CJNG
FGR impugnará libertad concedida a Leslie “N”, la “Güera”, presunta operadora del CJNG en Michoacán
Leslie “N”, apodada “La Güera”, fue detenida en un cateo en un domicilio en Huandacareo, Michoacán, donde se localizaron diversas cantidades de metanfetamina, cocaína y marihuana.CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR), está en total desacuerdo con la determinación emitida por la Juez Elizabeth Galicia García, del Centro de Justicia Penal Federal en Morelia, Michoacán, mediante la cual dejó en libertad a Leslie “N”, apodada “La Güera”, presunta operadora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.
Dicha persona fue detenida en un cateo autorizado por el Centro Nacional Especializado en esa materia, realizado en un domicilio en Huandacareo, Michoacán, donde se localizaron diversas cantidades de metanfetamina, cocaína y marihuana. La detención se efectuó cuando la persona estaba huyendo a un domicilio contiguo al momento del cateo.
La jueza antes mencionada dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Leslie “N” por los delitos que se le imputaron, ordenando indebidamente su libertad inmediata.
Esa libertad la dictó la jueza basándose en argumentos que son insubstanciales, como es el que los participantes difirieran en minutos o segundos respecto al momento en que ingresaron al domicilio objeto del cateo, o que no hay coincidencia en cuanto al número de ocasiones que el Ministerio Público Federal (MPF) tocó a la puerta del inmueble, cuando eso no se requiere ante la autorización judicial para ese cateo.
La jueza utilizó argumentos vanos que de ningún modo pueden desvirtuar lo esencial: la persona fue detenida con base a un cateo en el que se encontraron sustancias y objetos que son totalmente ilícitos.
La FGR procederá a impugnar legalmente esa determinación, a la vez que iniciará carpeta de investigación en contra de la jueza, ya que su resolución implica un desconocimiento de la legalidad y utilizó pretextos irrelevantes al dictar una resolución de fondo contraria a las actuaciones seguidas en el procedimiento, que le producen un daño a la seguridad de la nación en esta materia tan relevante, razón por la cual se considera que ha cometido delito contra la administración de justicia.