CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Con 44 años, Brenda Quevedo Cruz ha vivido prácticamente 20 años entre la incertidumbre, el terror y la zozobra, por haber sido involucrada en el llamado “Caso Wallace”, relacionado con el supuesto secuestro y muerte de Hugo Alberto Wallace, que habría ocurrido el 11 de julio de 2005. 

En prisión domiciliaria desde junio de 2024, como parte de un cambio de medida cautelar, Quevedo está a la expectativa de la decisión que se tome en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno de un amparo directo promovido por su coacusada Juana Hilda González Lomelí, cuya resolución fue proyectada por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

“Sólo pido a los ministros que actúen conforme a derecho, que se tome en cuenta todo lo que se nos ha hecho, toda la fabricación, que no se ha tomado en cuenta en ninguna de las sentencias; esperamos la libertad de Hilda y que se quiten todas las pruebas ilícitas”, exige Brenda Quevedo en entrevista.

De acuerdo con el proyecto del ministro, enlistado para analizarse hoy miércoles 11 de junio, tendría que ordenarse la “inmediata y absoluta libertad” de Juana Hilda, al considerarse inválidas las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra, entre ellas las declaraciones autoinculpatorias y la que involucraron a cinco personas más – entre ellas a Brenda Quevedo– en el supuesto secuestro y muerte de Hugo Alberto Wallace.

Los seis implicados son representados por el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), que ha podido demostrar las irregularidades en el Caso Wallace.

Testimonio clave

Para Sofía de Robina Castro, titular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del IFDP, las acusaciones contra los detenidos en el Caso Wallace  “no se sostienen, independientemente de la gravedad del delito, y sin duda la necesidad de que se hubiera tenido que investigar, pero muchos de los hechos en los que incurrió la Fiscalía (General de la República) son ilícitos por venir de violaciones a sus derechos humanos, además de registrarse una participación por lo menos irregular de la víctima indirecta”, es decir la madre de Hugo Alberto, Isabel Miranda de Wallace, fallecida el 27 de marzo último. 

Brenda Quevedo ha sido beneficiada de una resolución del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, emitida en 2020, en la que se urge al gobierno mexicano a poner en “liberación inmediata” y a “otorgarle el derecho exigible a una indemnización”.

También cuenta con una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitida en 2023, que la reconoce como víctima de tortura sexual, Brenda litiga su caso en el ámbito internacional, en espera que su situación llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

En su caso, “se declaró agotada la instrucción desde el 21 de abril de 2014. Sin embargo, han transcurrido más de 10 años y 10 meses, sin que se haya decretado el cierre de la instrucción”, apunta la abogada del IFDP. 

De Robina Castro advierte que el único pendiente que tenía este caso era el “desahogo del a testimonial mediante asistencia jurídica internacional de la señora Claudia Muñoz, expareja de Hugo Alberto Wallace, que en una entrevista con el periodista Ricardo Raphael, declaró haber sostenido comunicación con Hugo Alberto después de denunciado el secuestro”. 

Al señalar que ya fue completada la testimonial en fechas recientes, la abogada sostuvo que el caso de Quevedo Cruz estaría muy cerca de cerrarse para dictarse sentencia. 

“De aprobarse el proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, por el que se echa abajo la declaración de Juana Hilda, sería muy relevante para los demás implicados porque prácticamente con base a ese confesión se construyó una teoría del caso, y que la Fiscalía simplemente fue ajustándola, lo que derivó en otras irregularidades y violaciones a los derechos humanos encaminadas por la víctima indirecta, con una participación bastante irregular y con la presencia de las autoridades para poderlas llevar a cabo”, puntualizó Sofía de Robina.

Ante el abordaje del amparo de Juana Hilda González en la Suprema Corte, Brenda Quevedo insiste en su llamado: “Si los ministros ya pueden poner fin a todo esto, que se haga, ¿cuántos años más o cuánto tiempo más hay que esperar? Ya es ilógico”.