CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El expresidente de Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas, Santiago Corcuera Cabezut, recomendó al gobierno de Claudia Sheinbaum corregir su actitud beligerante contra el órgano de tratado, y aceptar que México requiere asistencia internacional para atender la crisis de desapariciones que superan las 125 mil víctimas. 

Durante su participación en el Seminario Violencia y Paz del Colegio de México, conducido por el académico Sergio Aguayo, Santiago Corcuera alertó que ni la nota diplomática enviada por la presidenta a la ONU, ni la solicitud de sanciones al presidente del CED, Olivier de Frouville, por parte del Senado, tendrán impacto en la decisión final del órgano colegiado, cuyo único interés “es proteger a la población mexicana contra la desaparición forzada”. 

Recomendó al gobierno de Sheinbaum que, si quiere evitar que la situación de las desapariciones en México se defina en la Asamblea de Naciones Unidas, “no se peleen con el Comité, no lo insulten, no le hagan la guerra al Comité (…) todo esto que están haciendo es contraproducente”.  

Agregó: “Yo les diría al gobierno: señores y señoras del gobierno de la 4T encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, rectifiquen, ofrezcan cooperación, pidan asistencia; no podemos solos, seamos humildes, reconozcamos lo descomunal del problema. 

“Pedir ayuda internacional no es vergonzoso, pedir ayuda internacional no es contrario a la soberanía, pedir ayuda internacional es para lograr los objetivos de la convención, que es proteger a todas las personas contra las desapariciones forzadas”, puntualizó el experto independiente. 

Corcuera inició su intervención haciendo un recuento de cómo, desde 2011, primero el Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas (GTDFI), vino a México “a revisar la situación de las desapariciones que se produjeron de manera tremenda durante el sexenio de Calderón” y en su informe alertó sobre la existencia de una situación generalizada de desapariciones forzadas en el país. 

El experto recordó que la primera recomendación que el GTDFI le hizo al Estado mexicano, presidido por Calderón, fue “que reconozca la dimensión del problema como un primer paso para resolverlo”, porque en ese entonces el panista negaba la situación.  

Apunto que, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se dio a conocer el primer informe del CED sobre México, en el que se reiteró la generalización de las desapariciones forzadas y, una vez más, se rechazó el diagnóstico. 

“Ya desde 2015, los familiares de personas desaparecidas y las organizaciones sociales pedían al Comité que aplicara el artículo 34, ante la continuación del problema”, pero en 2018, en una nueva revisión, el CED insistió en la persistencia de las desapariciones forzadas.  

Corcuera reconoció que, durante la gestión de Alejandro Encinas al frente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, se invitó al CED a realizar una visita en 2021 y que, en el informe de 2022, se comprometió a aceptar las recomendaciones, tras darse a conocer el reporte en el que se insistió sobre el incremento del problema.  

Ante la falta de atención de las recomendaciones del CED, es que se decide aplicar el artículo 34 de la Convención, con la posibilidad de que “la Asamblea General decida qué medidas le va a imponer a México, que no son sanciones (…) no es una resolución contra México, es para solucionar el problema de México”.  

Abundó que, considerando experiencias similares, como en Guatemala o en Siria, la Asamblea General de la ONU podría “establecer algún mecanismo nacional con apoyo internacional para la crisis forense, para la crisis de justicia, para la crisis de impunidad, para la crisis de búsqueda y para la crisis de generación de desapariciones, es decir, políticas de prevención”. 

Tras reconocer que fueron las familias de víctimas de desapariciones la primera fuente de información del CED, Corcuera Cabezut destacó que el órgano colegiado cotejó esos datos con la propia información gubernamental y de las organizaciones, para realizar un balance final.  

Lamentó que el gobierno de Sheinbaum esté sumido en una “doble realidad” en la que por un lado instruye a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a reunirse con colectivos de familias de personas desaparecidas, y después ataca al CED, “que desde 2010 ha recibido información de las familias, esta estrategia de levantarme y ponerme a darle de golpes al mejor aliado de las víctimas a nivel internacional no es conveniente, esto nos va a llevar a la Asamblea General”. 

El experto independiente destacó que entre las recomendaciones que se le han hecho reiteradamente a México, para atender la crisis de desapariciones, es abandonar “el modelo militar de seguridad, porque los modelos militares de seguridad producen violencia y producen desapariciones”. 

En ese sentido, lamentó que desde el gobierno de Felipe Calderón no sólo no se ha corregido esa política de militarización de la seguridad pública, sino que se ha acentuado con la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y con la ampliación de funciones que correspondían al poder civil, situación que se contrapone con las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos.  

“Mientras se continúe con la política de seguridad basada en la militarización, es decir, en la participación del Ejército y de la Marina en labores policiales, no va a mejorar la situación de las desapariciones, porque tenemos evidencia de que así ha sido desde que empezó el uso de las Fuerzas Armadas en estas tareas. 

“En todos los países del mundo donde se recurre a las Fuerzas Armadas, no solo en México, ocurre lo mismo, se registran desapariciones y otros abusos, por eso mientras no haya un abandono paulatino, poco a poco, de la militarización de la seguridad pública, esto no va a mejorar. Ese es mi pronóstico”, sentenció Santiago Corcuera.