CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El crimen organizado ha extendido sus tentáculos en estados como Baja California Sur, donde con toda impunidad cumple sus amenazas contra quienes no se someten al cobro de piso. 

Un ejemplo de ello es el viacrucis de la señora Gemima Hernández, cooperativista de una planta del sector pesquero en Puerto San Carlos y quien se ha manifestado en las puertas de Palacio Nacional durante mes y medio.

Gemima relata que regresó a Guerrero Negro luego de que el gobierno federal (en presunta coordinación con la administración estatal) le anunció que le daría protección contra sus extorsionadores.

Sin embargo, a los pocos días de haber arribado fue agredida: unos desconocidos le balearon su domicilio, con menores de edad en su interior, y le quemaron un vehículo que ella ofreció a la autoridad para estar protegida. 

En ese contexto de violencia, ella ahora solicita al gobierno federal que le brinden seguridad estacionaria.  

Frialdad de la autoridad

La crudeza de la pesadilla para Hernández comenzó un miércoles, cuando, mediante un extrabajador de la cooperativa, le enviaron el siguiente mensaje: 

“Dile a la hija de su puta madre, la Gemima, que ya sabemos que ahí tiene a sus hijos, que ya sabemos su ubicación y que le vamos a quemar ese pinche camión culero que lo quiere llevar a Puerto San Carlos para ese pinche gobierno que la quieren cuidar, que valen verga. Y después nos vamos a meter por ahí y la vamos a matar junto con sus hijos”.

Tras la amenaza, la mujer grabó un video donde responsabiliza a las autoridades estatales de lo que le pudiera ocurrirle a ella o a su familia. 

Es así como la primera amenaza se cumplió: un día después del video le quemaron el camión al que se refirieron en el mensaje. Tras el hecho, pudo constatar, con las cámaras de vigilancia de la casa donde se queda, que hombres a bordo de motocicletas señalaron el vehículo y después le prendieron fuego, eran las 14:35 horas. 

Gemima responsabiliza a Francisco Javier Ibarra, alias el Burro, como el autor de las agresiones. También lo acusa de ordenar la quema de su casa, hace dos meses. 

En una de las agresiones que sufrió el Ejército estaba cerca y le ayudaron, pero fue hasta que se denunció el ataque que le dieron protección estacional, al menos, durante esa noche. 

La señora Gemima asegura que las únicas autoridades que sabían que ella tenía dicho vehículo son el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y Carlos Hernández Carvajal, coordinador de la Guardia Nacional en Baja California Sur. 

Gemima comparte con Proceso el diálogo que tuvo con Hernández Carvajal, donde le explicó que la única razón por la que regresó a Baja California Sur es porque pensó que la instrucción del gobierno federal había sido brindarle “protección estacionaria”. 

De acuerdo con la conversación que ella sostuvo con el mando, éste le respondió: 

“Yo en ningún momento le aseguré que íbamos a tener seguridad estacionaria porque no podemos siquiera hacerlo, no tenemos la capacidad para hacerlo. Nuestras misiones son dar seguridad en general a la población y es lo que hacemos. Existe otra instancia que puede proporcionar seguridad específica a las personas cuando presentan una situación como la de usted”. 

Gemima cuenta que al mando le explicó que ella en la Ciudad de México solicitó la seguridad estacionaria. 

–¿Nunca le dieron la indicación de que apoyara con estacionaria? –le preguntó la mujer al mando.

–No, no tengo ninguna orden al respecto. 

–Cuando le comenté a usted le dije que estamos solicitando estacionaria, yo sí le dije específicamente, en Guerrero Negro y Puerto San Carlos, y la verdad usted en ningún momento me dijo que no podía, general.

–Pero tampoco le dije que podía –le respondió. 

La víctima también le recordó que, por parte del comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés, se comunicaron con los mandos en el estado y por lo tanto se le daría la protección. 

“Lo que me ordenen es lo que yo cumplo”, dijo Carlos Hernández a la señora Gemima en referencia a que la protección que le brindaría sólo era mediante patrullajes. 

Hernández le informó que recibió amenazas directas… “Ahorita ya cumplieron una de las dos amenazas que me dieron, que me iban a quemar el camión, hasta yo le comenté a usted que ese camión lo íbamos a llevar a Puerto San Carlos como apoyo, en caso de que ustedes no tuvieran su personal dónde quedarse, una base en Puerto San Carlos”. 

En efecto, Hernández Carvajal confirmó que la corporación no cuenta con una base en San Carlos, y que sus elementos se mueven desde Ciudad Constitución. 

La mujer se trasladó a interponer la denuncia por el incendio del vehículo, con el folio GNO/281/2025/NUC. Mientras lo hacía, un grupo de hombres acudió a su domicilio donde había menores de edad y balearon el sitio. 

Al comisionado estatal le aseguró: “Ya me cumplieron la amenaza, señor general, ya me quemaron el vehículo (…) ¿Qué hacemos?”

–Yo espero instrucciones –Le contestó.

Ahora, Gemima Hernández, afirma: 

“Me siento muy insegura porque siento la amenaza de mi estado. Lejos de que vinieran y que yo me sienta tranquila, me siento más amenazada porque ellos no vinieron pese a mi petición como ciudadana; sé que están viniendo por algún llamado especial que le hayan hecho. Saben que tengo al Ejército, pero el Ejército no es el encargado de mis carpetas. Es el Estado y el Estado debe dar cumplimiento al derecho que tengo como víctima”. 

Hernández considera que, quien no ha hecho la labor que le corresponde es el gobernador de BCS, Víctor Manuel Castro Cosío; el secretario de Gobierno, Saúl González, y el procurador estatal, Antonio López.