CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El paquete de reformas en materia de seguridad, inteligencia y de telecomunicaciones elaboradas por la Presidencia otorga nuevas facultades al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y al aparato militar, que conforman un “superaparato de vigilancia” sobre el cual la ciudadanía tendrá poca o nula supervisión, advierte José Flores, el director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

“Es urgente una reforma a la vigilancia”, insiste el activista en entrevista con Proceso, en la cual señala que las reformas crean nuevas bases de datos interconectadas que darán “más facultades y menos controles a las autoridades para monitorear y vigilar a las personas”. 

 Además de sellar su incorporación al aparato militar, las reformas a la Guardia Nacional otorgan alcuerpo castrense la facultad de recolectar datos telefónicos –la localización o los registros de llamadas, mas no los contenidos de las mismas– sin pedir la autorización de un juez de control, lo que abre la puerta a abusos, según Flores, quien recuerda cómo en 2023 las fiscalías de la Ciudad de México y de Colima ordenaron a las compañías telefónicas a entregarles información telefónica de opositores políticos.

Flores destaca otros aspectos delicados de la reforma a la Guardia Nacional, como la posibilidad para sus integrantes de pedir licencia para competir en elecciones –facultad que ya tienen los militares–, o el permiso de realizar operaciones encubiertas, con los riesgos de tortura y otras “externalidades” que esto conlleva.

Los militares ya están en las calles, han concentrado poder a lo largo de los últimos años, ya no sólo como con grandes proyectos de infraestructura, sino con capacidades de elección popular, o sea se ve cómo México transita lenta e inexorablemente hacia un régimen híbrido entre civil y militar.

De hecho, Flores señala que, al margen de la reforma a la Guardia Nacional, el equipo de Sheinbaum modificó el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con lo que autorizó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) procesar y usar información en actividades de inteligencia por motivos de seguridad nacional; en otras palabras, dio facultades al Ejército para recolectar inteligencia bajo una interpretación amplia del concepto de seguridad nacional.

La situación no es nueva: por lo menos desde 2010 la Sedena ha tenido el spyware Pegasus, y lo ha utilizado para intervenir teléfonos de manera ilegal, pues nunca ha contado con las facultades para hacerlo, y nunca ha solicitado una orden judicial para infectar los dispositivos de sus víctimas. Sin embargo, con el cambio a la ley, Flores asevera que “ahora básicamente les están abriendo la puerta para que lo hagan con este sustento”.

De paso, el director de R3D recuerda que la Sedena sigue desacatando una orden del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que le instruyó dar a conocer los contratos mediante los cuales adquirió Pegasus. Por ello, considera que con las nuevas reformas “habrá más impunidad” y menos rendición de cuentas, pues “se están aflojando los pocos controles que existían”.

Información ¿para EU?         

Flores también destaca que las reformas obligarían a presentar la CURP biométrica para realizar trámites públicas o privados y amplían las facultades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), incluyendo un mayor acceso a bases de datos como una nueva plataforma única de identidad, creada “con la finalidad de la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas”.

El activista señala que Omar García Harfuch tendrá la facultad de suscribir convenios con instancias nacionales e internacionales, una posibilidad “especialmente grave” en un contexto en el que el gobierno estadunidense de Donald Trump ha pedido a México el acceso a la información biométrica de los viajeros y algunos de los ciudadanos en tránsito, como lo ha hecho con los datos biométricos que se registran en los centros del Instituto Nacional de Migración (INM).

 Respecto de los datos telefónicos, Flores aclara que el gobierno y la mayoría legislativa de Morena quitaron el polémico registro nacional de usuarios de telefonía móvil, pero “todo parece indicar” que las autoridades dejarán a las empresas telefónicas la responsabilidad de solicitar los datos de sus clientes y las obligarán a compartirlas bajo ciertas circunstancias.