CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) dio vista al Ministerio Público de Ciudad de México y del estado de Baja California por presunta tortura contra uno de los principales testigos protegidos, Apolo, durante el proceso de Hugo Ahmed (se omiten sus apellidos por disposición de la juzgadora) por el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, ocurrido el 23 de marzo de 2025.

Lo anterior fue ventilado durante la audiencia para autorizar o no la libertad condicionada de Hugo Ahmed, exalcalde de Chínipas, quien fue sentenciado a ocho años de prisión en juicio abreviado en 2021. 

El sentenciado ha cumplido la mitad de la condena y tendrá que concluirla con la misma medida cautelar en el Centro de Reinserción Social (Cereso) estatal número 1, una vez que la jueza de Distrito, María Elena López Morales, consideró el 7 de mayo último que aún representa un peligro para las víctimas u ofendidos, para los testigos y para la sociedad en general, una vez que la representación social demostró que Apolo ha sido acosado y han intentado que se retracte de sus acusaciones en el caso.

La prueba fundamental fue aportada por la misma defensa de Hugo Ahmed. La voz de la denfensa la llevó Manuel Norberto Cortez Vázquez, quien insistió durante los dos días de la audiencia que uno de los testigos de cargo con identidad reservada, Apolo, declarara para demostrar la inocencia de su cliente. De acuerdo la jueza, debido a que esa no era la materia de la audiencia, la jueza desechó los dichos del testigo, así como el de su madre.

La juzgadora también desechó una lista de más de  mil 500 firmas recabadas por Cruz Karina Martínez Ayón, a quien propusieron como testigo. Las firmas son personas del municipio de Chínipas, del municipio de Delicias y otros de Chihuahua y de Sonora. De acuerdo con la defensa, había firmas de familiares de la periodista asesinada. 

A esa prueba sumaron como propuesta cinco cartas de recomendación: una del obispo de la Diócesis Cuauthémoc-Madera Jesús Omar Alemán Chávez y dos sacerdotes, así como dos profesoras. La representación social, encabezada por el titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, pidió desechar esas pruebas y las firmas porque no se trataba de “un concurso de popularidad”.

Ese mismo testigo, identificado como Apolo, había denunciado ante la FEADLE, que fue privado de su libertad en unas cuatro ocasiones y obligado a responder en una entrevista a Guadalupe Lizárraga, del medio de comunicación Los Ángeles Press, y en otro momento que también lo privaron de la libertad fue sometido a un presunto Protocolo de Estambul para desdecirse de sus declaraciones en el proceso penal del homicidio de Breach.

La audiencia, señalada como 265/2024, duró 16 horas aproxiamadamente en el Centro de Justicia federal de la ciudad de Chihuahua, los días 6 y 7 de mayo.

Por parte de la defensa estuvieron Cortez Vázquez y Víctor David López Marín. Por la representación asistió el titular de la FEADLE, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, y Rocío Moreno. Por Propuesta Cívica, asesora jurídica de las hermanas de Miroslava, estuvieron Sara Lidia Mendiola Landeros y Víctor Javier Martínez Villa y por la Comisión Especializada en Atención a Víctimas (CEAV), Samantha Gándara Armendáriz. 

Ambas partes propusieron testigos para desahogar las pruebas durante la audiencia. La parte defensora había propuesto a Apolo y a su mamá Lilia Enedina Gaxiola Servín, que fueron desechados como testigos.  Apolo es testigo en el proceso penal, indicó Cortez Vázquez, por lo que con él y con su mamá, buscaban presentar documentales para que la jueza los hiciera valer porque lo señalan como víctima de tortura en 2019. “El testigo realizó una entrevista por videollamada con defensores a través de su mamá. Fue ofertada (ante el juzgado) y se acompaña de discos y DVD”.

Para obtener la libertad condicionada, la parte defensora argumentó que su defendido ha reunido los requisitos que exigen el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Ejecución Penal en su artículo 137. López Morales indicó que se reunieron todos los requisitos excepto el que señala que el detenido no debe representar ya un riesgo con su excarcelamiento.

