GUANAJUATO, Gto. (Proceso).- Después de 27 años de que el PAN mantuvo la mayoría en el Congreso de Guanajuato, hoy, 29 de mayo, por primera ocasión en el nuevo siglo se abrió la posibilidad de avanzar en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el estado.

Sin embargo, con las alianzas que tejió Acción Nacional con el PVEM y PRI tienen la posibilidad de enviar al archivo reformas legales que buscan no sólo eliminar la sanción por aborto del Código Penal del Estado, sino además garantizar los servicios de interrupción del embarazo en instituciones públicas de salud.

La resistencia del PAN se mantiene a pesar de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha declarado inconstitucionales normas en otros estados que sancionan a las mujeres que abortan y aquellas que establecen el derecho a la vida desde la concepción. 

El debate por la despenalización del aborto voluntario hasta las 12 semanas  regresó a la agenda de Guanajuato, luego de varios intentos fallidos para eliminar el tipo penal en las leyes estatales en legislaturas anteriores, en las que el PAN mantuvo el control de la comisión de Justicia con la ahora diputada federal Cristina Márquez Alcalá, quien no sólo frenó derechos a las mujeres, sino a la comunidad LGBT+.

El panorama este 2025, desde la perspectiva de colectivas feministas, resultaba alentador porque el PAN, con su aliada del PRD, apenas alcanzan los 17 de los 36 votos.

Resultado de la elección de 2024, el PAN perdió la mayoría en el Congreso que había mantenido desde 1997, apenas seis años después de que llegó el partido al gobierno del estado. En la última elección, de los 22 distritos locales de mayoría relativa ganaron 13, dos de ellos en coalición con el PRI y el PRD. Morena obtuvo más curules después de ganar los distritos que comprenden la región Laja-Bajío, la más violenta del estado, y se conformó una bancada de 11 diputadas y diputados, la más grande en la historia del partido en el estado.

Con los espacios ganados en la elección y la presidencia de tres comisiones clave para garantizar los derechos reproductivos y sexuales de las guanajuatenses, Morena y Movimiento Ciudadano se apropiaron del tema para impulsarlo con reformas a través de cuatro normas:

• Primero. Eliminar del Código Penal del Estado las sanciones para las mujeres que, de manera voluntaria, deciden interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
• Segundo. Reformar la Ley de Salud del Estado para que todos los hospitales públicos brinden los servicios de interrupción del embarazo a las mujeres.
• Tercero. Se propuso modificar la Ley de Educación del Estado para incluir la educación sexual y reproductiva integral en las escuelas públicas de nivel básico.
• Cuarto. Reformar la Constitución local en su artículo primero, que establece el "derecho a la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural", disposición vigente desde el año 2009, cuando el PAN consiguió votos en el PRI para concretar la modificación que hoy resulta inconstitucional por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con tres legisladores de Morena al frente de las comisiones de Justicia, Salud y Educación, el tema regresó a la agenda legislativa, aunque en el transcurso del análisis el PAN agotó los plazos legislativos para postergar la discusión, y luego imponer votos con los aliados que concretaron en el camino.

En los días previos a la sesión de Pleno para votar el paquete de dictámenes destinados al archivo, con excepción de la reforma a la Ley de Educación que contó con el apoyo unánime de las fuerzas políticas, la diputada del PVEM Luz Itzel Mendo y su compañero de bancada Sergio Contreras Guerrero, además de la diputada priista Rocío Cervantes, se pronunciaron "a favor de la vida", sumándose en la votación de comisiones al PAN y enviar al archivo las propuestas de reforma a la Constitución local y la Ley de Salud. Queda en la incertidumbre qué pasará con el Código Penal. 

Desde la batalla que inició el PAN contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el grupo parlamentario presentó una iniciativa para crear la "Ley de Protección a la Maternidad y la Primera Infancia", en la que se reconocen los derechos desde el momento de la concepción, criterio que ha mantenido Acción Nacional en Guanajuato a pesar de las resoluciones de la Corte.

La propuesta panista pretende establecer como obligación del Poder Ejecutivo la entrega de recursos económicos a organizaciones de la sociedad civil que se dediquen a "proteger" a las mujeres embarazadas. 

“Sus prisas no son mis prisas”

Aunque hace una semana se tenía proyectada la discusión y votación de la reforma al Código Penal, el PAN, a través de la diputada Jared González y el diputado Rolando Alcántar, hizo uso de un último recurso para evitar que en la misma sesión en que se votaría la creación de la Secretaría de las Mujeres para el Estado se discutieran los derechos sexuales y reproductivos de las guanajuatenses. Ambos panistas no firmaron el dictamen, se ausentaron del Congreso y no respondieron a los mensajes.

“Sus prisas no son mis prisas”, respondió Jared González cuando se le cuestionó por qué no había firmado el documento.

Con tres votos del PAN, el dictamen de la comisión de Justicia se aprobó en sentido negativo; es decir, para que se vayan al archivo las iniciativas de Morena, Movimiento Ciudadano y PVEM sobre la despenalización del aborto en el estado.

Sin embargo, la presidenta de la comisión, la morenista María Eugenia García, anunció que tiene preparado un dictamen alterno, porque de no alcanzar el PAN-PRD los 19 votos, podrían presentar el documento con la reforma al Código Penal para votación en el Pleno.

