CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), llamó abandonar la discusión sobre si el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, era un centro de entrenamiento criminal, un centro de exterminio o ambos, “porque oculta toda la violencia ejercida, sus diversas modalidades y los procesos de victimización que generaron”. 

En un comunicado dado a conocer en su cuenta de X, el centro de estudios coordinado por Dolores del Carmen Chinas Salazar reflexionó sobre el hallazgo del 5 de marzo realizado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, con la experiencia acumulada de seis años de investigaciones de la crisis de desaparición en Jalisco.  

Tras recordar que el de Teuchitlán no es el único caso de crímenes atroces cometido en la entidad, donde oficialmente se registran 15 mil 426 denuncias por desaparición de personas, los investigadores destacaron que no se habrían registrado sin la colusión del crimen organizado y la corrupción política y judicial, así como por “la incapacidad de las autoridades tanto federales como estatales para contenerla”, la decisión de no registrar a todas las víctimas, “desinformar sobre sus verdaderas causas, menospreciar las demandas de colectivos y no alertar a la sociedad de su tamaño y gravedad”.  

Para el comité universitario, del que también forman parte los investigadores Denisse Ayala Hernández, Rogelio Barba Álvarez, David Coronado, Teresa Magnolia Preciado Rodríguez y Jorge Ramírez Plascencia, las organizaciones criminales han sido alimentadas por la impunidad de ahí que han ido evolucionando al grado de que “la desaparición de personas que deriva a menudo en reclutamiento forzado, sostiene el propio crecimiento y expansión de estas organizaciones”.  

Tras reconocer la labor del colectivo Guerreros Buscadores por mostrar “a los ojos el mundo todo el horror que pueden llegar a concentrar” lugares como Teuchitlán, que es uno de muchos similares, el Comité académico destacó que ante las evidencias claras de que en el rancho se cometieron graves violaciones a derechos humanos, incluso crímenes de lesa humanidad, es inadecuado discutir si se trata de un centro de adiestramiento criminal o de un centro de exterminio o de ambos, “porque oculta toda la violencia ejercida, sus diversas modalidades y los procesos de victimización que generaron”.  

Para los investigadores “Teuchitlán fue, al mismo tiempo, un centro de privación de la libertad, de trata de personas, de tortura, de esclavitud, de asesinato brutal, de agresiones y humillaciones, de inhumación clandestina, de destrucción sistemática de restos humanos, de daño a la salud mental y de probables violaciones y abusos sexuales”  

De ahí que los investigadores exhortaron “a las autoridades que dejen de jugar con las etiquetas y se comprometan a reconocer e investigar todos los delitos cometidos en ese lugar”, así como que “se evite medir el significado de Teuchitlán por su número de víctimas fatales”, y que se enfoque en esclarecer “todos los homicidios que se perpetraron, la identidad de las víctimas y quienes dieron la orden de ejecutarlas”. 

Alertaron que las autoridades están obligadas a investigar más allá del predio donde se hicieron los hallazgos, porque en 2019 “la Guaria Nacional descubrió restos calcinados en un punto abierto de la zona y se sabe que toda la región es sede de una intensa actividad criminal”, y de “indicios de cremación de cuerpos e inhumación clandestina”.  

Tras señalar que las múltiples falencias en el proceso de recolección y procesamiento de pruebas, así como de resguardo judicial, no son nuevas ni exclusivas de Jalisco, el Comité lamentó que el caso forme parte de “las luchas políticas y del golpeteo entre niveles de gobierno y dependencias públicas”, por lo que llamó al cese de esta circunstancia por respeto a las víctimas. 

Para los investigadores, ante la magnitud de la tragedia lo que se espera de las autoridades es una investigación “profesional, imparcial y expedita, libre de revanchismos, prepotencia y afán de lucro político”, en la que se garantice el derecho de las víctimas indirectas en el proceso.  

Al reconocer que “todo México, no sólo Jalisco, tiene una enorme deuda con todos los colectivos de búsqueda, en este caso particular con Guerreros Buscadores de Jalisco”, los investigadores universitarios llamaron a evitar “cualquier tentativa de marginación o, incluso de represalia”, por lo que exigieron medidas de protección para cada uno de los integrantes del colectivo.  

“Lo sucedido en Teuchitlán muestra hasta qué grado puede llegar la maldad de unos cuantos criminales cuando el Estado deja de cumplir sus funciones y la sociedad deja de exigir y movilizarse”, consideraron los investigadores.  

Reflexionaron que, aun cuando Teuchitlán “se convirtió en “un símbolo de horror, derrota institucional y colapso moral”, para los investigadores no todo está perdido.  

“Por los miles de personas asesinados y desaparecidos en Jalisco y en todo México, por la imperiosa necesidad de frenar ya una violencia que está destruyendo nuestra convivencia y por las obligaciones que tenemos hacia las nuevas generaciones, se tiene la obligación de hacer de Teuchitlán un parteaguas de nuestra historia violenta”, concluyeron los integrantes del Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara.