CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Con un promedio de 90 desapariciones al día, el Estado mexicano acumula una “deuda histórica” con mujeres que buscan a sus familiares y a los de otros, y que ahora, con las nuevas reformas judiciales, las ha utilizado como pretexto para “crear un sistema de vigilancia masiva”, sostiene Edith Olivares Ferreto, directora en México de Amnistía Internacional.  

En el contexto de la presentación del más reciente informe de la organización, con sede en Londres, “Desaparecer otra vez. Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México”, en entrevista con Proceso, Olivares Ferreto advierte que “desde la época de la guerra sucia en que el Estado mexicano desarrolló activamente, digamos, la práctica de la desaparición forzada, hasta el momento de hoy en donde sí hay agentes del Estado involucrados en la desaparición de personas en México”, el Estado ha ido arrastrando una deuda enorme con las buscadoras en tres aspectos fundamentales. 

“Lo primero es que el Estado mexicano desde los años 60 y hasta el día de hoy se niega a reconocer que en este país hay desaparición forzada. Y ese primer elemento es una deuda de negar el sufrimiento y el dolor de las personas que están buscando a sus familiares desaparecidos…. No pueden desaparecer 90 personas cada día sin que haya agentes del Estado”, dice Olivares.  

Agrega que el segundo elemento de la deuda, radica en que, teniendo la obligación de buscar a las personas desaparecidas, “este es un deber que el Estado mexicano no desarrolla desde las víctimas de desaparición de los años 60 ….no se diga las personas que han sido desaparecidas en estos últimos 20 años, en donde, en su desesperación, las familias ya no solamente le exigen al Estado mexicano que vaya a buscar, sino que ellas han tenido que salir a buscar con sus propias manos, con sus picos, con sus botas, con sus recursos, con sus herramientas, y se han hecho de un expertise que ya quisieran tener las autoridades del Estado mexicano”.  

La defensora considera que el tercer elemento en que el Estado mexicano queda a deber a las mujeres buscadoras que no las protege cuando está obligado a “garantizarles que ellas puedan hacer esta búsqueda sin miedo, sin riesgo, sin colocarlas en mucho mayor riesgo de vida, tenemos ya al menos 30 personas buscadoras asesinadas en México, de ellas 16 mujeres”.  

Olivares Ferreto lamenta que las violencias que enfrentan las personas buscadoras no hayan sido consideradas en la reciente reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, aprobada sin la partición activa de familias, organizaciones de derechos humanos y expertos.  

“Hay una serie de riesgos y violencias que las mujeres buscadoras enfrentan, las más conocidas que tienen que ver con la integridad física, todo el tema de los asesinatos de personas buscadoras, las desapariciones, los ataques y las amenazas, lo cual tampoco se atiende con estas reformas, por el contrario, se introdujo un elemento particular, la utilización de las desapariciones en México como un pretexto para instalar un sistema de vigilancia masiva en el país, lo cual nos preocupa muchísimo”, alerta y enfatiza:  

“Me parece francamente deplorable que el Estado mexicano y las autoridades del Estado mexicano estén utilizando la tragedia y el dolor de las personas, de las familias de personas desaparecidas para instalar este sistema de vigilancia masiva en el país, porque o es cierto que el Estado mexicano va a encontrar a más personas desaparecidas a través del sistema de vigilancia, y digo que no es cierto porque no ha sido cierto que el Estado mexicano haya hecho los esfuerzos necesarios para dar con el paradero de las 128 mil personas que están desaparecidas en este país”. 

Explica que lo anterior implicaría “por lo menos la intervención de 128 mil teléfonos sin la autorización judicial”, pero podrían ser “dos o a tres o a cinco personas por cada persona desaparecida, estamos hablando de un sistema de vigilancia masiva sin autorización judicial que en efecto nos pone en riesgo a todas las personas, incluyendo a las mujeres buscadoras, porque no tenemos garantía de que esos teléfonos tampoco vayan a ser intervenidos”. 