Para concretar la modificación al Código Penal del Estado se requiere la suma de las fuerzas políticas de oposición: Morena con 11 votos, PRI con 3 votos, Movimiento Ciudadano con 2 votos, PVEM con 2 votos y el PT con un voto.

Los votos de Morena, PT y Movimiento Ciudadano están seguros. El PVEM ha señalado que van a favor de la despenalización del aborto, pero en contra de que los hospitales públicos brinden los servicios de interrupción de embarazo.

Públicamente dos de los tres priistas han manifestado que están en contra de la criminalización de las mujeres que deciden abortar, sólo está pendiente la decisión que vaya a tomar la tercera integrante: Rocío Cervantes, quien ha dicho que no anunciará el sentido de su voto hasta la sesión programada para este jueves 29 de mayo.

"Mi voto va a ser a conciencia, no sólo en el tema de respaldar el derecho de las mujeres, sino en el tema de respaldar el bien jurídico tutelado que es el más grande de todos que es la vida. Estoy a favor de la vida y en contra de la criminalización de las mujeres", dijo Rocío Cervantes, quien representa el voto número 19 que necesita la oposición para concretar la despenalización.

Niega PVEM abortos en el sector público

A pesar de que el PVEM se había distinguido desde hace al menos cuatro legislaturas por la promoción de los derechos de la comunidad LGBT y las mujeres, ahora la bancada que coordina Sergio Contreras, también dirigente estatal del partido, se ha pronunciado por el derecho a la vida desde el momento de la concepción, sin considerar las resoluciones que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La bancada verde daría sus dos votos a favor de eliminar el tipo penal de aborto para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, al considerar que es un mero trámite porque la norma es "letra muerta".

"La despenalización tiene una finalidad distinta al tema de la legalización. La despenalización lleva quitar el tipo penal porque por dicho de las propias autoridades estatales, desde hace 10 años no hay una sola mujer a la que se le haya abierto carpeta de investigación por practicarse un aborto. Es letra muerta, no tiene ningún caso que en el Código Penal siga esa pistola cargada", dijo en entrevista Sergio Contreras Guerrero, luego de sumarse al PAN para evitar la reforma constitucional y eliminar el concepto del derecho a la vida desde el momento de la concepción.

Sin embargo, fue el PVEM el que presentó la iniciativa más avanzada de las tres que se discuten en la comisión de Justicia, pues abordaba la despenalización sin imponer la limitante de las 12 semanas, aunque esta propuesta fue promovida por la exdiputada del PVEM Martha Lourdes Ortega, quien en la legislatura pasada formó parte de la llamada bancada feminista.

Ahora el también dirigente del partido en el estado se negó a apoyar la propuesta para que los servicios de aborto se brinden en instituciones públicas.

"El aborto no puede ser regla general, tiene que ser regla de excepción... La opción generalizada debe ser lo que la Constitución marca, que es el derecho a la vida. Tiene que haber una serie de mecanismos instruidos en políticas públicas para que se trate de evitar el tema del aborto, no por temas religiosos ni ideológicos, sino por el caso en particular", sostuvo.

Sergio Contreras reconoció que se reunió con grupos de ultraderecha, a los que adelantó que el partido votará a favor de eliminar del Código Penal las sanciones a las mujeres que abortan.

En las mesas de trabajo a las que se convocaron para analizar las iniciativas, colectivas feministas advirtieron que el aborto seguirá como un privilegio para las que pueden costear hacerse el procedimiento en otro estado o cuentan con una red para que la acompañen y orienten, como las que han formado desde la sociedad civil organizada, pero se deja en mayor desventaja a las mujeres de bajos recursos o que no conocen el trabajo que hacen de acompañamiento.

Libia no es aliada: colectivas

La panista Libia García Muñoz Ledo se convirtió en la primera mujer gobernadora de Guanajuato y durante su campaña se comprometió públicamente a respetar el derecho al aborto, reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En un foro, previo a la elección, organizado por la colectiva feminista Verde Aquelarre, se le preguntó su postura sobre el aborto, y la ahora gobernadora respondió que más allá de sus creencias, en Guanajuato se respetarían los derechos de las mujeres.

"Como persona yo puedo tener una convicción propia, pero como gobernadora no voy a dejar de lado las voces y circunstancias de las mujeres para atender sus realidades y respetar sus derechos, por eso voy a ser respetuosa de las instituciones y resoluciones federales", dijo en aquella ocasión al hacer referencia a las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ahora, la gobernadora ha optado por mantenerse al margen de la discusión en el Congreso, sin intervenir sobre la bancada del PAN, con el argumento de que existe una división de Poderes y ella es respetuosa de las decisiones que se toman en el Legislativo.

Las declaraciones y postura asumida por la gobernadora panista ha generado inconformidad entre las colectivas feministas, que reprochan no haber encontrado una aliada en la primera mujer gobernadora.

"No se puede hablar de un gobierno feminista cuando se legitiman discursos que violentan, criminalizan y niegan nuestra autonomía", reclamó Verde Aquelarre en sus redes sociales.

La colectiva hizo el llamado a Libia García a "asumir responsabilidad política y a no permitir que, desde su bancada, se sigan bloqueando derechos".

La gobernadora de Guanajuato no respondió, mantuvo el silencio.