CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los senadores oficialistas avalaron la Ley Antilavado, que busca prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita para proteger el sistema financiero y la economía nacional. 

La legislación va dirigida especialmente contra los delitos relacionados con estructuras financieras de las organizaciones delictivas, para evitar el uso de los recursos para su financiamiento. 

La reforma también busca atender las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y evitar sanciones o restricciones que deterioren la posición financiera y reputación de México a nivel global. 

Los senadores oficialistas avalaron la reforma en lo general y lo particular por 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones. 

La iniciativa presidencial propone monitorear a las “Personas Políticamente Expuestas (PPE)” en actividades financieras consideradas de “riesgo” y contar con manuales internos para detectar operaciones sospechosas en las llamadas "actividades vulnerables". 

También establece que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) será la encargada de prevenir el lavado de dinero y la faculta para coordinar las funciones con las de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de la Guardia Nacional para investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

Durante la discusión se aceptó una reserva de la senadora morenista, Lucía Trasviña, que elimina de la reforma la frase “financiamiento al terrorismo”.  

Luego se ser aprobada, la reforma fue turnada a la Cámara de Diputados para que se discuta en comisiones y posteriormente en el pleno.  

Oposición, en contra por contradicciones y espionaje financiero 

La senadora del PAN, Guadalupe Murguía, resaltó que apoyan el objeto fundamental que es identificar y prevenir el lavado de dinero y las operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero advirtió que tal como está la reforma implica afectaciones a los Derechos Humanos, a los datos personales, al patrimonio financiero de las personas que puede ser bloqueado incluso sin autorización judicial, al secreto bancario y a la presunción de inocencia.  

“Creemos que hay ambigüedad y exceso cuando se definen a las personas políticamente expuestas. Se define como persona políticamente expuesta a quien ha sido funcionario público en nuestro país, en el extranjero y a quienes se encuentren relacionados con esto. Y quisiera yo precisar por qué la ambigüedad. 

“Primero, el GAFI, al referirse a esto, señala como personas políticamente expuestas a servidores públicos que tengan una actividad relevante. La propuesta que se está haciendo no distingue y cualquier servidor público, por sencillo que fuera, pudiera ser considerado como una persona políticamente expuesta”, detalló.  

Por otro lado, la senadora del PRI, Anabel Ávalos Zempoalteca, resaltó que el verdadero objetivo de esta reforma no es combatir el lavado de dinero por el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando o el secuestro, sino que la 4T desea crear un aparato de espionaje financiero para cualquier ciudadano 

“Desde luego que el PRI está a favor del combate al lavado de dinero, pero no como un instrumento de represión y de censura; eso, sin duda, es muy importante. Esta reforma no busca combatir el lavado de dinero, busca amedrentar a quienes piensan distinto al régimen. Se trata del arbitrario deseo autoritario de controlar, callar y castigar a los adversarios políticos”, enfatizó.