CIUDAD DE MÉXICO (apro).-“Cualquiera de nosotros puede ser Brenda Quevedo, Jacobo Tagle o Juana Hilda”, enfatiza Javier Schütte Ricaud, abogado penalista. Juana Hilda escucha entre las sillas del auditorio del Colegio de México, recientemente liberada por la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras casi 20 años en prisión. 

Ricardo Raphael ventila su presencia desde el micrófono a todos los asistentes, contando los horrores que vivió ella y su familia tras su captura: amenazas contra su hermano, el abuso sexual de los policías y el extenuante arraigo para que doblegarla a firmar una confesión, capaz de articular todo el caso fabricado. 

En la mesa acompañan sentados Italy Ciani, abogada mexicana; Sergio Aguayo, moderador; Laura Borbolla, abogada; el propio periodista Ricardo Raphael y el citado Javier Schütte Ricaud. “El caso Wallace es el pretexto para hablar de las fiscalías y el sistema de justicia en México”, aclara el moderador al auditorio. Es una charla titulada Las Fiscalías en el caso Wallace, pero también una firma de libros.  

El caso Wallace como retrato de la realidad del país 

Hugo Alberto Wallace Miranda desapareció en el año 2005. Juana Hilda fue detenida en 2006 a partir de testimonios de personas que dijeron haberla visto con Hugo Alberto Wallace entrando a su departamento, ubicado en la calle Perugino número seis, departamento cuatro, colonia Extremadura Insurgentes de la Ciudad de México. 

Isabel Miranda de Wallace, madre de Hugo Alberto, fundó la asociación Alto al Secuestro a raíz del secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda el 11 de julio de 2005. Además, Miranda de Wallace fue acreedora del Premio Nacional de Derechos Humanos en 2010, otorgado por el expresidente Felipe Calderón, y fue candidata por el PAN a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2012. 

En mayo de 2014, la periodista Guadalupe Lizárraga publicó la investigación titulada El falso Caso Wallace con la que reveló la fabricación del caso de secuestro. Dicha investigación fue el antecedente directo de la investigación de Rafael, publicada este año bajo el título (y sentencia simple) de Fabricación, bajo el sello editorial de Seix Barrial.  

Una gota de sangre como prueba pericial para unificar el caso, con tan sólo 2 centímetros de longitud. Una prueba inválida, pues según el periodista, el padre de Hugo Alberto era Carlos León Miranda, primo hermano de Isabel, no José Enrique del Socorro Wallace Díaz, segundo esposo de la activista.  

Ricardo Raphael, en conjunto con esta casa editorial, logró presentar pruebas sobre la fabricación de evidencia alrededor del caso. El libro también tiene el respaldo de un sitio web especializado, con pruebas presentadas sobre las mentiras de Isabel Miranda de Wallace, separadas por capítulo: actas de nacimiento, programas grabados, notas, fotografías, documentos sellados y artículos periodísticos.   

Todas las pruebas agrupadas y esquematizadas para dar veracidad a los dichos de Raphael, quien se vale de las herramientas de la literatura para contar en este libro el caso más emblemático de fabricación de culpables en el país. 

“Cada cuál necesita sus propios culpables. Un chivo expiatorio para otorgar coherencia al horror caótico”, escribió Rafael entre las páginas de su libro. 

Sin embargo, el caso Wallace es sólo un reflejo del actuar de las autoridades en el país, en ello concuerdan todos los panelistas.  

En palabras de la abogada Italy Ciani: “Esta mujer (en referencia a Isabel Miranda de Wallace) fue utilizada por este poder punitivo” porque “es cómodo tener un sistema de justicia a modo”. Con cifras propias, enfatizó que sólo 1 de cada 4 delitos en México son denunciados. 

Para la abogada especialista, el sistema de justicia es un performance, con los papeles previamente definidos, como una especie de teatro con la víctima, el acusado, el juez y la sociedad. 

“El sufrimiento sólo es posible en un sistema de justicia podrido, con una sociedad cómplice”, agrega Ricaud. 

Para Raphael, parte del problema es que las autoridades son incapaces de aceptar sus equivocaciones, buscan un chivo expiatorio, pero cuando no pueden, simplemente lo fabrican.  

“La autoridad es incapaz de aceptar que se equivocó”. 

Además, la abogada Laura Borbolla apuntó que toda la fuerza política de la figura de Isabel Miranda fue gracias a un sistema que recompensa a las víctimas con empoderamiento ante la falta de justicia.  

En tanto, con sus característicos lentes rojos, el periodista Ricardo Raphael enfatizó en su libro que los acusados judicialmente no son los únicos afectados por el caso Wallace, también hay detrás aproximadamente 60 víctimas indirectas, como la hermana de Juana Hilda amenazado de muerte, la familia de Brenda Quevedo extorsionada o los seres cercanos que tuvieron que exiliarse del país para evitar las persecuciones posteriores. 

“El caso Wallace debería llevar el nombre de las personas perjudicadas y no el de la victimaria. Tendría que ser el caso Quevedo, Castillo, Tagle, Freyre o González Lomelí, que son los verdaderos caídos de este expediente”, señala la pluma de Raphael en el libro. 

Brenda Quevedo, en prisión domiciliaria, y Jacobo Tagle hasta la fecha no han recibido sentencia. Los hermanos Alberto y Antonio Castillo cumplen una condena de 93 años y seis meses de prisión. César Freyre Morales cumple 131 años tras las rejas. 

Isabel Miranda de Wallace falleció el 8 de marzo de 2025. Ricardo Raphael acusa que hasta en su acta de defunción se ha mentido sobre el lugar de su muerte.