Sobre la consolidación de la militarización de la Guardia Nacional, lo que deja a México sin una corporación civil a nivel federal, “contrario a los estándares internacionales”, pero que además no contribuye a la disminución de casos de desaparición de personas. 

“El ejemplo más reciente es Sinaloa, donde hay una presencia muy fuerte de militares intentando controlar los conflictos, claramente no sólo no lo han logrado, sino que además ha incrementado el número de personas desaparecidas en la entidad, de manera que hay un vínculo muy fuerte entre la militarización, la inseguridad y la desaparición de personas en México”, puntualiza en entrevista Edith Olivares Ferreto. 

Las consideraciones de la defensora sobre las violencias que enfrentan las mujeres buscadoras se confirman en el informe recién presentado, este martes 8 de julio, realizado a partir de consultar a 661 mujeres buscadoras, pertenecientes a 134 colectivas entre los meses de marzo y diciembre de 2024, a través de cuestionarios, reuniones grupales en 30 entidades federativas (no se sumaron Campeche ni Tabasco), así como por medio de reuniones virtuales con mujeres de El Salvador, Honduras y  Guatemala.  

El trabajo de Amnistía Internacional se alimenta también de entrevistas a miembros de organizaciones sociales que acompañan a las colectivas y a funcionarios públicos, así como de solicitudes de información a distintas instituciones que tienen la encomienda de atender la problemática de las desapariciones en México.  

El informe considera cifras oficiales de personas desaparecidas y no localizadas al cierre de marzo de 2025, en que se registraban 128 mil 059 víctimas. Para el 8 de julio, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabilizaba 130 mil 028 personas desaparecidas y no localizadas, mil 969 más que las contempladas en el documento de Amnistía.  

El informe parte de una realidad en la que permanecen más de 72 mil 100 cuerpos sin identificar en morgues gubernamentales, algunos de ellos recuperados en las 5 mil 696 fosas clandestinas localizadas en el país, la mayor parte por el trabajo de las mujeres buscadoras.  

Tras destacarse que de 2011 a la fecha 30 familiares de personas desaparecidas han sido asesinadas, de las cuales 16 eran mujeres, Amnistía Internacional destaca:  

“Las mujeres buscadoras realizan su labor en un ambiente hostil de discriminación estructural por su género, por alzar la voz y ser defensoras de derechos humanos, así como por ser víctimas de desaparición. Además, estas características se entrecruzan con otras opresiones que atraviesan a las familias de personas desaparecidas vinculadas a su racialización, su etnia, su idioma, su nacionalidad, su lugar de residencia en zonas rurales o periféricas, su orientación sexual, su identidad de género, su empobrecimiento, entre otros, para impactar y dar forma a la experiencia y los riesgos que viven”. 

Entre los hallazgos más relevantes destaca la confirmación de que el 97 por ciento, esto es 535 mujeres encuestadas, reconocieron sufrir “diversas violencias y afectaciones relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas”, siendo las entidades donde más hostiles Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.  

Los resultados de la encuesta arrojaron que 45% de las mujeres han enfrentado amenazas verbales o por escrito; 39% han sido víctimas de extorsión; 27% han sido atacadas en redes sociales; 24% se han visto obligadas a desplazarse forzadamente dentro de la entidad; 19% se han desplazado forzadamente de la entidad en la que vivían; 14% han sufrido lesiones por ataques físicos; 14% han sido víctimas de robo o asalto en momentos en que realizaban búsquedas; 10% fueron torturadas y 6% fueron víctimas de secuestro.  

Las mujeres buscadoras sostienen que han sido víctimas de violencia institucional, toda vez que 302 (46%) denunciaron que fueron discriminadas; 31% (206) han constatado la corrupción de autoridades, y 27% (178) han sido acosadas por autoridades por su labor. 

En cuanto a los daños a la salud, las afectaciones son muy severas, tomando en cuenta que las mujeres consultadas no sólo se duelen por la desaparición de sus familiares, sino que, ante las omisiones institucionales, han tomado la decisión de buscar a los suyos y a los desaparecidos de otras familias.  

