esa desaparición”, dice el investigador. Pero ¿qué pasó con su ayudante? Fue desaparecido para reclutarlo a la fuerza en la organización criminal.  

Lomnitz analizó un segundo caso, también ocurrido en Zacatecas, de una mujer consumidora de metanfetamina. En su desaparición, explicó, hubo un cruce de motivaciones personales con la intención de una organización dedicada al tráfico de drogas de reclutarla. Todo en el contexto de una disputa con un grupo antagónico por el control del mercado local. Junto con ella, desaparecieron también a su hijo y a su yerno.  

“La misma historia: el hijo y el yerno no tienen nada que ver con la economía del ‘cristal’”, dijo el investigador. “Los reclutan para usarlos en sus ejércitos. Entonces, en un solo operativo puede haber más de un motivo para desaparecer a alguien”. 

El tercer caso que analizó fueron los secuestros o compra de migrantes, a quienes los grupos criminales retienen en casas de seguridad durante meses hasta que sus parientes en Estados Unidos envían el dinero que exigen para soltarlos y trasladarlos al otro lado de la frontera. En este ilícito hay algún grado de responsabilidad de las empresas constituidas legalmente y que se dedican al negocio de las remesas. 

“Les quitan sus teléfonos celulares. Ni los familiares ni nadie saben dónde están. Durante el tiempo que están ahí [retenidos] sucede cualquier cosa: violaciones y todo tipo de abusos. Son desapariciones que ni siquiera contamos. No entran al registro de personas desaparecidas, pero son desapariciones. Y algunas de esas personas sí desaparecen permanentemente. Entonces, son tres negocios diferentes: la cerveza, el cristal y la migración. Cada uno con su lógica. Y al mismo tiempo una cuarta [intención]: el reclutamiento forzado”. 

Lomnitz desarrolló la idea de soberanía negativa, precisa, porque ayuda a explicar una tendencia que busca ver en los usos de la violencia en los mercados ilícitos migración, drogas, extorsión… un carácter de Estado o protoestado. Si bien reconoce que hay casos en los que algunos capos llegan a adquirir funciones de Estado con ciertas prácticas de redistribución, estas suelen ser regionales y coyunturalmente diferenciadas. 

“No es correcto imaginar a los cárteles como organizaciones con una vocación de Estado”, afirma. El caso más ilustrativo de estos esporádicos episodios fue el de Rafael Caro Quintero, quien durante el apogeo criminal del Cártel de Guadalajara en los años 80, al mismo tiempo que construía escuelas y pavimentaba caminos en su tierra natal, ejercía de “esclavócrata” en su rancho El Búfalo. Frente a esta idea, que considera errónea, de los grupos criminales como una especie de protoestado, propone un concepto opuesto. 

“Con soberanía negativa me refiero a un poder que se basa, en primer lugar, en la capacidad de quitar: quitar la vida, exigir derecho de piso por medio de la violencia, robar. A diferencia del Estado, que siempre tiene en su interior una idea de reciprocidad”. Y agrega: “La soberanía negativa sí implica una necropolítica. Significa que la soberanía está manifestándose como capacidad de quitar, no como capacidad de dar”. 

“Lo que realmente tratan de construir [los grupos criminales] son empresas”, sostiene, “como frecuentemente se llaman a sí mismos. Los zetas se veían como una empresa. El Chapo Guzmán hablaba de lo suyo como una empresa; también el Cártel de Sinaloa. La teleología de lo que quieren ser no es Estado: es empresa”. 

Desaparecer a los desaparecidos 

Lomnitz dedicó una de las conferencias del ciclo a la relación de las desapariciones con la gobernabilidad. Ahí planteó un fenómeno que se ha presentado de manera transexenal: que la desaparición forzada habilita acuerdos tácitos entre los grupos del crimen organizado y el Estado. Como afirmó al arranque del ciclo: “En México estamos ante un fenómeno de gran escala. Lo que en sí mismo implica cierto grado de aquiescencia del Estado, si no es que de franca autorización”. 

