PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo (Proceso).- La elección judicial local está marcada por la intervención del gobierno de la morenista Mara Lezama Espinosa, ya que por medio de una impugnación que interpuso su Consejería Jurídica logró cambiar el diseño original de las boletas electorales. Con esto, diversos candidatos, muchos de ellos relacionados con funcionarios de alto nivel de los poderes locales, tienen asegurado su lugar como próximos jueces y magistrados.

Perfiles con parentesco están involucrados no sólo en las candidaturas, sino también en las distintas instancias y tribunales donde se solicitó y se autorizó el cambio de las boletas.

Rosalba Maribel Guevara Romero y Deyliana Avilés Demeneghi, esposa y hermana del presidente del Tribunal Electoral del Estado, Sergio Avilés Demenegui, aparecen entre las candidatas beneficiadas, pues sus nombres se repiten en las tres listas contendientes luego del cambio forzado por el recurso.

La impugnación ganada por la Consejería Jurídica de la gobernadora Mara Lezama Espinosa fue presentada por Carlos Felipe Fuentes del Río, quien es hijo de Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Estas maniobras provocaron que en el estado iniciara una campaña de anulación del voto de la elección judicial local.

Campaña de anulación

La abogada Fabiola Cortés Miranda, fundadora de la asociación civil Somos tus Ojos, inició una campaña de anulación del voto en la zona de juzgados civiles y familiares de Playa del Carmen.

“Van a elegir por bloques, en las boletas están integrados nombres de jueces palomeados por el Poder Legislativo, por el Poder Ejecutivo y por el Poder Judicial (...) usted va a elegir a los jueces por bloque, ésa es la peculiaridad de la elección en Quintana Roo, ni siquiera va a elegir por nombre, no se preocupe ni siquiera en saber los nombres (...) hay nombres que se repiten en las tres boletas”, explicó Fabiola Cortés.

En total, 48 candidatos se ven en condiciones ventajosas en la elección porque aparecen sus nombres repetidos en las boletas.

La abogada Cortés Miranda enumeró cada una de estas anomalías que se ha vivido en el proceso electoral judicial local y ha invitado a la ciudadanía a anular su voto para no legitimar la elección. La campaña se replicará en las principales ciudades de esta entidad y con mayor actividad jurisdiccional.

“Salga a votar, pero anule su voto, que le demuestre su repudio a los gobernantes, que le demuestre su rechazo a todos aquellos que le están forzando a usted, que puede ser legal, porque la elección es legal, pero va a ser ilegítima”.

La trampa

La entidad es una de las 19 donde se desarrollará una elección judicial local, a la par de los comicios para la elección de miembros del Poder Judicial de la Federación, aunque para esta última elección los nombres de los candidatos aparecen en un solo listado.

Pero en el caso de Quintana Roo, por la impugnación ganada por el Ejecutivo, el día de la elección los ciudadanos electores recibirán dos boletas: uno para la elección de magistrados y otro para jueces locales.

Ambas papeletas cuentan con tres listas de candidatos o bloques, cada uno emanado del Comité de Evaluación que los postuló: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial.

Sin embargo, seis candidatos a magistrados aparecen en los tres listados; mientras que 42 candidatos a jueces se encuentran en la misma situación. Por ello, tienen prácticamente un 100% de posibilidades de ganar, porque se votará por el bloque y no por la persona.

Además, en algunos casos aparecen hasta dos veces en las listas, contra otros aspirantes cuyos nombres aparecen en una sola ocasión.

El 31 de marzo, el Instituto Electoral de Quintana Roo publicó el primer diseño de boletas electorales que contemplaba una sola lista de candidatos para juez y otra para magistrado.

En un principio el diseño de las boletas estaba contemplado para que los candidatos aparecieran en una sola lista, es decir, el elector tuviera así la oportunidad de elegir de un sólo grupo los candidatos de su preferencia para ser juez y en otro, para magistrados.

El 3 de abril Carlos Felipe Fuentes del Río, consejero Jurídico de Mara Lezama, presentó una apelación también como secretario del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. En el escrito de demanda expuso que el Instituto Electoral de Quintana Roo carecía de facultades para determinar un diseño de las boletas en un solo listado, además de que creaba confusión.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo le dio la razón y ordenó al órgano local electoral modificar el diseño de las papeletas.

El 10 de abril se cambió el diseño de las boletas, lo que ha provocado la controversia pública.

En la entidad se aceptaron 148 candidaturas para juez de primera instancia en diversas materias y 19 para magistrados que buscan integrar el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Quintana Roo y el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial.

Los nombres de Rosalba Maribel Guevara Romero y Deyliana Avilés Demeneghi, esposa y hermana de Sergio Avilés Demenegui, presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, se repiten en las tres listas contendientes.

Sergio Avilés resolvió uno de los recursos de apelación que obligó a cambiar el diseño de las boletas.

El 11 de abril, Carlos Vega, candidato a juez civil y familiar, presentó un Juicio de Protección de Derechos Políticos Electorales contra las determinaciones de los órganos electorales quintanarroenses, alegando intromisión de la Consejería Jurídica al no estar legitimada para impugnar porque su función en el Comité de Evaluación de Candidatos por parte del Poder Ejecutivo concluyó con la selección de los mismos.

La impugnación llegó hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de la que forma parte Felipe Alfredo Fuentes Barrera, padre del consejero Jurídico de Mara Lezama. El magistrado se excusó de resolver la impugnación. La Sala encabezada por Mónica Aralí Soto Fregoso aceptó su decisión.

Los magistrados restantes dieron la razón a la exigencia de Carlos Vega, al determinar que la injerencia del consejero Jurídico de Mara Lezama, como representante del Comité de Evaluación del Ejecutivo, no era válida, es decir, no estaba legitimado para interponer la impugnación que cambiaría el diseño de las boletas como lo aceptó el Tribunal Electoral de Quintana Roo.

Sin embargo, esta demanda finalmente fue desechada luego de que Sergio Arturo Ramírez Moxca, candidato a juez penal, acudió con un escrito oficial de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo (sin que se explicara cómo lo obtuvo sin ser funcionario) con el que argumentó que obligar a cambiar el diseño de las boletas iba ocasionar un daño al presupuesto aprobado para la elección, por más de 67 millones de pesos, por el inicio de la impresión de las boletas.

El tribunal admitió dicho argumento y avaló que las boletas quedaran con los cambios aprobados.

Pero Proceso encontró que Ramírez Moxca hace todavía unos meses se desempeñaba como director de área dentro de la Consejería Jurídica de Quintana Roo, bajo las órdenes de Carlos Felipe Fuentes del Río.

Esta información fue corroborada en la Plataforma Nacional de Transparencia, donde Ramírez Moxca aparece con un último sueldo en dicha área de octubre del año pasado por 43 mil 165 pesos.

“Manipuló la interpretación de la ley, sesgó la interpretación y se le dio la razón al consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, a pesar de que no contaba con las facultades para impugnar. Se puede estar posiblemente en un abuso de autoridad porque no tenía facultades para impugnar o ejercer una apelación ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo”, expuso en entrevista Carlos Vega.

Con el cambio de diseño la población no podrá acceder a un verdadero ejercicio democrático, dijo. Y remató:

“Se viene es una elección sesgada, sesgada por ciertos personajes de la vida política pública, donde han cambiado la boleta electoral para evitar que los ciudadanos conozcan a los candidatos, seleccione a los mejores candidatos (...) sesgaron mal la votación porque hay personas que están inscritas en las tres planillas”.

Proceso buscó la postura del gobierno del estado sobre su intervención, pero no hubo respuesta.