CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un tribunal federal declaró inconstitucional la creación de la sección “¿Quién es quién en las mentiras?, implementada verbalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que es violatoria de la libertad de expresión. 

El Vigésimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la Ciudad de México consideró que esta sección, al haber sido creada verbalmente, reprimió a la prensa crítica durante el sexenio de López Obrador. 

"La creación de la sección referida sin un mandamiento escrito con parámetros de actuación, límites precisos y reglas objetivas previas dio lugar a un sistema de propaganda gubernamental posfactual que deforma la verdad desde el poder, reprime a la prensa crítica e impide a la ciudadanía el acceso a la información en condiciones de objetividad y neutralidad”, señaló. 

Por ello, los magistrados concedieron el amparo a Raymundo Rivapalacio, quien demandó al gobierno del entonces presidente de la República porque en las conferencias matutinas del 25 y 26 de julio de 2023, durante dicha sección, la directora de Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, Ana Elizabeth García Vilchis, afirmó que el columnista cobró más de 31 millones de pesos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. 

Al analizar el contenido de esta sección, el Colegiado afirmó que la misma viola la Constitución porque viola las libertades de prensa, expresión e información consagradas en la misma. 

“Como medida de no repetición para el periodista quejoso, el Poder Ejecutivo se abstenga de afectar su esfera jurídica, a través de plataformas de comunicación social que se aparten de los parámetros de veracidad, objetividad, neutralidad e institucionalidad, en detrimento de los derechos humanos a los datos personales, a la vida privada y al honor del periodista promovente”, señaló el Colegiado. 

"El Poder Ejecutivo y las autoridades responsables se abstengan de emitir manifestaciones o declaraciones públicas que exhiban datos e informaciones íntimas y privadas del periodista quejoso, o que impliquen ataques, denostaciones y descalificaciones a su persona”. 

Los magistrados advirtieron que en caso de que el gobierno federal realice alguna manifestación o declaración pública sobre Rivapalacio, deberán mencionar y exhibir las pruebas que sustenten su dicho y otorgarle el derecho de réplica dentro de las 24 horas siguientes a que sean realizadas las declaraciones. 

Asimismo, ordenó bajar la información relacionada con las conferencias matutinas del expresidente López Obrador del 25 y 26 de julio de 2023 en las que fue difundida información falsa sobre Rivapalacio.