Pero ¿cómo funciona este mecanismo y qué beneficios mutuos otorga al crimen organizado y al Estado? Hace una distinción entre dos tipos de desapariciones forzadas: mientras unas tienen el propósito de ocultar un homicidio, otras se relacionan con el delito de extorsión, como el secuestro, y el reclutamiento forzado. 

“Donde hay una tendencia grande, una política de ciertos acuerdos tácitos entre los intereses del gobierno y los intereses del cártel, es en las desapariciones relacionadas con asesinatos”, subraya. “Hay cierta clase de desaparición de asesinatos que, en un momento dado, pueden ser parte de un pacto tácito o explícito no sabemos, pero yo creo que tácito entre gobernantes y cárteles específicos”. 

Explica que, en un hecho de violencia, las personas asesinadas tienen que ser procesadas por el Estado: levantan los cuerpos, elaboran el acta de defunción, y entran a una estadística de homicidios. Pero si en el mismo hecho son los miembros del cártel quienes levantan los cuerpos y los destruyen o destinan a una fosa clandestina, le ahorran al Estado la obligación de procesar los homicidios. “Por ley, toda persona tiene derecho a ser buscada. El Estado está obligado a reconocer, contabilizar y buscar a todos los desaparecidos”, señala. 

La masacre de Cadereyta es un ejemplo de la violencia que sufren los migrantes en su paso por México. La mañana del 13 de mayo de 2012, militares encontraron 49 torsos humanos, correspondientes a 43 hombres y 6 mujeres, quienes fueron mutilados para dificultar su identificación. El evento fue atribuido a Los Zetas, como un acto intimidatorio en contra de grupos rivales, los cárteles del Golfo y de Sinaloa. Este episodio ilustra cómo grupos del crimen organizado usan la exhibición u ocultamiento de masacres de acuerdo a sus intereses. 

“Sin ese desaparecido no tiene que haber todas esas cosas”, dice en referencia a los procedimientos y registros. “Si no hay una denuncia y aún si la hay, porque existen problemas grandes en ese sentido en México que no hemos cuantificado, ese hecho sangriento no necesita registrarse ni procesarse. Y eso puede ser conveniente para el gobierno: hacerse ‘de la vista gorda’ de que ha habido esos asesinatos”. 

En ese terreno de nadie que son muchas veces las metodologías para medir la violencia, Lomnitz explica que esto resulta conveniente a los gobiernos en época de elecciones, pues les permite decir que bajó la estadística de homicidios. 

Para dimensionar lo abrumador de las estadísticas, recuerda un reportaje de Animal Político publicado el pasado marzo con datos obtenidos por Transparencia: de 2017 a 2025 hubo 66,389 desapariciones, pero solo se dictaron 373 condenas por desaparición forzada o cometida por particulares. Aproximadamente, una condena por cada 178 casos. En una de las conferencias observó que el número de casos resueltos muestra una fuerte relación de colusión y aquiescencia estatal. 

“Ese es un espacio de posibles acuerdos o acomodos. No diría que son entre el cártel y el Estado en general, sino entre el cártel y un gobierno, un gobernador. No son acuerdos generales y duraderos con el Estado. La razón por la que digo eso es porque también tenemos muchos casos en donde el cártel hace lo contrario. Lo que llaman ‘calentar la plaza’: dejar un reguero de cuerpos. Y a veces ese reguero es de cuerpos importados”. 

Como preámbulo para entrar a otro de los conceptos que propone en su análisis sobre la desaparición forzada, pero también sobre el comportamiento del Estado con relación a las economías ilegales, que ya abordó en su libro El tejido social rasgado (Era, 2022), aclara que la mayoría de las desapariciones en México se han dado desde 2007 a la fecha. 

Considera ese periodo como el gran auge de la desaparición en términos numéricos. En ese lapso, la mayoría de los casos no fueron cometidos “directamente por el Estado. Cuando son ejecutados directamente por el Estado, es lo que llamo el ‘Estado extrañado de sí mismo’. Es decir, una corporación que hace la desaparición: una policía municipal o estatal, ocasionalmente el Ejército. Pero [en este periodo] en la mayoría de los casos va a ser el cártel u otras clases de crímenes. En cada una de esas desapariciones puede haber razones de mercado, razones personales y razones políticas”. 

