CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República la iniciativa que sustituye la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), órgano autónomo para crear la Comisión Nacional Antimonopolio. 

La nueva Comisión, detalla el documento, será un organismo público descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Economía. La iniciativa detalla que la Comisión aplicará la Ley Federal de Competencia Económica, así como su Reglamento y podrá emitir disposiciones regulatorias. 

“La Comisión Nacional Antimonopolio tendrá herramientas y facultades para liberar a México de la influencia de los grandes intereses y que la economía funcione por y para los mexicanos. Para ello, también contará con personal altamente capacitado y especializado”, especifica. 

Por ahora, la iniciativa está en trámite legislativo y se prevé que pase a comisiones de la Cámara alta en un periodo extraordinario, ya que el miércoles 30 de abril termina el actual periodo ordinario en el Congreso. 

El Ejecutivo seleccionará a los miembros de la nueva Comisión

En la iniciativa se establece que el organismo estará compuesto por cinco comisionados que serán designados de forma escolada por la presidenta y serán ratificados por el Senado de la República. 

El presidente de la Comisión Nacional Antimonopolio durara tres años en el cargo, prorrogable en una sólo ocasión; los demás comisionados durarán siete años de manera improrrogable. 

La sesiones serán de carácter público por medio de una versión estenográfica que publicará la Comisión en su sitio, excepto los temas que se clasifiquen como información confidencial o reservada. 

Incremento de sanciones 

La reforma contempla que una vez que se han detectado violaciones a la ley, la Comisión imponga sanciones lo suficientemente robustas para tener un efecto verdaderamente disuasorio. 

Ya que, en los últimos años, las herramientas con las que cuenta la Cofece han reducido su efectividad, a raíz de que las sanciones –actualmente establecidas en la ley– no son lo suficientemente altas para desincentivar que las empresas incurran en conductas anticompetitivas. 

En el apartado de sanciones, la iniciativa establece multas hasta por el equivalente al 20% de los ingresos del agente económico, por haber incurrido en una práctica monopólica absoluta. 

Además, detalla que, para desincentivar esas conductas, el marco normativo debe contemplar otro tipo de sanciones, tales como sanciones penales, inhabilitaciones para ejercer ciertos cargos, inhabilitaciones para participar en procedimientos públicos, así como darle la facultad a los directamente afectados para demandar a los infractores por los daños que sufrieron.