Así, el informe revela que de las 661 encuestadas 484 (73%) viven con depresión; 477 (72%) sufren insomnio; 460 (70%) han visto deteriorada su salud; 454 (69%) sobreviven con miedo; 441 (67%) han perdido el apetito; 432 (65%) confesaron vivir con ira; 149 (19%) sufrió algún accidente durante las búsquedas y se lesionó, en tanto que 89 (13%) confesaron que han recurrido a las adiciones como consecuencia de la desaparición de su familiar. 

“Las mujeres buscadoras mencionaron la aparición de nuevas enfermedades y el empeoramiento de condiciones previas. Entre las enfermedades físicas que reportaron se encuentra colitis, gastritis, diabetes, problemas de presión, afectaciones a la tiroides, incluido el hipertiroidismo, tumores, cáncer, problemas cardiacos, enfermedades degenerativas, resequedad, infecciones, problemas en los dientes, como el bruxismo, problemas de huesos y parálisis facial. Incluso, una mujer buscadora mencionó haber tenido desprendimiento de retina ocasionado por el llanto constante". 

“Algunas mujeres buscadoras también han sufrido afectaciones a la salud durante las labores de búsqueda, estar expuestas a condiciones meteorológicas y geográficas complicadas las pone en riesgo de adquirir o agravar enfermedades, como la exposición al sol, la posibilidad de adquirir hongos, o el riesgo de caerse o resbalarse en los terrenos en donde se hacen las búsquedas”, apunta el informe. 

La consulta revela el empobrecimiento que ha significado para las buscadoras realizar su labor, ya que confiaron que han perdido su casa (23%), han enfrentado la pérdida de recursos económicos (66%); se han visto obligadas a cambio de trabajo (34%), o bien, han sido despedidas o han tenido que renunciar a sus trabajos (28%). 

A ello se suman sufrimientos adicionales en el ámbito social por ser familiar de una persona desaparecida y por integrarse a una colectiva de búsqueda, como la pérdida de amistades (57%); el deterioro de relaciones familiares (57%); por su labor se han visto obligadas a cambiarse de casa (27%), o se han visto obligadas a que menores de 18 años abandonen sus estudios (25%).  

El informe abunda que a pesar de los riesgos que enfrentan las mujeres buscadoras, sólo 60 de las 661 encuestadas, contaba con algún tipo de protección por parte de fiscalías o de algún mecanismo de protección a personas defensoras.  

De acuerdo con las experiencias compartidas por las mujeres buscadoras a la organización internacional, las violencias institucionales, por parte de agentes del Ministerio Público, ha desalentado a las mujeres de interponer denuncias por desaparición, retardando la búsqueda de personas a 72 horas, criminalizando y revictimizando a las víctimas o a las denunciantes.  

En tanto que las comisiones ejecutivas de atención a víctimas dificultan el acceso a la incorporación a los programas de atención, situación que se confirma si se atiende a la cifra oficial del Registro Nacional de Víctimas (Renavi) y si se toma en cuenta que, “a nivel federal y estatal hay 3,938 personas registradas como víctimas de delito, 1,026 como víctimas de violaciones a derechos humanos y 314 como víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, lo que da un total de 5,278 víctimas inscritas al tercer trimestre de 2024”. 

Para Amnistía Internacional, “este es un número muy bajo, si además se piensa que no es exclusivo de personas desaparecidas y se compara con las más de 125 mil personas desaparecidas que se reportan en el RNPDNO en el mismo periodo, se permite suponer que la gran mayoría de las víctimas de los delitos de desaparición no reciben las medidas de apoyo a las que tienen derecho de acuerdo con la Ley General de Víctimas”.  

El informe considera una serie de recomendaciones al Estado mexicano para atender tanto la crisis de desapariciones como de manera particular las necesidades y urgencias de las mujeres buscadoras.