Sin justicia transicional 

En el ciclo de conferencias, que contempla agrupar en un libro de próxima publicación, Lomnitz expuso el uso del discurso del enemigo interno para exponer la evolución de la desaparición forzada en México. Un primer periodo corresponde al que caracteriza al discurso oficial durante la Guerra Fría: el enemigo era comunista. Esta idea va mutando durante las últimas dos décadas del siglo 20 en un enemigo dedicado a las actividades ilícitas, al que el Estado califica de “apátrida”. Desde 2018, el discurso oficial da un giro para señalar que el enemigo interno es el régimen neoliberal y conservador que le antecedió, mientras que los agentes de la economía ilícita son parte del pueblo: no son apátridas, sino víctimas de la injusticia social.  

“La declaración de que las personas que trabajan en las economías ilícitas llamémoslas crimen organizado y crimen desorganizado son parte del pueblo, desde mi punto de vista era una dirección en principio positiva. Hubo gestos de que iba a haber una estrategia de reincorporación, que iba a ser el principio del fin de la violencia, que no sucedió”. 

“Me parece que como idea o discurso era muy esperanzador”, agrega. “Pero cuando dices eso sin una estrategia de reincorporación basada en un tipo de estudio, sino en meter programas sociales; si piensas que con que la gente reciba 3,000 o 2,000 pesos al mes, con eso vas a deshacer esa economía, pues está por verse”. 

Como parte del análisis que hizo del problema transexenal de la desaparición forzada, en su última conferencia llamó la atención sobre cómo en los distintos discursos oficiales que han tratado de explicar la violencia detrás de las desapariciones hay un “montaje de teatro moral”, lo mismo desde una “verdad histórica” (como ocurrió con los normalistas de Ayotzinapa) que en la asimilación de actores delincuenciales como parte del pueblo y víctimas del neoliberalismo. Resume ambos discursos como mitificaciones que ofuscan la comprensión de los hechos y cualquier acceso a la justicia para las víctimas. 

“Es una declaración de justicia transicional que no fue aparejada, en mi opinión, de un análisis detallado de las economías sobre las que estaba fincada”, abunda en la entrevista. “Era un análisis moral, no un análisis económico ni sociológico. Ese es el primer problema que enfrentó esa transición. Lo que pasa es que en México no se dio la famosa justicia transicional. Se dio el discurso de la justicia transicional. Por eso hay problemas”. 

Considera que la relación del gobierno de la Cuarta Transformación con las Fuerzas Armadas generó un conflicto en el movimiento político partidista alrededor del expresidente López Obrador, en particular con el sector comprometido con los derechos humanos. 

“Eso llevó a una crisis alrededor del caso Ayotzinapa, en que el gobierno se decantó por proteger a los militares; aunque no a todos, porque es verdad que persiguieron a algunos. Pero lo que no quisieron explorar a fondo fue el papel no solo de las Fuerzas Armadas, sino de las policías, los gobernadores. ¿Cuál es la relación entre las diferentes partes del Estado mexicano con esas grandes empresas que llamamos cárteles? Eso no se hizo. Eso se vuelve entonces una lógica de ocultamiento. Y la lógica de ocultamiento rima un poco con el problema de la desaparición”. 

Gerardo Antonio Martínez (Ciudad de México, 1982). Es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco. Ha sido editor de la agencia de noticias SUN y coeditor del suplemento cultural Confabulario. Es colaborador de El Universal y Gatopardo. Fue investigador del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la CoVEH. 

Jonathan López García (Ciudad de México, 1983). Es licenciado en Historia y maestro en Sociología Política por el Instituto Mora. Fue investigador del MEH y formó parte del equipo del Sitio de Memoria de Circular de Morelia 8, antiguo centro clandestino de la Dirección Federal de Seguridad. Actualmente es alumno del programa de Doctorado en Historia Aplicada del CIDE. 

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).