CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El montaje mediático-judicial que la empresaria Isabel Miranda de Wallace fabricó en torno a la desaparición de su hijo Hugo Alberto Wallace, en julio de 2005, ya se venía cayendo en los últimos años, y estaba a punto de derrumbarse de manera definitiva: primero, porque Claudia Muñoz, una exnovia del hombre está por declarar ante la justicia que Hugo Alberto se comunicó con ella en 2006, es decir, un año después de su supuesto asesinato.

Y segundo, porque esta semana el periodista Ricardo Raphael publica el libro Fabricación (Editorial Planeta), producto de una investigación de seis años, que derrumba meticulosamente la versión del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace. Aporta elementos sólidos que refuerzan la hipótesis según la cual el hombre simuló su muerte para escapar a las represalias de un poderoso grupo criminal de aquel entonces, con cuyo líder –identificado en el libro-- el hijo de Isabel Miranda tenía una relación cercana.

“La procuraduría debió investigarlo. Debió investigar sus antecedentes penales, y otros elementos complicados, porque parece que el dinero le sobraba y que se llevaba con personajes muy turbios. Al parecer tenía una deuda muy grande con alguno de estos grupos, y esto explicaría por qué hubo necesidad de esconderlo”, dice el periodista, en entrevista con Proceso.

Isabel Miranda de Wallace no podrá responder a estas nuevas pruebas. No podrá tratar de evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconozca la tortura que sufrió Brenda Quevedo Cruz, una de las mujeres que la empresaria mantuvo en la cárcel, sin sentencia judicial, durante más de 15 años. Y tampoco podrá responder por las 60 vidas que quedaron destrozadas por sus mentiras, entre ellas las de las seis personas que siguen en la cárcel, de sus familiares que perdieron salud y reputación, o que salieron del país.

El sábado pasado, el reportero Antonio Nieto, especializado en la nota roja, dio a conocer que Isabel Miranda de Wallace había fallecido a los 73 años tras una operación quirúrgica. “No puedo corroborar su muerte, pero tampoco puedo corroborar que está viva”, sostiene Ricardo Raphael.

Pudo reportear que se llevó a cabo una misa de una hora y media en una funeraria del sur de la Ciudad de México. El féretro permaneció cerrado todo el tiempo, y los familiares estuvieron “realmente conmovidos y dolidos”. Después de la misa de una hora y media, el ataúd fue llevado al crematorio. Según Raphael, se enviaron varias coronas, incluyendo una de Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, muestra que la fundadora de Alto al Secuestro seguía gozando de relaciones en las altas esferas.

Existen elementos para dudar de la muerte de Isabel Miranda, más allá del momento clave en sus temas judiciales. En el montaje sobre el supuesto secuestro y asesinato de su hijo, la mujer logró que las autoridades hicieran un peritaje oficial que describió de manera muy técnica cómo había fallecido Hugo Alberto. Y esto, sin tener nunca acceso al cuerpo, pues este nunca apreció.

Crueldad

“Si la muerte de un hijo puede volver loca a una madre, ¿cómo llamar a la locura que lleva a una madre a inventar la muerte un hijo?”, se pregunta Raphael en una de las 514 cuartillas de su libro, basado en análisis de 130 mil páginas de expedientes y un centenar de entrevistas.

En su larga plática con Proceso, confiesa que durante todos estos años trató de responder a una pregunta medular en torno al caso Wallace: ¿Por qué, durante cerca de dos décadas, Isabel Miranda desplegó tantos recursos financieros, políticos y judiciales para sostener de manera férrea una mentira que se iba desmoronando?

La conclusión a la que llegó apunta a que la madre y su familia tuvieron que montar un caso grande para esconder a un crimen todavía más grave –la hipótesis de las deudas hacia el grupo criminal--, y sugiere que Wallace terminó envuelta en una espiral de fama pública que ya no le permitió echar marcha atrás y la obligó a correr hacia adelante.

Con hechos periodísticos, Ricardo Raphael hace de Isabel Miranda de Wallace un retrato a años luz de la imagen de luchadora social incansable que se creó durante el sexenio de Felipe Calderón, que culminó con la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, por parte del propio mandatario, y con la postulación del PAN para la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal.

La Isabel Miranda descrita en Fabricación utilizó una batería de prácticas crueles para llegar a sus fines: asistió a sesiones de tortura, amenazó a testigos, chantajeó a jueces y fiscales, mandó “levantar” a inocentes, creó documentos apócrifos, lanzó campañas de difamación y contrató a oscuros empresarios del inframundo de la seguridad.

“Jamás habría sido tan excesiva en su crueldad sin la complicidad del periodismo sesgado, de los agentes del ministerio público y los policías corruptos, de los jueces que no supieron enfrentar la presión política, de los custodios que permitieron la tortura dentro de la prisión, de la indiferencia generalizada de la sociedad y, más que todo, del poder que le entregaron los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”, asevera Raphael en su libro.

Según el periodista, la empresaria entendió cómo ganar legitimidad, desde la sociedad civil, y venderla caro a actores políticos, periodistas y otros agentes del poder en búsqueda de reconocimiento. “En el ámbito de la seguridad, mucha gente que llegó estupendos puestos por recomendación suya. Ella construyó el sistema antisecuestro y nombró prácticamente a todos los funcionarios de estos órganos que se hicieron en los estados. Ella prestaba legitimidad desde la sociedad civil y a cambio recibía acceso directo a los penales, conseguía permisos para instalar sus espectaculares, podía sembrar pruebas, podía entrar a torturar a las víctimas”, observa.

