CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¿Por qué no leen?”, pregunta el defensor Michael Chamberlain asesor del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de Saltillo, Coahuila, e integrante de Consultora Solidaria, ante las propuestas legislativas expuestas por Ernestina Godoy, la consejera jurídica de la Presidencia.

Acompañante de colectivos de familiares de personas desaparecidas en el país, en entrevista con Proceso, Chamberlain se dice “sorprendido” ante propuestas presidenciales que ya están contenidas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y de Sistema Nacional de Búsqueda.

El defensor resalta lo que han dicho los colectivos de desaparecidos desde hace tiempo, “no es un tema de leyes, es un tema de echar a andar lo que hay y de voluntad política, lo que me saca mucho de onda es que no se consulte a las familias, habiendo sido una petición de todas las plataformas de colectivos, que hablen con ellos antes, que no anden con estas ocurrencias, pero es muy impresionante que no se haga caso, el desprecio permanente”. 

Michael Chamberlain apuntó que en el caso de Teuchitlán como en el de muchos otros, lo que las familias están advirtiendo como principal problema es la actuación de las fiscalías, “que hasta ahora no tienen mecanismos de rendición de cuentas, desde que no haya corrupción y tortura, hasta que hagan las cosas de acuerdo al debido proceso y la debida diligencia, pero los funcionarios hacen lo que quieren, utilizan los discursos o recursos, los argumentos políticos para hacer su trabajo, y en Teuchitlán fue muy evidente este interés por minimizar la existencia de crematorios”. 

Alerta que el ocultamiento de la verdad con fines políticos, “no es lo que necesitan las víctimas, lo que necesitan es que se ratifique lo que sí pasó, no lo que no pasó, lo que las madres encontraron en Teuchitlán fue un verdadero desastre en términos de ocultar evidencias, en lugar de ser transparentes”. 

Destaca que lo que más llama la atención de la exposición que hizo Godoy está relacionado con la adhesión de datos biométricos a la Clave Única de Registro de Población (CURP), porque no hay claridad “cómo va a solucionar la crisis de personas desaparecidas”. 

El defensor recuerda que desde el gobierno de Ernesto Zedillo se ha intentado concentrar toda la información biométrica de la población, lo que en su momento se topó con fuertes críticas por la falta de claridad sobre el resguardo de los datos personales.

“No sé por qué se utiliza el tema de los desaparecidos para retomar ese asunto, cuando lo que habíamos empujado, enfrentando mucha reticencia, es que haya convenios y hoy funciona con el INE para compartir las huellas digitales”, dice Chamberlain. 

Para el defensor, la propuesta presidencial de recurrir al CURP como parte de la estrategia de búsqueda, no es clara de “cómo le van a hacer, implicaría una infraestructura tremenda y para cuándo lo van a tener, eso habla de que el tema de los desaparecidos no es su prioridad y que va más allá”. 

Chamberlain considera que el tema que hay detrás de la propuesta presidencial es el control de la población. 

“¿Quién va a manejar es información y para qué? ¿Cómo van a garantizar la protección de datos personales cuando ya nos quitaron el derecho a la transparencia? ¿Cuál es la utilidad?

“Habría que ver cuáles son los beneficios y cuál es la utilidad y cuáles son los problemas que pueda acarrear, sobre todo cuando, pues, este gobierno no parece ser muy transparente”, dice. 

Para el asesor del Centro de Derechos Humanos Juan Fray de Larios, una iniciativa que busque introducir los datos biométricos de las personas en la CURP, “no parece estar encaminada a resolver la crisis que vivimos, ni si quiera en la búsqueda de los desaparecidos”.

Michael Chamberlain alerta que muy probablemente “están, utilizando como pretexto el tema de los desaparecidos para empujar intereses diversos”. 

El defensor advirtió que organizaciones como Consultora Solidaria buscan “seguir presionando a nivel internacional, porque aquí ya no vemos por dónde más”. 

Michael Chamberlain está a la espera de alguna respuesta que den organismos de Naciones Unidas a su demanda de intervención inmediata en México. 

Consultora Solidaria envió solicitudes de acciones urgentes al Comité contra la Desaparición Forzada (CED); a integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada y al Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, para que intervengan en México para investigar la situación generalizada de desapariciones en México, “que ya se convierten en desapariciones forzadas”, de ahí la urgencia de que sean organismos internacionales los que lleven a cabo una investigación profunda. 

“Necesitamos alguien que con autoridad moral pueda hacer investigaciones imparciales sobre lo que realmente está pasando por las desapariciones en México, y no politizarlo, no hacerlo caso por caso, tenemos que superar eso, porque, ante la magnitud y la generalización del problema, es evidente que el Estado es responsable de desaparición forzada”, concluye.