Los testigos propuestos por la parte acusadora fueron Ricardo Alonso Pavón, de la Coordinación de Evaluación de Riesgo para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Fiscalía Especializado en Derechos Humanos; Manuel Salvador Torres Borunda, exanalista delictivo de la Fiscalía General del Estado; Romanico Joaquín Torres Osorno, de la Unidad de Apoyo Técnico Jurídico de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos; Miguel Ángel Jaimes Martínez, agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, y David José Castellanos Carrillo, agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura de Baja California.

La defensa de Hugo Ahmed argumentó que su cliente fue torturado en 2021 para aceptar los hechos que no cometió, como enlace entre políticos y el grupo delictivo Los Salazar, perteneciente al cártel de Sinaloa, de acuerdo con el proceso de investigación.

Señalaron  en repetidas ocasiones a una agente del Ministerio Público llamada Isis, que llevó la investigación, y a quien acusan de haberlo forzado a inculparse. Sin embargo, la jueza les recordó que su defendido ya está sentenciado y aceptó los cargos en un juicio abreviado, por lo que les pidió conducirse de manera adecuada de acuerdo con la materia de la audiencia, que es valorar si se concedía o no la libertad condicionada a Hugo Ahmed.

“Esto no es una denuncia, la denuncia tiene otro objeto (…) esta no es la vía”, dijo la juzgadora.

La representación social pidió desechar la presentación de dichos testigos y las evidencias documentales propuestos por la defensa porque se trata de reportajes mediáticos y que, aunque respetan la libertad de expresión, no son parte de la materia de la audiencia, ya que exhibe una llamada de Enedina con su hijo Apolo, en la que sólo dice que su hijo fue detenido y obligado a declarar contra Hugo Ahmed. 

El testigo Ricardo Pavón dijo que los mapeos de actores que han realizado muestran a Hugo Ahmed con riesgo moderado y en una actualización más reciente de dicho análisis lo muestran con un riesgo considerable. El momento en el que consideraron bajo el riesgo para las dos víctimas que representan fue en 2020, a partir de la detención de Hugo Ahmed, ya que disminuía la posibilidad de que molestara a las víctimas.  Dicho mapeo lo han actualizado y dio a conocer que aún persiste dicho riesgo.

Declaraciones de Apolo

El testigo protegido Apolo dijo en marzo de 2023 ante la FEADLE que fue privado de la libertad por lo menos en cuatro ocasiones para obligarlo a decir que fue torturado por las autoridades para declarar en el caso de Miroslava Breach. Él es hijo de Chrispín Salazar Zamorano y relató en su momento que su papá mandó asesinar a Miroslava Breach. 

El 27 de febrero de 2020 Apolo se presentó ante el juez Néstor Pedraza en el juicio de Juan Carlos Moreno Ochoa, para ratificar que él estuvo presente cuando su papá Chrispín Salazar ordenó asesinar a la corresponsal de La Jornada, y que él escuchó cuando El Larry se ofreció a cometer el delito.

En esa fecha, marzo de 2020, Apolo se encontraba recluido por el delito de extorsión, por lo que declaró por videoconferencia. Según su testimonio, también escuchó cuando Juan Carlos Moreno le confirmó a Crispín Salazar que “ya había quedado su encargo”.

Apolo declaró inicialmente en el juicio 259/2018 contra Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry que conoció la información que declaró porque llevaba seis años viviendo con su papá en Chínipas, a quien identificó como líder del grupo criminal Los Salzar.

Esa declaración no fue retomada en la audiencia para valorar la libertad condicionada, pero es el contexto de los dichos de Miguel Jaime Martínez, quien entrevistó a Apolo el 25 de marzo de 2023.

La entrevista fue registrada en las instalaciones de la FEADLE de manera formal e institucional, por lo que se le informaron sus derechos y juró conducirse con la verdad. Todo quedó documentado en la carpeta 214/2017 del caso de Miroslava.

Durante una hora dio a conocer varios actos que originaron dos denuncias por tortura contra personas involucradas en las privaciones de la libertad de Apolo.

Apolo refirió que la FEADLE le daba una cantidad mensual por su seguridad como testigo protegido. Recibía entre 20 y 23 mil pesos por mes para solventar sus gastos fuera de Chínipas, lejos de su familia. “De hecho me amenazaron de muerte tres veces”.

Luego retoma la vez que estuvo detenido: “Cuando estuve en la cárcel me agarraron y me llevaron para Baja California”, aclaró. En prisión declaró contra su papá y Hugo Ahmed.

Una vez que quedó libre, ha vivido en constante zozobra, dice, porque lo tienen monitoreado y lo han privado de la libertad para desvirtuar sus declaraciones ante el juez y ante el Ministerio Público.

En otro apartado del video, Apolo cuenta que los lugares a donde lo llevaban cuando lo privaban de la libertad eran casas privadas y estaba vigilado con guardias. “No me dejan salir, son cuatro u ocho cabrones, incomunicado, sin televisión ni radio. Los únicos radios los traen ellos para comunicarse (…) 

“Me escapé. Llegué a la casa de Chihuahua con mi mamá y ahí estuve dos o tres días, me volvieron a atrapar. Eran dos licenciados y dos vatos que me venían cuidando (…) me enganchan por los teléfonos. Me llevaron a la Ciudad de México en avión (…) era un licenciado Cortez y dos vatos. Era uno gordito, como yo, y otro que le decían Chiquilín. Otro más bajito, delgado, así como usted, merenito. Cortez es un señor alto, pelo canoso, poco gordito pero alto, con barba de candado.

Me llevan con un psicólogo que según me iban a meter no sé qué (…) no sé qué chingaderas para tumbar todo, para meter un Protocolo de Estamul, de la tortura. El  psicólogo me hizo preguntas en un departamento, no era un consultorio ni nada. 

El lugar donde lo tuvieron era una casa o departamento. “Ahí estaba el vato ya con otras personas, me estaban esperando en compañía de una muchacha. Un médico me checó todas las cicatrices, tengo esquirlas de bala. Me hicieron firmar, ahí sí me obligaron. Sinceramente me amenazaron que iban a hacer daño a mi mamá, a mi familia, no tengo esposa no tengo hijos (…) firmé y me llevaron otra vez a Chihuahua, en avión. No me dejaron ver a mi familia. Me les volví a escapar a Navojoa, luego a Obregón, luego le hablé a la licenciada ayer (24 de marzo 2025). Estaba con la presión de que me agarraran (…) que ocupaba ayuda, no puedo estar en ninguna parte en México, luego me enganchan con mi teléfono. Mi familia tiene mucho dinero y poder”.

En otro fragmento del video, Apolo relata la entrevista con Los Ángeles Press. “Me estaba amenazando la gente que me tenía privada de la libertad (…) En una entrevista me estaban amedrentando, mi familiar. En mayo o junio de 2020. Todo estaban vestidos como policías, estaban clonados tal vez. Las grabaciones creo que sí han salido al público. Era una oficina, como comandancia con cuatro personas.

“La periodista venía a hacer su jale. Me decían (sus raptores) qué le contestara, como que la tenían arreglada. Arreglaron el video para que saliera (…) salían cosas para que le contestara y me decían qué contestara. Esa vez la vi y no la he vuelto a ver a la periodista”. 

El agente del Ministerio Público le muestra un texto “Torturas y amenazas de la FEADLE a falsos culpables en caso Miroslava”, publicado en Los Ángeles Press y Apolo reconoce que es de cuando tomaron el video, el 22 de marzo 2023. “Ese soy yo (…) la foto la sacaron de ese video (…) A raíz de la entrevista de Los Ángeles, la defensa de Hugo Ahmed obtuvo la evidencia de tortura (…) Yo creo que lo sacaron de lo que me trajeron con el psicólogo. Ahí mienta a un Cortez (…)”, narra.

En el caso de la entrevista con el psicólogo que presuntamente le aplicó el Protocolo de Estambul, no le dieron el documento del dictamen psicológico, ya que sólo le tomaron fotos de sus cicatrices y firmó sin ver lo que firmaba.

“El psicólogo, el vato me checó todo, me tomó fotos. La muchacha estaba llenando todo porque nada más me dijeron: fírmale. No me preguntó nada sobre situación emocional. No duraron ni una hora”, dijo y afirmó que eran como ocho hojas.

El agente Miguel Jaimes Martínez dio a conocer ante la jueza que con las pruebas presentadas, principalmente el video, es notorio que son hechos constitutivos de delitos, por lo que dieron vista a las fiscalías de Ciudad de México y de Baja California.

El titular de la FEADLE dijo en entrevista que la denuncia en la Ciudad de México es por el caso de la privación de la libertad donde le aplicaron el presunto Protocolo de Estambul, y en Tijuana, Baja California, por la entrevista en la que presuntamente lo presionaron para responder lo que sus captores querían difundir.

Posteriormente, David José Castellanos Carrillo, agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos de Tortura de Tijuana, Baja California, confirmó que él recibió un oficio de su superior para atender la notificación de la federación contra una persona de nombre reservado, para dar seguimiento a una carpeta de investigación derivada de lo que declaró Apolo. El oficio de petición es FGE Feadle-ELLIII-CS-091-2015.

“Hugo Ahmed representa un riesgo”

Al ir al fondo del asunto, María Elena López Morales enfatizó la existencia de riesgo objetivo y razonable por el externamiento o liberación de Hugo Ahmed y desarrolló las razones.

“Al no actualizarse la falta de riesgo no procede el  beneficio de libertad condicionada”. En ese momento, Hugo Ahmed volteó a ver a su familia que se encontraba en la sala. Mientras la jueza leía su resolución, el sentenciado movía ambos pies de manera recuerrente.

Sobre Torres Borunda, la jueza refirió que dio un informe detallado de grupo delictivo, del líder en su momento en Chínipas, de sus contemporáneos delictivos y que entre 2005 a 2011 se le relacionó con agresiones a periodistas, de su operación en los municipios en Chihuahua, de Urique Guazapares y Chínipas, a través de control social, amiguismos y comparadrazgos, así como la incidencia en política que hacen”.

Torres Borunda enfatiza que Hugo Ahmed formó parte de la política como alcalde de Chínipas y que patrocinó o impulsó candidatos como Juan Salazar Ochoa, quien declinó cuando se le evidenció. 

La impartidora de justicia destacó un hecho para determinar que hay riesgo en caso de libertad de Hugo Ahmed:“(La FEADLE) fue contactada por Apolo. La entrevista se realizó conforme a derecho (…)  Ya había rendido entrevistas ante la fiscalía por el homicidio de MBV. Dice que en la entrevista ante Los Ángeles Prees fue entrevistado cuando estaba capturado.

“En otra, que fue capturado y le hacen el Protocolo de Estambul para deascreditar su declaración como testigo de cargo. Lo llevan a la CDMX en avión (…) menciona a un licenciado de apellido Cortez, a Chiquilín y otro de quien da referencias físicas (…) El pago que solicitaba como apoyo económico era para su seguridad. Existía la intención de obligarlo a declarara (…).

“La nota periodística deriva de una narrativa propia de testigo porque lo estaban amedreantando, parecía que era en una comandancia porque había hombres vestidos de policías. Dice que la periodista hacía su jale, pero a él sólo le decían qué responder (…) En la nota periodística menciona el nombre completo (del testigo)”, añade y destaca la jueza que el testigo reconoce a uno de sus captores como Cortez, que ese corresponde con su defensa.

“Apolo ha sido materia de constante acoso los dos días (de la audiencia) directamente aquí. Es un testigo protegido. La intención con la que se trajo como testigo de refutación para venir a declarar que no es cierto lo que declaró para probar la inocencia de Hugo, y traer a su madre por una llamada telefónica con su hijo. Ha habido un contacto de manera persistente con un testigo de cargo”, advirtió la juzgadora.

Y continuó:

Se rechaza (la participación de Apolo como testigo en esa audiencia) porque no es parte de esta materia, sino pretende cambiar su versión para demostrar la inocencia. Es riesgo para víctimas de cargo. Se acredita el riesgo para la sociedad y el riesgo para Apolo.