CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 176VG/2025 dirigida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) por violaciones graves a los derechos humanos, derivadas de actos de tortura cometidos en 2015 por elementos de la entonces Policía Federal (PF). 

El caso fue reactivado luego de que, el 8 de agosto de 2023, una persona privada de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número 5 “Oriente”, solicitó la aplicación del Protocolo de Estambul al considerar que fue víctima de tortura el 24 de julio de 2015. 

Aunque la CNDH ya había emitido una recomendación relacionada el 26 de julio de 2019, en esa ocasión la persona denunciante fue reconocida como víctima, pero no se determinó que hubiera sufrido tortura; no obstante, quedó inscrita en el Registro Nacional correspondiente sin haber solicitado reparación integral del daño hasta la fecha. 

Un nuevo dictamen médico-psicológico, elaborado con base en el Protocolo de Estambul por la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, confirmó indicadores consistentes con tortura.

“El dictamen médico-psicológico elaborado, de acuerdo con el Protocolo de Estambul, por la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública revela elementos concordantes con actos de tortura en agravio de la víctima, lo cual, sumado a diversos testimonios, comprueba que los siete elementos de la PF que participaron en la captura cometieron actos de tortura en contra de la víctima”, manifestaron.  

Posteriormente, ante esta evidencia, la CNDH recomendó a la SSPC actualizar la información de la víctima en el Registro Nacional correspondiente, gestionar ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la reparación integral del daño, que incluya compensación complementaria y atención médica, psicológica y/o psiquiátrica. 

Finalmente, la Comisión subrayó que las autoridades tienen la responsabilidad de prevenir, investigar y sancionar delitos, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos, y reiteró su llamado al Estado para cumplir con su deber jurídico en este ámbito.