Las mentiras

“Encuentro en el caso Wallace una partitura que me permite escuchar el conjunto de defectos, de vicios y de complicaciones que están lejos de resolverse en el sistema de justicia de nuestro país, y cómo el poder económico, el de una empresaria con muchos recursos, y el poder político se coaligaron en un largo hilo de hechos muy crueles, prestándose servicios mutuos, todos ilegales, todos corruptos y todos devastadores para las víctimas”, dice.

Desde hace una década y media, un puñado de personas documentó, parte por parte, las inverosimilitudes y las mentiras del caso Wallace, y varias sufrieron campañas de acoso por revelarlos: Enriqueta Cruz, la madre de Brenda Quevedo Cruz, junto con la abogada Ámbar Treviño –quien terminó en la cárcel unos meses en represalias--, revisaron con lupa el expediente, mientras que periodistas como Jorge Carrasco –el director de Proceso--, Anabel Hernández, Guadalupe Lizárraga o Miguel Ipiña dieron eco a las denuncias.

La versión de Isabel Miranda de Wallace, reflejada en el expediente judicial, tiene una línea común: Hugo Alberto habría sido secuestrado por Brenda Quevedo, César Freyre, Juana Hilda González, Jacobo Tagle y los hermanos Albert y Roberto Castillo en un departamento de la calle Perugino, en la colonia Extremadura Insurgentes. Ahí lo habrían asesinado, desmembrado con una motosierra, y esparcido sus restos en los ríos de Cuemanco, en Xochimilco.

Sin embargo, el expediente se basa en dos hipótesis que, además de ser falsas, se contradicen entre sí. La primera versión está basada en la supuesta declaración de un niño, pero quedó desmentida, pues el niño no estaba presente en el edificio en la noche, su madre fue amenazada, y hubo vecinos presentes en todo el edificio sin que escucharan balazos ni motosierra.

La segunda está basada en una gota de sangre que apareció de milagro en el departamento –fue descubierta seis meses después de una primera visita, donde la policía no halló nada--, cuyo ADN coincidía con el de Isabel Miranda y su esposo José Enrique del Socorro Wallace, lo que sirvió para afirmar que provenía de las venas de Hugo Alberto. Pero esta versión se derrumbó también, tras revelarse que el padre biológico de Hugo Alberto era el primo hermano de su madre, por lo que su sangre no podía coincidir con la del señor Wallace.

Con el paso del tiempo se sumaron más evidencias que exhibieron las mentiras del caso: además de Claudia Muñoz, varias amigas y exnovias de Hugo Alberto sostuvieron que el hombre habló con ellas después de su supuesta muerte –siempre borracho--, existen pagos y llamadas de las tarjetas y teléfono del empresario, y se probó, mediante el protocolo de Estambul, que varias víctimas dieron sus confesiones bajo tortura.

Ahora que Isabel Miranda falleció, Ricardo Raphael opina que su familia no continuará su lucha por imponer su versión. “Los veo con una enorme necesidad de cerrar ya el expediente y pasar a otra cosa. José Enrique del Socorro Wallace el primero, pues él sabe lo que pasó pero nunca estuvo de acuerdo con los métodos de su esposa”.

El periodista espera sobre todo que la desaparición de Isabel Miranda permita que se destraben los casos de las 6 víctimas que permanecen privadas de su libertad. Y señala que hay cierta urgencia: tanto los ministros de la SCJN que analizan el amparo de los que no tienen sentencia como la jueza que sigue los casos de los 4 sentenciados serán sustituidos en las elecciones judiciales del próximo 1º de junio. De no resolverse sus casos antes, Raphael teme que se aplacen de meses o años sus potenciales liberaciones.

Wallace-Cassez

Resulta imposible leer el libro de Raphael sin pensar en Teatro del Engaño, el libro en el que la periodista belga Emmanuelle Steels echó abajo todas las mentiras acerca de otro montaje mediático-judicial emblemático del calderonismo: el de Florence Cassez e Israel Vallarta.

En ambos casos, las autoridades fabricaron grupos de secuestradores que nunca existieron, les adjudicaron crímenes y los encarcelaron durante años. Israel Vallarta sigue en la cárcel, sin sentencia, desde hace 19 años. “La autoridad se inventa un guion como de telenovela y luego hace fuerza para que las pruebas robustezcan este guion; no es que las pruebas lleven a descubrir la verdad jurídica, es un modus operandi de la fiscalía”, sostiene Raphael.

Por si fuera poco, los personajes que protagonizaron el caso Cassez son los mismos que los del caso Wallace: el entonces presidente Felipe Calderón, su entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el oscuro empresario Eduardo Margolis –al que la propia Isabel Miranda contrató para montar el caso de su hijo--, así como fiscales y policías.

Y Raphael va más allá: recalca que los mismos funcionarios que se montaron los casos Cassez y Wallace son los mismos que aparecieron en 2014 en el basurero de Cocula, durante la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En la desacreditada “verdad histórica” de Aytozinapa, el gobierno federal sostuvo que los cuerpos de los estudiantes habían sido quemados en Cocula.

“Rodrigo Archundía, cuya firma está en todo el expediente Wallace, es el mismo que supuestamente llegó primero al vertedero de Cocula, según las imágenes de los drones de la Secretaría de Marina. Es decir, hay personajes que han logrado trascender las administraciones, haciendo la misma tarea sucia. Si revisas a los fiscales que estaban, muchos siguen ahí”, insiste.

Tras recalcar que Isabel Miranda se lanzó contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para defender al Ejército durante las investigaciones del caso Ayotzinapa, el periodista recuerda que la mujer continuó su relación con Enrique Peña Nieto, y tenía todavía influencias en la Fiscalía General de la República (FGR) de Alejandro Gertz Manero.