COLIMA, Col. (apro).-El exgobernador priista José Ignacio Peralta Sánchez y tres de sus excolaboradores comparecieron este jueves ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Colima, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades. 

Aunque las autoridades no informaron de manera oficial sobre la diligencia, que se realizó a puerta cerrada, extraoficialmente trascendió que se trató de la audiencia inicial que forma parte del proceso penal que se sigue contra el exmandatario, así como Arnoldo Ochoa González, exsecretario general de Gobierno y actual diputado local; Carlos Arturo Noriega García, extitular de Finanzas; y Ricardo Irad Ursúa Moctezuma, exdirector general de la Unidad Estatal de Protección Civil del estado. 

En esa audiencia, que se llevó a cabo en las salas de juicio oral de lo penal del Poder Judicial del Estado, por petición de la defensa los probables indiciados deberán presentarse nuevamente en el mes de agosto ante un juez de lo penal. 

Hasta ahora no se conoce el caso específico por el que fue abierta la carpeta de investigación contra José Ignacio Peralta y sus excolaboradores. 

Al salir de la audiencia, el exgobernador fue abordado por reporteros de portales informativos de la entidad, pero evadió hablar sobre el motivo de la audiencia con el argumento de que debe respetar el debido proceso. 

“Aquí, visitando a las estrellas”, dijo sonriente ante el cuestionamiento de las razones de su asistencia a la sala de juicios orales del Poder Judicial; “pero las estrellas son ustedes”, complementó ante los representantes de los medios de difusión. 

De acuerdo con un reportaje publicado por la revista Proceso antes del final del gobierno del José Ignacio Peralta, que concluyó el 31 de octubre de 2021, el exmandatario fue objeto de diversas denuncias y demandas en su contra como consecuencia del “desastre financiero” en el que dejó hundido al estado, así como por presuntas irregularidades y actos de corrupción. 

La entonces gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva, anunció desde entonces que ordenaría una auditoría para revisar el manejo de los recursos y determinar las causas por las que Peralta le heredaría pasivos por más de 11 mil millones de pesos. 

Como parte del colapso económico, en sus últimos tres meses de gobierno Peralta Sánchez dejó de pagar el sueldo de alrededor de 12 mil burócratas, lo que le generó demandan laborales y demandas penales de parte de los sindicatos. 

Por su parte, el rector de la Universidad de Colima, Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, también presentó denuncias contra el gobernador ante el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) y la Fiscalía Anticorrupción, por el adeudo acumulado del subsidio estatal a la institución educativa, por un total de 264 millones de pesos. 

El equipo de transición de la entonces gobernadora electa detectó presuntas anomalías en la falta de claridad en los gastos de la obra del C5¡, que originalmente estaba presupuestada en 808 millones pesos y el costo final rebasó los mil millones de pesos. 

En aquel momento, Vizcaíno Silva denunció que en 2018 de José Ignacio Peralta tenía autorizada una partida de 1.7 millones de pesos para asesorías, pero finalmente gastó 97 millones en ese concepto mediante la contratación de empresas, entre las que fueron detectadas sociedades mercantiles que han sido relacionadas con la práctica de “factureras”. 

Explicó la entonces mandataria electa: “Prácticamente todos estos 97 millones de pesos se adjudicaron de manera directa, con oficios de excepción sin llevar a cabo los procesos de licitación que marca la ley. Estas adjudicaciones directas con oficios de excepción se convirtieron en un hábito, en una práctica cotidiana y común de la Secretaría de Planeación y Finanzas”. 

Sin embargo, a casi cuatro años del inicio del gobierno de Indira Vizcaíno ésta es la primera vez que es citado a una audiencia judicial el exgobernador José Ignacio Peralta.