CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que Nacional Financiera (Nafin) transfirió a la Tesorería de la Federación (Tesofe) todos los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) anunció que buscará conciliar para garantizar el pago de las indemnizaciones de los juzgadores que fueron obligados a renunciar conforme a la reforma judicial. 

A través de un comunicado, el CJF reprochó que Nafin realizó la transferencia de los recursos que le fueron encomendados para su administración sin notificarle previamente y sin que dicho órgano colegiado, que tiene carácter de fideicomitente, hubiera ordenado tal acción conforme al contrato.  

“El CJF ha emprendido medidas de conciliación y analiza la estrategia legal procedente”, señaló el Consejo presidido por la ministra Norma Piña. 

En su comunicado, el Consejo recordó que, conforme a la reforma judicial de Morena, los juzgadores que no quisieron participar en la elección de junio próximo y, por tanto, declinen sus candidaturas o quienes no resulten electos deben renunciar al PJF. 

Para ello, el artículo Décimo Transitorio de la reforma constitucional establece que el PJF les realizará un pago extraordinario que debía ser cubierto con los recursos que deriven del proceso de extinción de los fideicomisos que Nafin entregó, sin previo aviso, a la Tesofe. 

En tanto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) acusó al Estado mexicano y al CJF de no realizar los pagos a los juzgadores que ya se separaron de sus cargos con motivo de la reforma judicial y que ya solicitaron sus indemnizaciones. 

“(Esto) implica una reiteración a la transgresión de los derechos fundamentales de las personas titulares”, enfatizó la Jufed. 

La Asociación precisó que en el oficio SEPLE./27/GEN./003/1333/2025, el CJF determinó en qué casos procede dicho pago y la formación de bases de datos de los juzgadores que cumplen con esos requisitos, sin embargo, consideró que el Consejo debe pagar inmediatamente a los juzgadores que no participarán ni en el proceso electoral de este año ni en el de 2027, sin argumentar que dichos pagos dependen de la disponibilidad de recursos. 

“Se trata de una obligación constitucional que debió contemplarse como parte de la implementación de la reforma, por lo que la falta de suficiencia presupuestal no puede ser un impedimento”, precisó.